Panorama legislativo: el orden y la coparticipación de Grindetti y la preocupación por las cárceles modulares
El jefe de Gabinete de Ministros Néstor Grindetti expuso su primer informe semestral de gestión el primer martes de julio ante la Legislatura porteña. En su declaración, resaltó el trabajo en materia de seguridad de la administración del jefe de Gobierno Jorge Macri e instó al Gobierno nacional a pagar los fondos coparticipables. Este tema tuvo repercusión local y nacional durante toda la semana.
Vale recordar que en 2020 el Gobierno nacional de Alberto Fernández recortó la coparticipación que recibía la CABA, bajándola de 3,5 %a 1,4%. Argumentó que en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri había subido la coparticipación de la CABA del 1,4% al 3,75% por el traspaso de fondos para la seguridad local, que dio nacimiento a la actual Policía de la Ciudad. Al año bajó al 3,5% por el Pacto Fiscal. En 2020 en medio de un amotinamiento de la policía bonaerense, Nación por Decreto derivó partidas de CABA al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, meses más tarde oficializó el recorte por una Ley del Congreso.
El Gobierno porteño presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la cual un año más tarde a fines de 2022 le dio la razón a la gestión capitalina y exigió que Nación abone el 2,95%. No obstante, no cumplieron ni Fernández ni ahora el presidente Javier Milei en sus seis meses de gestión.
Al asumir Javier Milei, hubo reuniones entre Jorge Macri y el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, pero no se concretaron avances.
En este contexto, las arcas porteñas se ven exigidas por la baja en la recaudación en medio de la crisis económica general del país. Es más, la decisión de Economía de traspasar deuda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro Nacional perjudicará la recaudación porteña.
En medio de los recortes por coparticipación, el GCBA gravó con Ingresos Brutos las operaciones de pases del Banco Central en un 8% ya que la mayoría de los bancos tienen su sede en la CABA. Representaban aproximadamente el 20% de lo que el GCBA recaudaba por IIBB. En adelante, las nuevas Letras de Regulación Monetaria no podrán se gravadas.
Ante este panorama, Grindetti frente a los legisladores de todos los bloques expuso: “Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo (de la CSJN), la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes”. Y agregó: “Ya pasaron 6 meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo”.
Un día más tarde, el expresidente y exjefe de Gobierno Mauricio Macri reclamó estos fondos al presidente Milei.
“Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases”, expuso en sus redes sociales.
“Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”, agregó.
“El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, finalizó.
En tanto, este viernes, ante el reclamo por parte de Mauricio Macri y la gestión del GCBA, el Gobierno nacional se comprometió a abonar los fondos de la coparticipación.
Lo hizo mediante la conferencia del vocero presidencial Manuel Adorni, quien manifestó: “Nosotros somos distintos, acatamos todos los fallos judiciales. Se va a trabajar con la Ciudad, se viene haciendo, hubo reuniones, Jorge Macri estuvo con [el ministro de Economía, Luis] ‘Toto’ Caputo hace meses atrás. Así que sí, se va a cumplir con todos los fallos judiciales. Este es uno más y se está trabajando para solucionarlo”.
Grindetti y el eje en la seguridad
El jefe de Gabinete porteño Néstor Grindetti resaltó durante su informe semestral de gestión las medidas de orden aplicadas por la administración de Jorge Macri, una de sus promesas de campaña.
“Desde el inicio de la gestión no permitimos los acampes y levantamos alrededor de 500 ranchadas entre enero y mayo”, indicó.
Detalló los desalojos de gente en situación de calle que dormía en Aeroparque y Plaza Congreso, además de la eliminación de una feria ilegal al lado de la estación de ómnibus de Retiro, entre otros casos.
El jefe de Gabinete hizo además especial mención a las Fuerzas de Seguridad y afirmó: “Nuestra policía hoy tiene una actitud más proactiva: va en busca del delito”.
En ese sentido, señaló que, desde el inicio de la gestión, aumentaron el índice de detenidos a casi 90 por día y dijo: “Tenemos los policías mejor preparados de la región que cuentan con una formación y capacitación de vanguardia”.
“Vinimos a ponerle fin a eso que sabíamos que estaba mal, pero con lo que ya nos habíamos acostumbrado a convivir”, resumió.
Nueva declaración de diversos bloques por la coparticipación
En el contexto de reclamos porteños al Gobierno nacional por los fondos de la coparticipación, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también se sumó.
Legisladores del oficialismo Vamos por más y bloques aliados presentaron un texto de reclamo.
El mismo está firmado por Sebastián Nagata (Confianza Pública) y cuenta con el apoyo de Jessica Barreto (Partido Socialista), Emmanuel Ferrario, Facundo del Gaiso, Claudio Romero (Vamos por más), Aldana Crucitta, Gustavo Mola, Lucio Lapeña, Francisco Loupias, María Inés Parry, Guillermo Suárez, Manuela Thourte, María Mollard (UCR), María Sol Méndez, Graciela Ocaña (Confianza Pública).
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Nº1865/2020 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos”, donde se ordena al Estado Nacional destinar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos que fueran quitados intempestivamente en el transcurso de la pandemia de Coronavirus, por el Gobierno del ex presidente Alberto Fernández”, expresa el texto.
“Han transcurrido más de 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y seis meses desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. En todo este tiempo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha mantenido con firmeza su reclamo por la restitución de los fondos que le corresponden, exigiendo el acatamiento del fallo. Cabe destacar que la deuda acumulada desde que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el momento alcanza los $800.000.000.000 (ochocientos mil millones de pesos). De acuerdo con la exposición del Jefe de Gabinete de la Ciudad en la primera sesión informativa del año, la suma es de 88.000.000.000 (ochenta y ocho mil millones de pesos) mensuales”, fundamentaron los legisladores en este proyecto de Declaración.
Nueva Pompeya: la Comuna 4 pide un CeSAC en un terreno público ocioso
La Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires (La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricios) presentó un proyecto de Declaración para pedir un Centro de Salud y Atención Comunitaria (CESAC) en el predio ocioso de Diógenes Taborda 1553.
“La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vería con agrado la instalación de un Centro de Salud y Atención Comunitaria – CESAC – en el inmueble sito en la calle Diógenes Taborda N° 1553, del barrio de Nueva Pompeya de esta Ciudad”, expresa el proyecto elevado por la Junta Comunal 4.
“El inmueble en el cual se sugiere el emplazamiento resulta de titularidad del GCBA, encontrándose hoy desocupado y sin aparente destino”, plantea la defensa del proyecto.
“La instalación del CESAC traería solución a los vecinos del barrio, quienes hoy carecen de inmediatez para el acceso a un centro de salud. La población del barrio se ha visto incrementada por la relocalización de la población del barrio de emergencia “Mundo Grua” – ello en el marco del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo -, generando una mayor demanda de los servicios sociales y de salud del barrio de Nueva Pompeya”, agregan”
El lugar más cercano para la atención de salud es el Hospital General de Agudos José María Penna, que se ubica a más de 10 cuadras de la zona propuesta para el emplazamiento del CESAC, encontrándose muchos vecinos impedidos de trasladarse por razones de edad y/o económicas”, finaliza la Junta Comunal 4.
De los libertarios a la izquierda, piden informes por las cárceles modulares
El legislador porteño Gabriel Solano (Frente de Izquierda) presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dirigido al Poder Ejecutivo sobre distintos puntos sobre la instalación de cárceles modulares.
Según lo anunciado por el Gobierno porteño para hacer frente a la superboplación de presos en comisarías y alcaidías y fugas, se colocarían tres conjuntos de módulos, de 19 cada uno, en la Comisaría N° 12 de Saavedra, en la N° 15 de Chacarita y en la N° 4D, en el barrio de Barracas, con la posibilidad de albergar hasta 300 detenidos en total. A estas se sumaría una alcaidía central aledaña a la Comisaría N° 8 en Villa Soldati, con espacio para 700 detenidos. Según explicaron, cada container poseerá 6 camas en forma cucheta, y cada conjunto modular un espacio central para comer, además de los baños.
Vecinos de Barracas presentaron un amparo que fue rechazado por la Justicia local. En tanto, vecinos de Saavedra llevaron sus quejas al Consejo Consultivo Comunal 12 y a la reunión Seguridad en tu barrio que organiza el GCBA una vez por mes. Los ciudadanos de Chacarita rechazan las cárceles y piden que en el terreno lindero se construya un polideportivo público, una antigua promesa de las autoridades locales.
“Creemos que no es correcta la idea de que con la instalación de estos módulos-cárcel se va a solucionar el problema de la inseguridad en la ciudad, y de la fuga de detenidos que cobró relevancia mediática en los primeros meses de gobierno de Jorge Macri. Quienes verdaderamente organizan el delito andan libres y actúan con la connivencia de las fuerzas represivas y la justicia. A las comisarías y a las cárceles van a parar los sectores más vulnerables, en condiciones de hacinamiento, sin baños, duchas y hasta deben turnarse para poder dormir. Son quienes se ven lanzados a delinquir por este sistema que no le ofrece ninguna salida a los trabajadores y a la juventud, negándoles el derecho al estudio y al trabajo”, fundamentó el legislador Solano.
De modo similar, semanas atrás el legislador porteño Jorge Reta (La Libertad Avanza) había presentado un pedido de informes por este mismo tema.
“La crisis penitenciaria en la Ciudad ha desatado una serie de eventos desafortunados y de suma gravedad que han expuesto a la ciudadanía al acecho de prófugos de las comisarías y alcaidías de la Ciudad. El sistema de alcaldías de la Ciudad se encuentra sobrepoblado de forma excesiva, implicando un deterioro de los servicios de seguridad que debe de brindar el Estado porteño en función del destino de oficiales a la custodia de estos módulos en lugar de patrullaje con funciones preventivas”, introduce la defensa del pedido.
“Como resultado de los hechos, el Gobierno de la Ciudad decidió, de forma unilateral e inconsulta con la ciudadanía, construir módulos carcelarios utilizando espacios públicos y estacionamientos de las comisarías para albergar aquellos detenidos generando nuevas alcaldías”, agregó.
Nuevo proyecto por la urbanización del barrio Ricciardelli del Bajo Flores
Vecinos del barrio Padre Ricciardelli del Bajo Flores presentaron un proyecto de Ley en forma particular por la integración socio urbana de las manzanas que comprenden este barrio popular de la zona sur porteña.
Los ciudadanos citan la Ley N° 403 del año 2000 y el derrotero posterior, que incluyó la judicialización de los reclamos locales.
“En el año 2008 la villa fue intervenida por la justicia obligando al ejecutivo al llamado de elecciones democráticas de cada manzana de la Villa, ahora Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, acompañado por el Juzgado Nro 04 y Administrativo y Contencioso ACDOC representado por la Jueza Elena Liberatori. -Este cumplimiento se da en el año 2012 donde se realizan las elecciones democráticas del hoy Cuerpo de Delegados únicos, representantes y autoridades de cada manzana del Barrio (vigente hasta la actualidad)”, mencionan y resaltan que estos delegados son los impulsores del proyecto de Ley.
También mencionan que En el año 2018 se lleva a cabo un Censo de población del Gobierno de la Ciudad a través del IVC conjuntamente con el Cuerpo de Delegados con un resultado incierto de 50.000 habitantes, que en la actualidad suman más de 80.000 habitantes.
“El Barrio tiene mucha población trabajadora y honrada, siendo nuestro pedido reurbanizar nuestro barrio para cumplir nuestras obligaciones como cualquier ciudadano común y de bien que paga todos sus impuestos y servicios para ser integrados a la sociedad”, resalta la defensa del proyecto.
“Las necesidades como infraestructura y tierras para un reordenamiento de las familias en situación de hacinamiento y otros casos de salud, educación, áreas verdes, tránsito/transporte y seguridad. Exigir nuestros derechos y obligaciones que establece la Constitución Nacional y los distintos tratados internacionales. Exigimos igual interés de parte del Gobierno de la Ciudad como en los barrios Villa 31, Playón de Chacarita, Villa 20, Rodrigo Bueno que se encuentran en proceso de Reurbanización”, finalizaron.
La Legislatura firmó un acuerdo con los otros dos poderes del Estado porteño
Los tres poderes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un Convenio Marco para establecer relaciones de cooperación entre las diferentes Oficinas de Integridad Pública, a fin de llevar a cabo acciones, proyectos y actividades de interés mutuo que promuevan la implementación, aplicación, capacitación, publicidad y divulgación de los contenidos de la Ley porteña N° 6.357, Régimen de Integridad Pública, y sus normas reglamentarias.
Se incluyen: programas de capacitación, intercambio de buenas prácticas y cooperación en el intercambio de información.
Un resumen parlamentario informa que las Oficinas de Integridad Pública firmantes fueron creadas conforme a lo establecido en la Ley mencionada, sancionada en el 2020.
“Esta normativa requiere que cada uno de los poderes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designe un órgano independiente técnicamente, con la misión de velar por el cumplimiento del Régimen de Integridad Pública”, indican fuentes oficiales.
La firma del Convenio tuvo lugar en el histórico Palacio Lezama, sede de la Oficina de Integridad Pública del Poder Ejecutivo. Participaron del acto Joaquín Moro, en representación de dicha Oficina; Matías Rey, por la Oficina de Integridad Pública del Poder Judicial; y Diego Minetti, titular de la Oficina homónima del Poder Legislativo.
Las Oficinas firmantes forman parte del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción. Este foro refleja su compromiso con el trabajo articulado y la colaboración entre organismos públicos especializados, con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de promoción de la integridad pública en sus respectivas jurisdicciones.
Juan Castro