La Legislatura porteña sancionó una Ley para “propiciar y fomentar” la participación ciudadana
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una ley para “fomentar y propiciar” la participación ciudadana en territorio porteño.
Según fuentes parlamentarias, la norma establece “instrumentos para fortalecer al ciudadano y sus formas de expresión política, social, comunitaria, y sentar los principios para el funcionamiento de la democracia participativa”.
Se promueve de este modo la organización de foros, cursos y otras modalidades de “formación cívica y nuevas herramientas para el acceso a la información pública con lenguaje claro, comprensible y permitiendo el uso de las variables tecnológica que la gente maneja habitualmente”.
Los denominados “Mecanismos de Participación Ciudadana” serán regimentados por ley y el Poder Ejecutivo podrá establecer institutos propios de participación ciudadana. El Gobierno deberá “establecer los medios pertinentes para la promoción del ejercicio del derecho a la participación ciudadana a través de tecnologías de la información y comunicación (TIC)”, entre otras prescripciones.
Fue un proyecto elaborado por la legisladora Lucía Romano (Vamos Juntos), trabajado y despachado por las comisiones de Descentralización y Participación Ciudadana (preside Leandro Santoro – Frente de Todos) y de Asuntos Constitucionales (Hernán Reyes – Vamos Juntos).
Romano este jueves abrió el debate y explicó el alcance de esta norma orgánica que crea un marco regulatorio para el funcionamiento de todos los institutos creados y por crearse referidos a la participación ciudadana. Resaltó la importancia de “los programas de formación de ciudadanos pero, especialmente, los cursos y seminarios que deberán hacer los funcionarios y agentes de la administración pública”.
Hablaron durante el debate los legisladores Santoro, Marta Martínez (Autodeterminación y Libertad), Sergio Abrevaya (Gen), Martín Ocampo (UCR), Pablo Almeida (Izquierda Socialista), Myriam Bregman (PTS) y Facundo Del Gaiso (Vamos Juntos).
El proyecto se convirtió en ley con 39 votos positivos de Vamos Juntos, UCR, Socialista, Gen y Consenso Federal, contra 21 votos negativos del Frente de Todos, PTS, IS, AyL.
En la previa de la sesión ordinaria, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se hicieron fuertes críticas al proyecto: “Si bien el texto del Despacho expresa que tiene por objeto propiciar y fomentar (en el texto original hablaba de garantizar) el ejercicio del derecho de participación, su finalidad es otra: Limitar normativamente la gran vitalidad democrática de la ciudadanía porteña y desvirtuar el mandato constitucional que obliga a organizar las Instituciones de gobierno como una Democracia Participativa”.
“La participación ciudadana queda reducida a la voluntad del Jefe de Gobierno y el GCBA sólo queda obligado a medidas de fomento de Participación Ciudadana como programas de formación o medidas de concientización y difusión. No incorpora ni un mecanismo nuevo de participación ciudadana además de tener una concepción desvirtuada de lo que implica la forma de gobierno que es la Democracia Participativa”.
“Llama la atención que siendo un proyecto de participación ciudadana no se estableció durante su tratamiento que su contenido sea discutido participativamente en forma amplia con la ciudadanía. En el tratamiento de comisión, la Dip. Romano (una de las impulsoras del proyecto) justificó la amplitud de debate del proyecto de ley manifestando que fue tratado en reuniones de asesores y que fue remitido a 15 comuneros de su espacio político”.
“En esta dirección, el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana reduce las instancias de participación a mecanismos ya existentes y fracasados. A las audiencias públicas (Ley N° 6), el referéndum y la consulta popular (Ley N° 89) y la revocatoria de mandato (Ley N° 357). Todas estas instituciones pertenecen al paradigma democrático que la Constitución pretendió ir abandonando progresivamente. En el texto del Despacho se dispuso que “se considerarán Mecanismos de Participación Ciudadana aquellos institutos de participación creados a través de una Ley. Sin perjuicio de lo expuesto, en uso de facultades, el Poder Ejecutivo podrá establecer institutos propios de participación ciudadana”. En conclusión, si una ley no lo establece, el Poder Ejecutivo tiene la discrecionalidad y no la obligatoriedad de disponer los mecanismos de participación ciudadana. Recordemos que la Legislatura actualmente es la escribanía del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si Rodríguez Larreta no habilita la participación esta no existirá”.
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