La izquierda pide interpelar a Marcelo D’Alessandro por el uso de datos biométricos en CABA
La legisladora porteña por el Frente de Izquierda Alejandrina Barry presentó un proyecto de Resolución por el cual pide citar “al recinto de sesiones al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, para ser interpelado ante los hechos de público conocimiento sobre el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires”.
“Hechos que demuestran un uso ilegal que implicó acceder a datos biométricos de millones de personas, entre ellas dirigentes políticos, sociales y sindicales”, según manifestó la representante.
El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, dictó una medida cautelar por la cual suspendió este martes el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida se tomó en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA) por la cual además se “ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia”, según expuso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el cual denunció que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tres años “buscó información biométrica de 7.000.000 de personas de manera ilegal”.
Por su parte, Barry fundamentó la citación al afirmar: “El uso ilegal permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban en el registro de personas prófugas, muchas de ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales, periodistas. Algunas de las personas que fueron buscadas son la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Estela de Carlotto, diputados de izquierda como Myriam Bregman y Nicolas del Caño, el periodista Alejandro Bercovich entre muchos otros”.
“Hemos manifestado públicamente nuestra oposición a la implementación de este sistema porque como se ha demostrado en distintos lugares del mundo y han denunciado Organismos de Derechos Humanos, son discriminatorios, se utilizan para la persecución política y la criminalización de la protesta social”, sumó la legisladora.
En tanto, D’Alessandro refutó las acusaciones judiciales: “Gracias al sistema de reconocimiento facial detuvimos 1695 prófugos de la Justicia, entre violadores, asesinos y estafadores. Ellos quieren libres a los delincuentes, nosotros los queremos presos”.
“Este Sistema está destinado a la detección, verificación, identificación y detención de personas sobre las cuales exista una orden de captura por parte de la Justicia. Desde abril de 2020 no está activo a causa de la pandemia. Funcionaba con una base de datos que es pública y lo que hacía es identificar únicamente a las personas que tenían pedido de captura de la Justicia”, indicó en redes sociales.
“Las consultas efectuadas al Registro Nacional de las Personas (Renaper) no tienen nada que ver con el sistema de reconocimiento facial y se realizan sustentadas en diversos convenios vigentes. Por ejemplo, cuando se efectúa una denuncia o, cómo sucedió en pandemia, para el permiso de circulación. No existen irregularidades. Es muy claro que la Ciudad no usó de manera ilegal el reconocimiento facial. El contraste es enorme. Dentro de la legalidad, nosotros metemos presos a violadores, delincuentes y prófugos. Ellos los prefieren libres. Nosotros queremos una Justicia independiente, ellos la politizan. No somos lo mismo”, concluyó.