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Legislatura: piden informes por el Proyecto Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg

Este jueves, el legislador porteño Javier Andrade (Frente de Todos) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires brinde datos oficiales sobre el Proyecto Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg (Sector 5 – Traza Ex AU3).

“Explique a qué se debe la desafectación de la partida presupuestaria para la Jurisdicción 70, partida 73, por un total de $159.300.000”, señala el pedido.

“Cantidad de familias y/o individuos optaron por cada una de las modalidades, y qué beneficiarios previstos en el anexo III de la norma fueron alcanzados por alguna de estas alternativas. Cantidad de soluciones habitacionales definitivas adjudicadas. Cuántas no. Detalle las razones por las cuales no fueron beneficiarias y cuántas familias se encuentran viviendo actualmente en la traza”, agrega el pedido.

“Qué acciones preventivas ejecutaron en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 en el sector de la traza citado. Indique si existieron campañas de difusión, métodos y protocolos de atención primaria de la salud para las familias que habitan allí”, suma el legislador.

A la hora de fundamentar, el pedido formulado por Andrade señala: “El presente proyecto de resolución surge del Expediente 1742-2020 del Poder Ejecutivo (EX-2020-18011793-GCABA-DGOGPP) que ingresó el 5 de agosto del corriente a esta Legislatura, informando modificaciones presupuestarias en el marco del Art. 3 de la Ley 6.301. En el mismo se puede observar la desafectación presupuestaria para el “Proyecto Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg” (Sector 5 – Traza Ex AU3).
El problema de la Traza surge como consecuencia de no haberse ejecutado la construcción de la Autopista Central 3 del Plan General de Autopistas, establecido por la última dictadura cívico-militar”.

“A ese fin, en 1977 se expropió y desalojó una franja importante de inmuebles, terrenos y edificios enteros. Las expropiaciones afectaron zonas residenciales en Colegiales, Coghlan y Villa Ortúzar hasta su finalización en Puente Alsina, lo que provocó la fractura del tejido social y urbano. Durante la década del ’80, con la recuperación del gobierno democrático y con el abandono del proyecto de construcción de la autopista, la traza comienza a ser objeto del fenómeno de ocupaciones como resultado de los coletazos de la crisis, los ajustes de la década y las consecuencias del plan de erradicación de villas llevado adelante por la dictadura”.

“En el año 2000 se sancionó la Ley 324 (B.O. N° 876 /2000), que en su ANEXO I inciso (h) indicaba que el Poder Ejecutivo de la Ciudad planificaría la ejecución del Programa AU3 en un plazo de 36 meses para la solución habitacional definitiva en el marco de dicha normativa. Mediante el Decreto N°7 B. O. N°1113 – 18/01/20001 se creó la Unidad Ejecutora del Programa AU3.
A los 10 años de la primera ley, se sanciona la Ley 3.396 (B.O. N°3356 del 05/02/2010), que en su artículo 27 crea la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3, absorbiendo a la anterior con sus facultades, patrimonio y personal y extendiendo las soluciones habitacionales definitivas para el denominado Sector 5”.

“El proyecto está destinado a la realización de complejos de viviendas multifamiliares, promovidas tanto para el mercado privado, mediante la subasta de tierras, como a través de cinco conjuntos habitacionales para familias con déficit habitacional. Las viviendas son construcciones de media densidad (hasta 15 metros de altura), que están destinadas a sectores de ingresos medios y bajos de la sociedad, quienes pueden acceder a ellas mediante préstamos hipotecarios o siendo beneficiarios del programa de Soluciones Habitacionales”.

“El plan de obras estaba dividido en cinco etapas. Las primeras tres se basan en edificios que en línea marcan una traza, donde predomina una arquitectura inclusiva e integradora que revitaliza el sector y recupera la esencia del barrio. Su construcción busca poner fin a un problema habitacional presente desde hace décadas y que afectaba directamente a 600 familias.
Actualmente existen más de 50 familias sin soluciones habitacionales definitivas, cuyos habitantes fueron censados y forman parte de 2 generaciones que esperan una respuesta del Estado de la Ciudad en función de las Leyes citadas y del Art. 31 de la Constitución de la C.A.B que establece el Derecho al acceso a la vivienda digna y a un hábitat adecuado”.

“Consideramos que el contexto actual de emergencia sanitaria por COVID-19, invita a reforzar las acciones que tiendan a un Estado presente; comprometido a dar respuestas a las problemáticas estructurales”, concluye el pedido de Andrade.

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