Panorama legislativo: marcha universitaria y gente sin techo
Las fotos del jefe de Gobierno para mostrar un desalojo de personas en situación de calle generaron rechazo en un sector de la oposición. Promueven homenajes a escuelas porteñas y un reconocimiento post mortem al fiscal Alberto Nisman.
En una nueva semana sin sesiones ordinarias, los legisladores porteños volvieron a debatir sobre la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los operativos policiales que hubo en la marcha federal universitaria. La forma en que el jefe de Gobierno Jorge Macri presentó los desalojos de gente sin techo –como operativos de “limpieza”- también motivaron la presentación de varios proyectos.
Con respecto al primer punto, la marcha de Congreso a Plaza de Mayo reunió en el Bajo porteño a cerca de medio millón de personas, según estimaciones de la organización. El operativo de seguridad corrió por cuenta de la Policía de la Ciudad, aunque también hubo cientos de efectivos federales.
Desde la llegada de Javier Milei a Casa Rosada y Jorge Macri a Parque Patricios, los uniformados federales están presentes en las marchas y movilizaciones dentro del territorio porteño. Para los legisladores de la oposición capitalina se trata de una intromisión en la autonomía local, pero el GCBA asegura que se hace mediante un acuerdo entre ambas administraciones.
En los días previos a la marcha, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich había amenazado con aplicar el protocolo antpiquetes, que en marchas anteriores culminó con decenas de heridos, detenidos y destrozos.
Entre los organizadores de la marcha, estudiantes y agrupaciones sindicales y políticas fue leído como una provocación del Gobierno nacional y una forma de desalentar la concurrencia.
No obstante, el día anterior a la marcha el GCBA había informado que las autoridades universitarias habían solicitado el permiso correspondiente para marchar, algo que garantizaba la presencia de la gente en las calles y bajaba la tensión ante la idea de posibles hechos de violencia.
En ese contexto, 30 de los 60 legisladores porteños le habían presentado una nota al jefe de Gobierno Jorge Macri para que no haya efectivos federales en la marcha.
Así, representantes de Unión por la Patria, UCR-Evolución, Confianza Pública y Partido Socialista exigieron: “Remitimos esta nota con el objeto de solicitarle al jefe de Gobierno abstenerse de convalidar o legitimar la intervención de fuerzas federales en nuestro territorio y que haga respetar nuestra autonomía y el rol de la Policía de la Ciudad de conformidad con los principios de actuación establecidos en la Ley N° 5.688″.
El día de la marcha, la cantidad de gente desbordó las calles y avenida del Bajo. Hubo personas movilizadas por la avenida de Mayo, la arteria oficial de la movilización, y calles linderas. La Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Agentes de Tránsito de CABA encausaron la circulación vehicular sin mayores problemas. Los efectivos federales se apostaron en los alrededores del Congreso y Casa Rosada, pero no intervinieron ni intentaron detener el flujo de personas.
Dentro de la Legislatura, el bloque Unión por la Patria también había presentado un proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires solicita al Jefe de Gobierno abstenerse de convalidar y/o legitimar la intervención de Fuerzas de Seguridad Federales en nuestro territorio el día 23 de abril, en el marco de la movilización convocada por universidades nacionales donde se esperan miles de estudiantes, docentes e integrantes de la sociedad civil. Asimismo, solicita al Jefe de Gobierno hacer respetar la autonomía de nuestra Ciudad y el rol de la Policía de la Ciudad, conforme los principios de actuación establecidos en la Ley N° 5.688”.
Contra la “limpieza” a gente sin techo
El jefe de Gobierno Jorge Macri compartió en sus redes sociales fotos y videos de distintos operativos de “limpieza y orden” que mostraban desalojos a gente en situación de calle. Las imágenes mostraban el antes y el después. Intervino la Policía de la Ciudad, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y el programa Buenos Aires Presente del Ministerio de Desarrollo Humano.
La publicación generó opiniones negativas ante la “desaparición” de estas personas sin techo. Por ejemplo, la exministra de Desarrollo Humano María Migliore aseguró: “Las personas no son basura, no son descartables. No son algo que tenemos que “limpiar”. Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor”.
De modo similar, Amnistía Internacional-Argentina opinó: “¿Quiénes son? ¿A dónde fueron? ¿En qué estado se encuentran? Ningún posteo del jefe de Gobierno refiere a las personas en situación de calle que fueron retiradas. ¿Cuál es la etiqueta que les asigna la Ciudad para considerarlas objetos a “limpiar” y así lograr orden y seguridad? El GCBA es el que tiene la responsabilidad de abordar las violaciones de derechos de estas personas en lugar de contribuir a su estigmatización”.
Al poco tiempo, en medio de reacciones negativas en redes sociales, las cuentas oficiales de Jorge Macri sumaron información sobre la existencia de los paradores oficiales para alojar a personas sin techo. Algunos usuarios suspicaces aseguraron que las fotos elegidas de los establecimientos eran de archivo, de la época del aislamiento social por Covid-19.
En la Legislatura se presentaron varios proyectos de Declaración en repudio a estos dichos, que se suman a pedidos de informes anteriores, basados en declaraciones recientes del jefe de la Policía de la Ciudad Diego Kravetz, quien había dicho que la mitad de los sin techo tienen antecedentes penales.
Por caso, la legisladora Alejandrina Barry (Frente de Izquierda) impulsó esta declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la realización del llamado “Operativo Especial de Orden y Limpieza” en la Ciudad de Buenos Aires, llevado adelante para eliminar a las personas que viven en la calle, y rechaza las publicaciones del Jefe de Gobierno porteño en sus redes sociales donde, utilizando fotos de un “Antes y Después”, propagandiza el supuesto éxito de su operativo borrando a la gente en situación de calle como si fueran basura. Asimismo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, repudia esos desalojos y la propaganda discriminatoria e inhumana, basada en el concepto de limpieza social que implican esas acciones llevadas adelante por el Gobierno porteño”.
En la defensa, incluyó estimaciones recientes: “Según datos de febrero del 2024 del ReNaCalle, hay más de 8 mil personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, un número bastante más elevado que los datos oficiales. Los últimos datos que había arrojado el Gobierno de la Ciudad en abril del 2023, indicaban que el total era de 3.511, lo cual expresa que en menos de un año la cantidad de personas, mujeres, niños y jubilados sin acceso a vivienda creció más del doble. Y según la organización “Proyecto 7”, en base a sus propios relevamientos, en la Ciudad de Buenos Aires habría 12 mil personas en situación de calle”.
De este modo, la legisladora de izquierda analizó: “La pobreza en nuestro país y en nuestra Ciudad es fruto de políticas como las que llevan adelante el gobierno de Javier Milei y el de Jorge Macri, que ajustan al pueblo argentino para engrosar las ganancias de aquellos que aumentan sus recursos con la especulación inmobiliaria y el aumento de los alquileres, además de los tarifazos, las devaluaciones y el deterioro del salario que sufre la mayoría de la población. Sin embargo, la respuesta del Gobierno porteño es tratarlas como elementos que hay que limpiar o en todo caso que ordenar para que no molesten al resto de los vecinos. Repudiamos tanto los desalojos como esta propaganda discriminatoria e inhumana basada en el concepto de limpieza social y pedimos explicaciones de qué sucedió con esas personas: qué atención recibieron y vivienda donde fueron alojadas posteriormente”.
De modo similar, el legislador Matías Barroetaveña (Unión por la Patria) presentó este proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su repudio a las imágenes compartidas por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en sus redes sociales personales (Facebook e Instagram) que refieren al “Operativo especial de orden y limpieza” en Recoleta, Palermo y San Nicolás y resultan estigmatizantes para con las personas en situación de calle ubicadas en esos barrios”.
La defensa sostiene: “Consideramos que dicha comunicación gráfica y audiovisual pretende asociar el cumplimiento del “orden” y de la “limpieza” a una tarea de desplazamiento de las personas en situación de calle, lo cual, lejos de solucionar el problema, agrava la situación y no ofrece respuestas reales a la problemática que atraviesan dichas personas todos los días. Aún más, en las imágenes y videos compartidos tampoco se hace mención a dónde fueron trasladadas las personas, qué sucedió con sus pertenencias y cuál es el abordaje que prevé el GCBA para brindarles una alternativa”.
El texto firmado por el legislador de UP también cita relevamientos de gente sin techo: “El último “Relevamiento de personas en situación de calle” (REPSIC) fue publicado en abril del 2023 y sus resultados informaron un total de 3.511 personas en situación de calle en la ciudad. Sin embargo, el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCALLE), llevado a cabo durante los meses de mayo a diciembre de 2023 en 11 ciudades del territorio argentino, registró un total de 9.440 personas en situación de calle. El 85% del total registrado, equivalente a 8.028 personas, correspondía a personas localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”.
“En este sentido, resulta imprescindible que el gobierno implemente políticas públicas integrales para las personas en situación de calle, logrando abordar realmente la problemática en cuestión. El desplazamiento de dichas personas, junto a la estigmatización y criminalización de su vida diaria, no resuelve el conflicto de raíz. En un contexto como el actual, en el que la pobreza y la indigencia han aumentado considerablemente, debemos tener en cuenta estos factores para dar respuestas al problema. Como punto de partida, es necesario comprender que las personas en situación de calle no se encuentran allí porque “quieren” sino porque se han visto afectadas por diversas situaciones (como la pérdida de un empleo, la dificultad para acceder a una vivienda digna, la falta de acceso a la formación escolar, entre otras) que las llevaron a vivir en la calle como única alternativa para subsistir, encarnando una situación de vulnerabilidad social extrema”, planteó la defensa del proyecto de Declaración.
Esta semana además ingresó un pedido de informes firmado por Delfina Velázquez (UP) ante las declaraciones del Secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, quien afirmó que “La mitad de las personas que están en situación de calle tienen antecedentes penales y son peligrosas”, que “hay una relación entre el delito, la pobreza y la marginalidad”, y que “los que tienen domicilio en la Ciudad son los menos porque la gente viene de la Provincia”.
“Informe el total de personas en situación de calle que registran las agencias del Gobierno de la Ciudad. Informe cuáles son los datos estadísticos y sus respectivas fuentes de información que permite afirmar que “la mitad de las personas que están en situación de calle tienen antecedentes penales y son peligrosas”. Precise cuál es el universo total de población en situación de calle que se registra antecedentes, de qué tipo de delitos y/o contravenciones se trata. Detalle si existen agencias estatales dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires que tengan la función de intervenir y abordar problemáticas que afecten a las personas en situación de calle en el distrito. En caso de ser afirmativo, informe el protocolo vigente de aplicación”, son algunos de los puntos solicitados por la representante porteña.
“El Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene la responsabilidad de ejecutar políticas públicas tendientes a garantizar derechos de todos y todas las personas que en ella habitan, entre ellas por supuesto, las personas que se encuentran en situación de calle. Afirmaciones de este tipo hacia el conjunto de la sociedad, sin un abordaje integral para la solución de fondo de las personas en situación de calle en conflicto con la ley, sin información transparente y certera, requieren profundizar sobre la información con la que debe contar esta Legislatura”, sostiene la defensa del texto de Velázquez.
La Legislatura porteña, con stad propio en la Feria del Libro
La Legislatura de la Ciudad inauguró su stand en la edición 48° de la Feria Internacional del Libro, que está ubicado en el Pabellón Ocre (stand 3121) del predio ferial La Rural del barrio de Palermo, informaron fuentes parlamentarias.
Hasta el 13 de mayo, en el stand se realizarán interesantes talleres y conferencias como ‘Consejos prácticos para la conservación de libros’ (Biblioteca Esteban Echeverría), ‘¿Hay fósiles en el palacio de la Legislatura? Análisis de los materiales pétreos’ (Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales), ‘Conociendo tu Legislatura’ (Dirección General de Atención Ciudadana)’, entre otras tantas propuestas.
Fuentes parlamentarias agregan que “la gráfica del stand detalla la historia de la autonomía de la Ciudad, desde la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la creación de la Legislatura de la Ciudad dos años después, hasta la Ley de Comunas en 2005 y la Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares, dictada en 2022”. También se explica todo lo referido al trayecto legislativo de una ley, que abarca su presentación hasta su comunicación al Poder Ejecutivo.
Del evento inaugural participaron las autoridades legislativas y trabajadores de la casa. Hubo un reconocimiento especial a cuatro empleados que cumplieron 30 años de servicio, “en coincidencia con los años de autonomía de la Ciudad que se celebra este año”, resaltaron en la organización.
El evento fue encabezado por el Vicepresidente Primero del Palacio Legislativo, Matías López; junto a los diputados Claudio Romero, Silvia Imas, Andrés La Blunda, Claudia Neira, Edgardo Alifraco, Jorge Reta, Aldana Crucitta, Gustavo Mola, María Inés Parry, Manuela Thourte y Pablo Alejandro Donati.
Interna libertaria: impugnación a Marra
La legisladora porteña María del Pilar Ramírez, quien desde marzo había sido presidenta del bloque La Libertad Avanza, presentó una impugnación a la nota enviada por varios legisladores libertarios para colocar a Ramiro Marra al frente del bloque parlamentario.
Desde que asumió su banca a fines de 2021, Marra era el presidente de LLA en la Legislatura porteña. Así fue hasta principios de marzo de este año, en que se designó a Ramírez, con la promoción y el visto bueno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En una nota firmada el 15 de abril y dirigida a las autoridades de la Legislatura, Ramírez asegura que el texto que ungía a Marra como presidente del bloque LLA fue presentada por el propio Marra junto a Eugenio Casielles, Jorge Reta y Sandra Rey, a quienes acusa de atribuirse la facultad de designar presidente de bloque “de forma improcedente”.
Según este texto, en realidad LLA desde marzo está integrado por Ramírez, Sandra Rey, Rebeca Fleitas, Lucía Montenegro, Leonardo Saifert y Edgardo Alifraco. En los hechos, es una banca de nueve legisladores, cuatro electos en 2021 y otros cinco en 2023.
Según Ramírez, Marra, Casielles y Reta “no suscribieron la nota de constitución del bloque LLA y consecuentemente no manifestaron su voluntad de formar parte del bloque”.
Por eso, Ramírez asegura que los tres legisladores mencionados “no se encuentran legitimados para realizar ninguna presentación con relación al bloque LLA dado que no forman parte del mismo al no haber suscripto la nota de fecha 6 de marzo”.
Una Ley para proteger a los clubes de barrio
El bloque Unión por la Patria, con la firma de Juan Pablo Modarelli, presentó un proyecto para fortalecer a los Clubes de Barrio.
Entre varias disposiciones, propone que los Clubes de Barrio que se encuentren registrados en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean “considerados por la presente Ley como Sitios de Interés Social, Cultural y Deportivo de la CABA y se les dispondrá de una placa conmemorativa en cada institución”.
También llaman a crear “el programa de promoción de acceso a la salud con el objetivo de impulsar, facilitar, viabilizar y potenciar el acceso a controles de salud y otras acciones de promoción de la salud integral”.
Suman la creación del “Fondo de Clubes de Barrio con el fin de financiar de forma exclusiva la asistencia de Clubes de Barrio para la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, para el fomento de las actividades, capacitaciones y para la compra de materiales”.
Agregan que la secretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “creará la Unidad de Asistencia a Clubes de Barrio las cuales estarán descentralizadas por las comunas”.
Otro de los artículos llama a crear “el Programa de Promoción y Acceso al Deporte el cual deberá impulsar, facilitar, viabilizar y potenciar el acceso a las prácticas deportivas”.
En la defensa del proyecto, se explica que “si bien se han diseñado programas de emergencia y subsidios para refacciones y mejoras de infraestructura y equipamiento deportivo, resultan insuficientes porque no llegan a la totalidad de los clubes y es por ello necesario mejorar los dispositivos y un fondo específico para el acceso real de todos los clubes de barrio de la Ciudad”.
“De igual modo es necesaria una política pública que permita afrontar los aumentos desmedidos en los servicios públicos para las instituciones y de transporte para los deportistas y en definitiva todas las facilidades para facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte. La práctica de actividades físicas en clubes de barrio representa una inmejorable oportunidad para que, en ese vínculo, las infancias y los adolescentes tengan relevamiento y seguimiento de las cuestiones sanitarias más importantes, constituyendo la práctica de deportes y otras actividades de esparcimiento y recreación un espacio propicio para que se realicen controles de salud, se reciban consultas sobre diferentes situaciones de salud integral ya sea física o mental, y se oriente en el seguimiento de cada situación”, agrega el texto de UP.
Homenaje post mortem al fiscal Alberto Nisman
La legisladora porteña Silvia Imas (Vamos por más) presentó un proyecto para que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exprese “su reconocimiento post mortem al trabajo y el compromiso inclaudicable del fiscal doctor Natalio Alberto Nisman en la causa judicial para el esclarecimiento del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina —AMIA—, asesinado el 18 de enero de 2015”.
Por tal motivo, piden entregar un diploma y una bandeja protocolar “a la familia directa del fiscal”.
En la defensa, el texto firmado por la legisladora del oficialismo introduce: “El fiscal federal Alberto Nisman nació el 5 de diciembre de 1963 en Buenos Aires y alcanzó notoriedad por tener a su cargo la causa del atentado contra el edificio sede de la AMIA —Asociación Mutual Israelita Argentina—. En 1997, los fiscales E. Mullen y J. Barbaccia invitaron a Nisman incorporarse al equipo que investigaba la causa AMIA. En 2004, fue designado al frente de esta causa, a través de la creación de una unidad especial para su investigación. El martes 13 de enero de 2015, el fiscal Nisman denunció que se habían producido una serie de actos con el fin de levantar las alertas rojas de Interpol para detener a varios ciudadanos iraníes imputados en la causa AMIA como autores del atentado. En su denuncia, Nisman sostuvo que los autores de esos actos serían integrantes del gobierno y militantes afines. Además, según Nisman, el denominado “memorándum de entendimiento” suscripto entre Argentina e Irán, facilitaba una maniobra cuasi delictiva con el fin de exculpar a los iraníes”.
“El 18 de enero de 2015, Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su edificio Torre Boulevard del complejo Torres Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, lo que constituyó un acontecimiento trágico que marcó la historia argentina. Su muerte violenta se produjo un día antes de que concurriera al Congreso Nacional con el objeto de defender su denuncia, que consideraba que el acuerdo firmado por el gobierno argentino con Irán apuntó a lograr la “impunidad” de los iraníes imputados por la justicia argentina. Aún se desconocen los detalles de su asesinato y quiénes fueron sus responsables. La sociedad continúa exigiendo el esclarecimiento de los hechos y reclama justicia”, agrega.
El texto también señala hechos recientes de la Justicia argentina: “A tres meses del trigésimo aniversario del atentado contra la sede de la AMIA, la Cámara Federal de Casación confirmó que el ataque fue perpetrado por la organización armada islamista Hezbolá, y declaró al atentado como crimen de lesa humanidad. Asimismo, el pasado 23 de abril, el gobierno argentino reclamó la detención del ministro del interior de Irán, Ahmad Vahidi. En ese marco, y a pedido de las autoridades argentinas, la oficina central de Interpol emitió una “circular roja” para la detención del ministro iraní. Estos avances en la investigación han sido posibles a su vez gracias al trabajo y el compromiso inclaudicable del fiscal Nisman, que estimo dignos de reconocimiento post mortem por parte de esta Legislatura”.
Una Ley contra la injerencia del Estado en la “vivienda ociosa”
La legisladora libertaria Sandra Rey presentó un proyecto de Ley para prohibir “al Poder Ejecutivo fijar restricciones en relación con la disposición, administración, uso, goce o habitación de la propiedad privada inmueble mediante la imposición de regulaciones, registros o la fijación de tasas, cargos o cualquier gravamen que exceda los ya vigentes en el ordenamiento jurídico nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con motivo de considerar a dicha propiedad inmueble como “vivienda ociosa” o similar”.
“Cualquiera de estas acciones prohibidas podrá ser objeto de denuncia penal por el delito de violación de domicilio y cualquier otro que correspondiere”, resalta el articulado.
En la defensa de este proyecto, se afirma: “La libre administración y disposición de propiedades inmuebles en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido objeto progresivamente de diversas limitaciones impuestas por normas, acciones y discursos provenientes de diferentes sectores políticos y sociales, que relativizan o proponen suprimir en los hechos el derecho a la propiedad privada reconocido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Código Civil y Comercial de la Nación en sus disposiciones relativas a los derechos reales. En ciertos casos también se impulsa la extensión del instituto de la expropiación por razones de utilidad pública, establecida por el mismo artículo del texto fundamental nacional y los artículos 12 y 80 del texto constitucional porteño”.
“En primer lugar, cabe aclarar que la noción de “vivienda ociosa” no es un concepto jurídico recogido en alguna norma de derecho vigente sino apenas una calificación política en boca de algunos sectores, mediante la que se pretende abrirle la puerta de forma ilegítima a una flagrante violación del derecho constitucional y civil a la propiedad privada, reconocido en las normas ya citadas. En segundo lugar, el derecho a usar, gozar, habitar, administrar y disponer de la propiedad privada en el régimen de propiedad horizontal, solo puede reconocer como límites razonables los relativos a la convivencia, regulada por el reglamento de copropiedad. Sin embargo, ni el reglamento de propiedad —norma que es inferior a la ley y a la constitución—, ni las eventuales acciones delatoras del uso de una propiedad inmueble de carácter privado pueden violentar los derechos señalados”, resalta el texto firmado por la legisladora libertaria.
“Por otra parte, la dificultad reconocida hasta por los defensores de la coactiva disposición de propiedad ajena en tanto “viviendas ociosas” radica en que resulta imposible trazar el límite entre lo que es un bien ocioso y el que no lo es, puesto que su uso se encuentra en la esfera privada y, por lo tanto, solo queda sujeto al señorío del titular de dicho derecho y de quienes este autorice a ejercerlo; por lo que no es sino mediante acciones infundadas y la comisión de delitos que puede pretender determinarse el uso real dado a bienes de terceros. Solo por intermedio de un sistema de delaciones promovidas por el GCBA o por algunos de los otros actores podría llevarse a cabo tal infame objetivo, que además culminaría en la aplicación de gravámenes contra el propietario del bien con motivo de no brindarle el uso que exige el colectivo”, agrega la defensa de este proyecto de Ley.
Homenaje a 40 años del Juicio a las Juntas Militares
La legisladora porteña Victoria Montenegro (Unión por la Patria) presentó un proyecto para declarar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el año 2025 como “Año de la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 40 años del histórico Juicio a las Juntas Militares”.
“Los documentos oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán llevar la siguiente inscripción: “Año de la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 40 años del histórico Juicio a las Juntas Militares”, establece el articulado.
A la hora de defender esta propuesta, la legisladora repasa el contexto en que ocurrieron los juicios a las Juntas y expuso: “El histórico Juicio a las Juntas comenzó el 22 de abril de 1985. El juicio no sólo fue histórico porque condenó a los jerarcas de la dictadura más cruenta de todo el continente en el marco del Plan Cóndor, sino también porque ese proceso se realizó a través de la justicia ordinaria de nuestro país. En ese sentido, sentó un precedente y estableció una diferencia sustancial respecto de procesos internacionales similares, como los juicios de Núremberg”.
“Instituir fechas, conmemorar efemérides, nombrar y denominar aniversarios, permite visibilizar acontecimientos que fueron trascendentales para nuestra historia y reflexionar sobre ellos. El histórico Juicio a las Juntas Militares marcó un punto de inflexión para la historia argentina y sentó un precedente para la jurisprudencia internacional. La condena a los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura le permitió a nuestro país comenzar un proceso de reconstrucción histórica con la memoria, la verdad y la justicia como banderas que posicionaron a la Argentina como ejemplo a nivel mundial”, concluyó.
Reconocimientos a la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento y la Escuela Nelly Ramicone
La legisladora porteña María Inés Parry (UCR) presentó un proyecto de Declaración para que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exprese su beneplácito por el 100° aniversario de la fundación de la Escuela Técnica “Paula Albarracín de Sarmiento”, a celebrarse el 5 de septiembre del corriente año.
La Escuela Técnica “Paula Albarracín de Sarmiento” conocida como la 8 del DE 13 fue fundada en 1924 siendo “una institución emblemática en el Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 100 años”, destaca la defensa del proyecto.
“El solar donde se encuentra emplazada la escuela perteneció a la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, de la orden de los salesianos en 1760. Allí funcionaba una hermandad y un colegio de huérfanos. Para el año 1770 contaban con 200 internas alojadas en el casco de la estancia central del predio que se extendía entre las calles Lacarra, Alberdi, Olivera y probablemente Eva Perón”, se agrega.
“Es de suma importancia que esta Legislatura reconozca y acompañe la trayectoria de la Escuela Técnica 8 DE 13 “Paula Albarracín de Sarmiento”, dado que, en septiembre de este año, se conmemora el centenario de tan destacada institución. Es por todo lo expuesto que solicito al cuerpo que me acompañe en la sanción de este proyecto”, finaliza el texto de Parry.
Por su parte, la legisladora Manuela Thourte (UCR) impulsó un homenaje “por el 50° aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Educación Artística en Danza N° 1 “Prof. Nelly Ramicone”. También solicitó la colocación de una placa conmemorativa en la institución sita en la calle Fonrouge 711.
“Homenajear en su 50 aniversario a una institución educativa como la Escuela Superior de Educación Artística en Danza N° 1 es mucho más que recordar un acontecimiento: es reconocer el valor de un proyecto que se construyó en valores humanísticos y con el arte como objetivo e ideal, que propicia la formación integral de las personas, que se sustenta en el respeto por las diferencias y en la igualdad de oportunidades con la mejor calidad educativa. Se concreta con el esfuerzo y el compromiso de una comunidad que desde su creación acompaña el proyecto educativo. Por las razones expuestas y en reconocimiento a la labor realizada solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución”, indicó la representante porteña.
Reconocimiento al Movimiento Mayo Amarillo
La legisladora porteña Marina Kienast (Frente Liberal Republicano) presentó un proyecto para declarar de Interés en materia de Seguridad Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la campaña que lleva adelante el Movimiento Mayo Amarillo, que tendrá lugar en dicho mes. Asimismo, adhiere a las actividades que se realizarán en dicho marco.
“El Movimiento Mayo Amarillo es un movimiento internacional, apartidista, de concientización para la reducción de accidentes de tránsito. Su objetivo es llamar la atención de la población sobre el índice de muertes y heridos en el tránsito en la ciudad y en todo el mundo, y así poner en evidencia el tema de la seguridad en el tránsito. Además de movilizar a toda nuestra sociedad para difundir conocimiento y llevar a cabo acciones que garanticen esa seguridad en el día a día”, explica la defensa de este homenaje.
“Este movimiento resalta la importancia de la unión de todos los sectores y segmentos de la sociedad para discutir el tema, comprometerse en acciones y difundir el conocimiento, concientizando a todos sobre la seguridad en el tránsito en diferentes ámbitos, con el objetivo principal de salvar vidas”, agregó.
“El 11 de mayo de 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó la Década de Acción para la Seguridad Vial, y con ello, el mes de mayo se convirtió en una referencia mundial para evaluar las acciones que el mundo entero lleva a cabo en un momento único, en el primer semestre de cada año. El color amarillo se toma internacionalmente como el color de la seguridad vial para representar la atención y advertencia”, detalló la defensa del texto firmado por Kienast.
The New Brighton, sitio de interés histórico
La legisladora porteña Jessica Barreto (Partido Socialista) presentó un proyecto para declarar sitio de interés histórico al emblemático restaurante The New Brighton, sito en calle Sarmiento 645, del barrio de San Nicolás. El homenaje incluye la colocación de una placa conmemorativa.
“En el corazón de nuestra ciudad, a pocos pasos de la bulliciosa calle Florida, se encuentra un tesoro histórico que ha resistido el paso del tiempo: The New Brighton. Este bar-restaurante, que nació como sastrería en 1908, es un verdadero icono de elegancia y sofisticación en medio del ajetreo del microcentro porteño. Desde su fachada de gran vidriera hasta su imponente barra de cedro, The New Brighton respira historia”, introduce la defensa.
“Muebles de madera maciza, cristalería y una luminaria de época crean un ambiente único que transporta a sus visitantes a una época pasada. El piano negro de cola, que acompaña con música de jazz las veladas en el restaurante, completa esta experiencia inigualable. Pero más allá de su imponente decoración, The New Brighton es un lugar cargado de historias y anécdotas”, se describe sobre la atmosfera del lugar.
“Durante sus años como sastrería, el local atendió a clientes de la talla de los reyes de España y el Príncipe de Gales, quienes dejaron su huella en el lugar con obsequios como esculturas y plumas de avestruz talladas. En la década del ’70, el local se transformó en Clark’s, un restaurante que se convirtió en un ícono gastronómico de la ciudad. Con su majestuosa barra y su exquisita cocina, Clark’s atrajo a una clientela exclusiva que incluía a personalidades como Henry Kissinger y embajadores de diferentes países”, se repasa sobre su historia.
“En 2007, The New Brighton reabrió sus puertas bajo la dirección del empresario español Fermín González, quien decidió mantener viva la esencia gastronómica del lugar. Hoy en día, el restaurante sigue siendo un punto de encuentro para aquellos que buscan disfrutar de la buena comida y el excelente servicio en un ambiente único y lleno de historia. Para los amantes de la coctelería, The New Brighton es un verdadero paraíso”, indican sobre la historia contemporánea.
“Aldo Echarri, el último barman de la vieja escuela de coctelería, ofrece una selección de tragos clásicos que harán las delicias de los paladares más exigentes. Además, la carta del restaurante conserva platos clásicos como el Lomo Brighton y la Trucha Brighton, que son un verdadero homenaje a la tradición gastronómica del lugar. En resumen, The New Brighton es mucho más que un restaurante; es un lugar donde la historia cobra vida y donde el glamour de épocas pasadas se fusiona con la modernidad”, concluye la defensa del texto presentado por Barreto.
Juan Castro