Impulsan una Ley para suspender los corsos porteños
La legisladora libertaria Rebeca Fleitas presentó un proyecto para suspender los corsos porteños y que no haya festejos de carnaval en el espacio público, salvo previa autorización.
El objetivo de la norma es derogar la Ley N° 1.527 de Creación del Programa denominado Carnaval Porteño y la Ley N° 1.832 de otorgamiento de permisos precarios, personales e intransferibles a las asociaciones civiles sin fines de lucro encargadas de la organización del carnaval, para la comercialización de productos gastronómicos y artículos de cotillón y juego.
También busca derogar la Ordenanza N° 51.203/96 que instituye el Festival de Candombe y Murga y la Ordenanza N° 52.039/97 de declaración de patrimonio cultural de las actividades que desarrollan las asociaciones/agrupaciones artísticas de carnaval en el ámbito de la Ciudad.
“Prohíbese al Poder Ejecutivo participar bajo cualquier forma de la organización o realización del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo, como así también destinar recursos presupuestarios de forma directa o indirecta para su promoción, organización, realización o difusión. El Poder Ejecutivo sólo podrá otorgar difusión al carnaval porteño a través de los medios que utiliza habitualmente para informar sobre las actividades que se realizan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que ello implique una erogación presupuestaria adicional o específica”, agrega la normativa.
“La promoción, organización, realización o difusión del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo no podrá efectuarse en el espacio público o en espacios privados que perjudiquen el libre desplazamiento de personas o cosas, o que ocasionen ruidos molestos u otros efectos perjudiciales para terceros ajenos al evento. La promoción, organización, realización o difusión del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo sólo podrá efectuarse: a) en espacios privados que no perjudiquen el libre desplazamiento de personas o cosas ni ocasionen ruidos molestos u otros efectos perjudiciales respecto de terceros ajenos al evento; b) en espacios públicos dependientes del Poder Ejecutivo que resulten apropiados para su realización y no ocasionen ruidos molestos u otros efectos perjudiciales respecto de terceros ajenos al evento. Los espacios mencionados en el inciso b) serán habilitados al efecto sólo por las comunas respectivas de acuerdo con las competencias fijadas por la Ley de Comunas N° 1.777”, expone la propuesta libertaria.
A la hora de fundamentar, el texto de Fleitas señala: “El presente proyecto tiene como objetivos desregular normativamente el carnaval porteño y los eventos relacionados, al mismo tiempo que reordenar su promoción, organización, realización y difusión bajo criterios diferentes a los vigentes, a fin de facilitar la convivencia entre los ciudadanos en las fechas en que tiene lugar el carnaval y eliminar el gasto público que implica, absolutamente injustificado no solo en relación con la situación económica de emergencia extrema en que se encuentran la Ciudad y el país, sino respecto de las funciones que es razonable exigirle al Estado y asimismo a la luz de los modelos alternativos vigentes de financiamiento y organización del carnaval en otras ciudades del país y de la región. De esta manera, además se reconoce al carnaval como un evento destinado a quienes eligen participar en este, y se lo restituye como parte de las manifestaciones populares espontáneas originadas en la historia y la tradición”.
“La asignación de recursos al carnaval porteño por parte del Poder Ejecutivo muestra un alto grado de discrecionalidad. En primer lugar, la última información disponible correspondiente al Presupuesto 2023 de la Ciudad da cuenta en el Anexo I del Ministerio de Cultura de la asignación de subsidios a título personal a los integrantes de diversas asociaciones y agrupaciones, que oscilan entre más de $70 mil —setenta mil pesos— y casi $1.900.000 —un millón novecientos mil pesos—, por un total de $46.777.184,00 —cuarenta y seis millones setecientos setenta y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos—. Asimismo, en el Presupuesto 2024 es posible encontrar algunas partidas presupuestarias: en la distribución analítica de créditos que consta en el Anexo III del Presupuesto de la Ciudad de 2024 en el renglón “Carnaval porteño” se asignan $422.150.177 —cuatrocientos veintidós millones ciento cincuenta mil ciento setenta y siete pesos, mientras que en el mismo anexo se repartieron a su vez en concepto de “Carnavales porteños” $101.480.168 —ciento un millones cuatrocientos ochenta mil ciento sesenta y ocho pesos—, en todos los casos sólo para determinadas comunas”, señala contra la normativa vigente.
“Este modelo de organización del carnaval, de tipo estatista subsidiado por el Gobierno de la Ciudad —es decir, pagado por todos los porteños a través de los impuestos pero en el que solo una ínfima parte de ellos elige participar—, contrasta con el existente en otras jurisdicciones del país que cuentan con este evento pero sin embargo reviste una organización diferente, con mayor participación del sector privado, mayor masividad e impacto, como es el caso del carnaval de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, o el carnaval de la provincia de Corrientes”, defiende Fleitas.
“En efecto, no resulta extraña la vinculación que existe en algunos lugares entre carnaval, política y delito, lo que de ninguna manera tiene lugar en la actualidad en los carnavales de ciudades desarrolladas, como el caso de Venecia, Niza, Nueva Orleans o Quebec. En este sentido, resulta significativo que en ciertos lugares y épocas el carnaval se preste tanto para el regocijo de ciertos sectores como para la manipulación política de las masas e incluso sirva, paradójicamente, de “patente de corso” para hechos de violencia”, fundamentó.
Sobre este punto, añadió: “La deriva lumpen-delictiva de parte del carnaval porteño y su creciente identificación con la política partidaria debería resultar un factor de alarma a la hora de decidir financiarlo, puesto que si se trata de una “fiesta popular” no tiene por qué identificarse con un partido político determinado ni con estilos de vida específicos, más aún si estos incluyen hechos de violencia así como la violación de los derechos de terceros y otros riesgos para la seguridad, implicancias que en algunos de sus efectos lo aproxima más a las marchas de grupos de izquierda radicalizada que a los espectáculos civilizados por el sistema capitalista que pueden apreciarse en el mundo”.
Para cerrar, Fleitas resalta “la necesaria desregulación de aspectos complementarios al carnaval a los efectos de reconocer la libertad de comercio en ocasión del evento sin someterla a ninguna condición especial respecto del resto de los comerciantes, y completar de forma consistente cualquier posible financiamiento estatal del evento”.
Juan Castro