Panorama legislativo: ampliación presupuestaria, dengue y represión en la 9 de Julio
En una semana donde no hubo sesión ordinaria, uno de los dos temas salientes fue la propuesta del Poder Ejecutivo para ampliar el Presupuesto 2024 y cambiar la Ley Tarifaria. La oposición denuncia que esto último generará un aumento en los impuestos de los vecinos, ya castigados ante el escenario nacional. Además, se pidió la citación del ministro de Seguridad Waldo Wolff por el operativo de la Policía de la Ciudad en la avenida 9 de Julio para desalojar una protesta piquetera, el cual incluyó 10 detenidos, heridos (uniformados, manifestantes, trabajadores de prensa) y destrozos.
Este jueves el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, se presentó en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura para defender un proyecto de Ley firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri que contempla ampliar en 4,5 billones el Presupuesto 2024 ($ 4.517.086.453.895).
“El Proyecto de Ley que se acompaña propone una ampliación global en la estimación de los recursos y los créditos presupuestarios aprobados, en virtud de la evolución y proyección de las principales variables macroeconómicas que, en conjunto, arrojan un aumento sustancial sobre la expectativa original incorporada en el presupuesto”, fundamentó el Poder Ejecutivo al haber ingresado el proyecto el lunes 8 de abril.
En ese sentido, se propone ampliar en $ 1.867.147.316.344.- los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios. Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto $ 207.517.674.245.- destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por $ 165.187.944.786.-, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por $ 9.146.726.991.-, de uniformes para la Policía de la Ciudad por $ 5.553.168.449.- y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por $ 5.664.382.066.-
También solicitan cambios a la Ley Tarifaria. “En relación con el Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, considerando la profunda variación de los diversos indicadores económicos y financieros, se propicia la sustitución de los topes máximos establecidos en el artículo 47 de la Ley Tarifaria para el año 2024, por un límite máximo que no podrá ser -en ningún caso- mayor que el importe que surgiría de aplicar a la Cuota 12/2023 determinada o que hubiera correspondido determinar el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumulado desde agosto de 2023 hasta la cantidad de meses igual al número de cuota a liquidar del tributo”. Señala parte de la defensa.
“En relación con el tributo de Patentes sobre Vehículos en General, se propicia la modificación de la bonificación contemplada en la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 6.711, estableciendo que el monto a ingresar en concepto de tributo respecto de las Cuotas 4 a 6/2024 no podrá generar una suma a pagar superior al porcentaje equivalente del incremento del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumulado desde marzo 2023 a febrero de 2024, conforme a la metodología establecida en el artículo 426 del Código Fiscal vigente, respecto de la obligación liquidada o que hubiera correspondido liquidar en el Ejercicio Fiscal 2023”, se agrega.
El jueves, durante la reunión parlamentaria, el ministro de Hacienda dijo: “El proyecto de ley que hoy estamos presentando plantea la necesidad de incorporar una ampliación de los créditos presupuestarios aprobados del orden de los 4 billones 517.086 millones de pesos, debido, tal como ya mencioné, a la evolución y a la proyección de las principales variables macro económicas, que en conjunto, muestran un aumento sustancial del costo de vida por sobre la pauta original incorporada en el presupuesto”.
En la oposición se quejan porque el GCBA pretende, según su planteo, eliminar el tope de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para este año en curso, entre otras cuestiones que encarecerían la vida de los vecinos.
El legislador Juan Manuel Valdés (Unión por la Patria) explicó: El Ministro de Hacienda vino a la Comisión de Presupuesto para hablar sobre las nuevas tarifas y ampliación presupuestaria del GCBA. Esconden un tarifazo que es regresivo, arbitrario e injusto La propuesta del GCBA es regresiva porque afecta más a quienes menos tienen, es arbitraria porque no se justifican sus razones ni objetivos, es injusta porque mientras aumenta los impuestos, el oficialismo mantiene congeladas las concesiones de los empresarios amigos”.
“Aumentan ABL y patentes, pero protegen a los inquilinos VIP: el Mercado de los Carruajes, Costa Salguero y el Paseo Gigena son concesiones con cánones ínfimos que ni siquiera se ajustan por inflación. Dicen que no hay plata para los vecinos, pero siempre hay para sus amigos”, agregó.
Su compañera de bloque Claudia Neira aseguró: “La crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei nos está llevando a una crisis financiera en la Ciudad. La recaudación tributaria porteña cayó en el primer bimestre del año un 34% y la nacional coparticipable subió 75% menos que la inflación en marzo. La recesión y la inflación nunca antes vista en la historia reciente, generan que la recaudación caiga y las necesidades de la población suban por la caída de los ingresos reales de las familias. Por esto, Jorge Macri plantea una modificación de la Ley Tarifaria”.
“En esta modificación, plantean varios aumentos: Suba del ABL. Suba de Patentes. Suba del Impuesto Inmobiliario. También incluyen una innecesaria suba de tarifas de parques públicos con recreos y piletas, ¡y hasta proponen la suba de tarifas para la cremación de ataúdes!”, alertó.
“Estas medidas no solo afectan a los sectores medios y populares -grandes perdedores del modelo de Javier Milei-, sino que además son tributos que no representan el grueso de la recaudación y pueden no ser pagados en momentos de crisis económica. Lo que sucede es que, frente a los distintos aumentos que nos llegan día a día -medicamentos (375% interanual), alimentos (329%), seguros médicos (114% solo en el 2024), etc.- es probable que la morosidad de estos tributos crezca; es decir, que no se paguen”, indicó Neira.
“Nuestro bloque tiene una batería de iniciativas para afrontar la caída de recaudación, sin afectar a la clase media y los sectores más vulnerables. Juan Manuel Valdés propuso la renegociación del canon de todas las concesiones a privados otorgadas por el GCBA con actualización mensual por IPC. Matías Barroetavena planteó la modificación de las escalas de ABL e Imp. Inmobiliario para que las propiedades de mayor valor paguen más, y recuperar así la progresividad del tributo. En particular, hoy presentamos un proyecto para aumentar 1% la alícuota de Ingresos Brutos a los agentes del Sistema Financiero, evitando que recaiga en los préstamos a las PyMEs, aunque en este contexto el sistema de crédito está totalmente destruido en nuestro país”.
“Esta medida sería transitoria y recaería en sólo 5200 contribuyentes de los más de 1 millón que tributan IIBB y, en particular, sobre los Servicios de Banca Minorista y Mayorista (88 contribuyentes) que en el 2023 explicaron el 26% de los Recursos Corrientes del Tesoro porteño”, concluyó Neira.
Citación a Wolff y pedido de informes por la represión en la avenida 9 de Julio
El miércoles al mediodía la Policía de la Ciudad, escoltada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y Gendarmería Nacional Argentina (GNA), desalojó una protesta piquetera que cortaba la totalidad de la avenida 9 de Julio, frente al ex Ministerio de Desarrollo Social, a la altura del cruce con la calle Moreno, en el barrio de Monserrat.
Unidad Piquetera y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclamaban por alimentos para los comedores populares. Solicitaban reunirse con autoridades del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Las fuerzas porteñas intervinieron con carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo 10 detenidos, entre ellos un fotoperiodista de UTEP. Se reportaron al menos ocho uniformados heridos y decenas de manifestantes lastimados. También varios trabajadores de prensa resultaron heridos con sus equipos (cámaras de fotos) fueron dañadas durante la cobertura del operativo policial.
El ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff felicitó a la fuerza porteña: “Liberamos la 9 de Julio. En la Ciudad de Buenos Aires impera el orden. Cada vez que quieran cortar nos encontrarán despejando. Los 10 detenidos ya están a disposición de la Justicia, al igual que todos los registros fílmicos con personas vandalizando la Ciudad. Quiero felicitar a nuestra Policía de la Ciudad por su accionar. Es con orden”.
El propio jefe de Gobierno Jorge Macri brindó una conferencia de prensa para felicitar a los uniformados. El mandatario habló de ataques con piedras por parte de los manifestantes, con quema de contenedores y hasta de un auto”. Agregó que el GCBA hizo una denuncia penal sobre lo ocurrido.
En tanto, la legisladora porteña Graciana Peñafort (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes sobre lo ocurrido, en particular por la presencia de agentes federales en territorio porteño.
También pidió citar al ministro Wolff al edifico parlamentario de Perú 160 para que exponga sobre el accionar de la fuerza porteña y la articulación con el Ministerio de Seguridad nacional.
“En oportunidad de la marcha pacífica del día 10 de abril de 2024, convocada por organizaciones sociales reclamando por alimentos para comedores comunitarios, se pudo observar un enorme operativo policial, con presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad y efectivos de la Policía Federal, que culminó con una violenta represión y casi una decena de manifestantes detenidos”, fundamentó el texto firmado por Peñafort.
“Al verificarse la presencia de fuerzas federales en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta imprescindible a los fines de resguardar y tutelar la autonomía territorial de la Ciudad, tener detalladas las condiciones en las que se autorizó, si así se hizo, esta intervención en el territorio de nuestra ciudad. Además, resulta imprescindible determinar si las condiciones establecidas por los art. 23 y 24 de la Ley 24.059 invocados en la norma fueron cumplidas y cómo se documentó el requerimiento “al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional,” si el mismo hubiese sido cursado por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.
“Asimismo, resulta fundamental para la plena garantía de los derechos de las personas detenidas, conocer las circunstancias que llevaron a su detención, así como el proceso que se llevó a cabo a partir de las mismas”, concluyó.
Por la creación de la Justicia laboral porteña
Tal como había adelantado, el jefe de Gobierno Jorge Macri envió a la Legislatura porteña un proyecto de Ley para crear la Justicia laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A la par presentó un segundo proyecto para instaurar un Código Procesal Penal para la Justicia Laboral de CABA.
De este modo, se propone un cambio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6.588).
El fuero estará integrado por 10 juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo conformada por dos Salas, para entender “en todas las cuestiones contenciosas de conflictos individuales de derecho del trabajo, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo; y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél”, según el proyecto firmado por Jorge Macri.
“Asimismo, se establece el plazo de 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la Ley, a fin de que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga lo necesario para la integración de los órganos que conforman la referida justicia del Trabajo”, se aclara.
A la hora de defender esta propuesta, se argumentó: “Actualmente, la demora en la resolución de los procesos laborales ante la Justicia Nacional del Trabajo, sumado a la importante cantidad de vacantes pendientes de designación de jueces en ambas instancias, impacta en las expectativas de la ciudadanía, quienes aguardan durante años la resolución de sus reclamos laborales. Esta demora en brindar a los/as vecinos/as y empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un servicio propio de justicia que sea moderno y eficiente, hace que actualmente los reclamos individuales del trabajo transiten por distintas sendas que, por su demora o complejidad en su trámite, atentan contra la acreencia alimentaria de los/as trabajadores/as ante las continuas crisis económicas del país. Las empresas –especialmente las PYMES– no resultan ajenas a estas complejidades. En efecto, la demora en la resolución de conflictos conspira también a su respecto, sumado al efecto de las condenas que, por su excesivo monto, atentan contra su patrimonio y su continuidad”.
Emergencia, vacunación y repelentes por la epidemia de dengue
La legisladora del Frente de Izquierda Celeste Fierro presentó un proyecto de Ley para que la Legislatura porteña declare la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un año “a fin de adoptar las medidas tendientes a enfrentar la epidemia de dengue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
También pide la creación del “Programa de Vacunación Masiva: Ciudad sin Dengue”, con el fin “de comenzar con el proceso de inmunización de la población de la Ciudad de las enfermedades virales Dengue, transmitidas por picaduras del mosquito Aedes aegypti y disminuir así los riesgos de dichas enfermedades”.
Un segundo proyecto de su autoría, de Declaración, le pide “al Poder Ejecutivo tomar las medidas necesarias a fin de instrumentar la producción estatal de repelentes para abastecer al Ministerio de Salud, que los distribuirá gratuitamente a través de todos los hospitales públicos y CeSACs de la Ciudad”.
En cuanto al primero, se señala: “La evidencia demuestra que la vacuna es efectiva para disminuir los casos graves y mortalidad por Dengue. Por lo que el Ministerio de Salud deberá garantizar la provisión y aplicación de manera gratuita en todos los centros de salud de manera progresiva”. Llama a iniciar la vacunación por grupos de riesgo como Personas que ya hayan padecido la enfermedad, adultos mayores y gente con comorbilidades.
El proyecto contextualiza la gravedad del momento sanitario: “El país está atravesando una crisis sanitaria sin precedentes por una de las más grandes epidemias de dengue de nuestra historia y la preocupación de la población aumenta junto a la cantidad de casos confirmados, que ya superan los 230.000 en el último año epidemiológico. Algunos de estos casos han sido graves e incluso requirieron internación y hasta cuidados intensivos, pero lamentablemente 161 personas fallecieron. El Área Metropolitana de Buenos Aires concentra la zona más crítica de casos y la Ciudad de Buenos Aires registra alrededor de un tercio del total país”.
“No podemos dejar pasar ni un día más sin tomar medidas de fondo y urgentes para combatir esta epidemia que, aunque se diga que es estacional, ya hay casos comprobados que por efectos del cambio climático los mosquitos no mueren y el dengue continúa. Está en nuestras manos plantear una herramienta rápida para cortar la multiplicación incesante de casos y proteger de inmediato a las poblaciones de riesgo y a los trabajadores de la salud de la primera línea”, finaliza el texto firmado por Celeste Fierro.
A tono con Milei, Yamil Santoro pidió libre elección de medios de pago en el transporte público
El legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó un proyecto de Ley para establecer “el pago electrónico de los servicios de transporte público que se encuentre regulado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de la utilización del medio de pago vigente”, en alusión a la SUBE.
El Subterráneo de Buenos Aires, el Premetro, las líneas de colectivo que circulen exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad Autónoma y cualquier otro medio de transporte público cuyo funcionamiento se circunscribe al distrito de la Ciudad de Buenos Aires son alcanzados por este proyecto de Ley.
Este proyecto está en diálogo con los anuncios recientes del Gobierno nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la gestión de Javier Milei quiere permitir el pago del transporte público con celular, tarjeta de crédito, débito o prepagas, a la par de la SUBE.
“El Gobierno tomó la decisión, efectivamente, de liberar el sistema de pago en el transporte público”, dijo y aclaró que la SUBE “va a ser en tal caso una opción más, pero no la única”. La medida se implementaría en algunos meses.
En cuanto al proyecto de Santoro, la defensa sostiene: “La desmonopolización de las formas pago del transporte público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitirá a los millones de usuarios elegir el modo que a cada persona le resulte más conveniente y cómodo para abonar, gracias a las nuevas tecnologías que ya están suficientemente difundidas entre la población. Al poder utilizar otras tarjetas, aplicaciones, billeteras digitales o códigos QR, se evitan los engorrosos trámites de renovar la tarjeta SUBE, o de encontrar un kiosco con saldo suficiente para recargar”.
“La apertura del monopolio implica un sistema abierto y por consiguiente fomenta la competencia que hoy detenta el Sistema Sube. Los dispositivos que se ubicarán en colectivos y estaciones de subtes y de trenes los cuales deberán aceptar todas las tarjetas, bancarias o de fintech, de débito, crédito o prepagas, sin ninguna distinción. No habrá marcas o bancos con exclusividades, ni siquiera temporarias. El nuevo esquema, al mismo tiempo, prevé que en todos los casos el sistema SUBE siga vigente. Todos los nuevos medios de pago se agregarán al sistema actual. Y sin la incomodidad de que el usuario “ponga la tarjeta a su nombre”, que genera filas y malhumor en estos días. Por definición, a diferencia de la SUBE, una tarjeta de débito o crédito siempre está identificada con su dueño. Por esa vía, se implementará cualquier tarifa especial”, agrega el texto del representante de Republicanos Unidos.
Preocupación por la crisis presupuestaria universitaria
El bloque de la UCR, con firma de Lucio Lapeña, presentó un proyecto de Declaración para que la Legislatura porteña exprese su “su preocupación por la emergencia presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declarada por el Consejo Superior de la misma mediante la Resolución 322/2024 emitida el día miércoles 10 de abril de 2024”.
La defensa del proyecto sostiene: “El día martes 9 de abril, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una declaración con el objetivo de manifestar su preocupación por la grave situación económica y financiera que atraviesa el Sistema Universitario Público y que incluye la falta de acuerdos de paritarias, la suspensión de obras de infraestructura científica y tecnológica, la falta de actualización en lo que respecta a los gastos de funcionamiento y la preocupación por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID)”.
“Por este motivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con organizaciones sindicales docentes, no docentes, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), convocó a la defensa de la educación y el sistema universitario argentino para el día 23 de abril. El miércoles 10 de abril la Universidad de Buenos Aires, por Resolución 322/2024, declaró su emergencia presupuestaria y adhirió a la Marcha Nacional Federal Universitaria que se realizará el día 23 de abril de 2024. La decisión del Gobierno Nacional del prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al año 2024 en un escenario de inflación interanual del 276% amenaza el normal funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires”, agrega el texto firmado por la UCR.
“Por otro lado, el presupuesto que le fue asignado constituye un ajuste del 80% en términos reales. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional están desfinanciando y poniendo en riesgo el funcionamiento integral de la Universidad de Buenos Aires. El recorte presupuestario a la UBA y al Sistema Universitario Público afecta no sólo la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, docencia, servicios de salud y colegios preuniversitarios sino también impacta en la educación como pilar para el desarrollo y el progreso”, concluye el bloque parlamentario radical.
Juan Castro