Panorama legislativo: inundaciones, el derrumbe de Caballito y la prioridad a porteños en hospitales públicos
La semana inició con el foco puesto en el tratamiento de la Ley Ómnibus en particular en el Congreso. Una vez que pasó a comisión, los días restantes la atención de legisladores porteños se focalizó en temas locales, que incluyen las inundaciones y el derrumbe en Caballito que causó dos muertes, aparte de la polémica sobre la atención en hospitales públicos y la posible prioridad a residentes locales, en detrimento de ciudadanos bonaerenses o del interior.
Entre el festejo y el enojo por la caída de la Ley Ómnibus
Luego de tres jornadas consecutivas durante la semana pasada que culminaron con la aprobación en general de la Ley Ómnibus, el martes 6 de febrero se retomó la sesión especial en Diputados para votarla en particular. Por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista en puntos sensibles como privatizaciones y facultades delegadas, no se pudo avanzar más y el proyecto volvió a comisión, es decir, a foja cero.
Entre legisladores porteños hubo opiniones dispares. En el bloque La Libertad Avanza hubo críticas a la “casta” y la oposición dialoguista. Por caso, Rebeca Fleitas afirmó: “Los valores de la Libertad no se negocian, el ajuste a la casta no se negocia. Varios de los diputados que ayer votaron en contra amenazaban a Javier Milei en campaña q iba a tener que negociar carguitos y favores por votos, pero nuestro Presidente no negocia el bienestar de los argentinos, no juega con el hambre de los argentinos, ni el futuro de los niños”.
“Quienes festejaron el no avance de la Ley Ómnibus en el Congreso son los mismos que le delegaron superpoderes a Alberto Fernández y le aprobaron emergencias sociales y económicas. LLA tiene un rumbo claro e innegociable respaldado por el 56% de los ciudadanos, quienes tienen derecho a saber quiénes son los representantes que faltaron a su palabra”, agregó.
De modo similar, Juan Pablo Arenaza, legislador del oficialismo porteño Vamos por más y cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, afirmó: “Los Borbones Franceses no terminaron de entender nunca los vientos de cambio. Festejaban encerrados en sus palacios defendiendo sus privilegios y los de sus amigos. El cambio igualmente llegó”.
Por el contrario, Juan Manuel Valdés de Unión por la Patria dijo: “Se cayó una pésima ley y viene muy difícil la legalidad del DNU”. Su compañera de bloque María Bielli sumó: “Están acostumbrados a manejarse como amos, patrones, dueños. La democracia es otra cosa. Dar la discusión fue muy importante, movilizarse imprescindible. Todo lo que se hizo valió la pena. Argentina no se vende”.
El legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano dijo: “Papelón mundial de Milei. En medio de una gira presidencial es desautorizado en su propio país. Más que nunca lo podemos derrotar y defender el salario, el trabajo, la salud y la educación”.
Salud en CABA: piden priorizar “a las personas de nacionalidad argentina con domicilio legal” en la Ciudad
Uno de los temas políticos más destacados de la semana fue el conflicto entre el Gobierno porteño y el bonaerense por la atención en hospitales públicos. El legislador porteño Yamil Santoro (Republicanos Unidos) presentó un proyecto de Ley sobre este asunto.
La polémica de esta semana entre el GCBA y el bonaerense empezó con la difusión de un video dentro del Hospital Argerich de La Boca. Los pacientes estaban enojados porque hacía cuatro horas estaban esperando en la guardia. Uno de los médicos les explicó: “Somos ocho médicos y, lo que ustedes no ven, es que por atrás entran las ambulancias. Ingresaron cinco personas para intubar. Estamos todos corriendo hace tres horas”.
La parte más importante es cuando les preguntó a los pacientes de dónde venían, a lo cual respondieron que eran de La Plata, Aldo Bonzi (La Matanza), Florencio Varela, Avellaneda, Alpargatas (Berazategui) y Zapiola (Lobos). “Ninguno viene de La Boca. Tengo una capacidad de recursos para gente de la Capital Federal, especialmente del barrio de La Boca. Ahora atiendo a todo el que puedo atender y estoy sobrepasado”, contestó el doctor.
El hecho motivó una decisión del Gobierno porteño, que planea priorizar la atención a residentes porteños en hospitales públicos ante la alta demanda vigente. El jefe de Gobierno Jorge Macri planteó: Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad en salud en su lugar de origen”-
“Esto que sucede es algo histórico, pero está alcanzando su pico de complejidad más alto. El nivel de desmanejo y desinversión en la salud pública a nivel provincial es grave. Fijate que la mayoría de los municipios desde donde dicen que vienen no tienen salud municipal. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero tiene un límite. Nuestra responsabilidad es tratar de priorizar al vecino que sostiene al sistema público”, agregó.
El artículo primero de la propuesta de Santoro, ante los dichos del jefe de Gobierno, expone: “Se establece que todos los establecimientos del sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben atender prioritariamente a las personas de nacionalidad argentina con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires”.
“Los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe, cuando una persona de nacionalidad argentina con domicilio legal fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones. Mensualmente se remitirán los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”, agrega la propuesta parlamentaria.
Propone modificar el artículo 33 de la ley 153 para incluir el inciso G: “Recursos. Los recursos del presupuesto de salud son: Los ingresos correspondientes a lo recaudado por el cobro de las prestaciones de servicios a otras jurisdicciones por la atención a personas domiciliadas en las mismas. La autoridad de aplicación está obligada a reclamar los saldos correspondientes al inciso G”.
Santoro fundamenta esta medida al afirmar: “Es sabido que el Sistema Hospitalario y de Salud de nuestra Ciudad está en una situación al borde del colapso, desde hace ya muchos años, porque hay una creciente sobredemanda de pacientes que están domiciliados, sobre todo, en la vecina Provincia de Buenos Aires. Esto provoca situaciones enojosas y desesperantes que exponen al cuerpo médico a recriminaciones, debiendo actuar en circunstancias próximas al heroísmo, con un gran desgaste físico y emocional para profesionales y auxiliares. No hay tal cosa como la supuesta “gratuidad” de los servicios públicos, puesto que siempre son financiados mediante los impuestos cobrados a los contribuyentes. Que no sean abonados en el momento, no implica que sean recursos escasos que se destinan a ese fin”.
“El hecho lamentable de que en muchas provincias los gobiernos no invierten en la salud de su ciudadanía, ya sea en infraestructura, oferta y especialidades, lleva a que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vuelva un imán para quienes vienen a buscar las soluciones que, por políticas públicas con prioridades equivocadas e improductivas, no pueden encontrar en sus lugares de origen. Este es el caso recurrente de la Provincia de Buenos Aires y gran parte de sus municipios”, contextualizó.
“Recientemente, el Ministro de Salud de la Ciudad indicó que en promedio el 55% de las consultas hospitalarias son de porteños y el 45%, de bonaerenses, aunque esta proporción varía según cada hospital, por ejemplo en el Argerich, el Elizalde (pediátrico) o el Santojanni, el 80% de los pacientes que llegan viven en la provincia. Desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires se considera una jurisdicción autónoma, en tanto que la salud debe ser coordinada por cada distrito con jerarquía de provincia. De esta manera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la facultad de regular y organizar su sistema de salud con sus obligaciones”, agregó el legislador.
En la provincia de Buenos Aires no tomaron a bien este planteo por parte del jefe de Gobierno Jorge Macri. El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló de un “razonamiento estúpido”.
A la vez, el Ministerio de Salud bonaerense publicó un extenso comunicado con críticas al GCBA: El ministro de Salud de la Provincia ve con profundo malestar las declaraciones radiales del jefe de Gobierno”: “La salud es uno de los derechos esenciales en nuestro país, su acceso debe ser irrestricto para todas las personas que así lo requieran y en donde lo requieran”.
“En la actualidad la CABA cuenta con más de 30 hospitales más los hospitales nacionales en su territorio para una población de alrededor de 2.000.000 habitantes, de los cuales el 80% tiene obra social o cobertura de medicina prepaga cuya atención principalmente es en clínicas y sanatorios privados, por lo que la atención en efectores públicos para personas con cobertura pública exclusiva sería para 6000.000 habitantes”, sumó.
“En la Provincia de Buenos Aires en los últimos cuatro años sumamos seis nuevos hospitales de alta complejidad, 156 centros de atención primaria y más de 300 ambulancias que atienden y cuidan a todas las personas que así lo requieren, lo hemos realizado con una profunda disparidad en términos coparticipables ya que la PBA aporta el 40% de los recursos y recibe el 20%”.
“A la capital ingresan diariamente más de 3.000.000 de bonaerenses a producir, trabajar y estudiar generando riqueza, una referencia y una cercanía de atención en tales efectores de salud, por lo que este también es una condición ineludible a la hora de analizar el comportamiento de la población del AMBA con el sistema de salud”.
“Es importante destacar que durante la pandemia el 17% de los habitantes de la CABA fueron vacunados en el territorio bonaerense, sin consultar lugar de residencia, ni estrato social, dando cuenta una vez más de la profunda convicción por la construcción de un sistema sanitario amplio y de calidad”.
“También que lo que hoy el jefe de Gobierno muestra con egoísmo y con una actitud poco solidaria, no es retroactiva su preocupación con las más de 500.000 personas de la CABA que fueron atendidas en el sistema bonaerense con el corredor atlántico en lo que va de la temporada estival en nuestra provincia, sumado a los cientos y miles de personas que realizan turismo de fin de semana en el interior de nuestra provincia y requieren de atención y cuidado”, concluyó el ministerio bonaerense.
Los legisladores ante las inundaciones por el temporal
Luego de varios días consecutivos con una alerta roja por temperaturas extremas –que superaron los 42 grados de sensación térmica-, el jueves 8 de febrero al mediodía se produjo un intenso temporal en la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se inundaron varias cuadras, hubo cortes de luz, el subte debió suspender servicios y hubo demoras en Aeroparque.
Una de las postales más fuertes de la jornada fue la inundación del paso bajo nivel de la calle Yatay, casi Lezica, en Almagro. Los videos de contenedores de basura flotando y los desbordes de agua que llegaron a entrar a comercios se viralizaron en redes sociales.
El Gobierno porteño hizo su balance sobre lo ocurrido: “La Ciudad de Buenos Aires se encontró, pasado el mediodía de este jueves, con una inusual tormenta que afectó a la gran mayoría de los barrios de la Ciudad. El dato más representativo es que en la zona de Constitución cayeron más de 60 milímetros en una hora, una cantidad que no es usual. Palermo, Belgrano, el Aeroparque, Retiro y Constitución fueron las zonas más afectadas con anegamientos temporarios que en la mayoría de los casos empezaron a drenar en cuanto la tormenta empezó a pasar. Los pasos bajo nivel de Yatay y de Salguero quedaron intransitables ante la cantidad de agua”.
“También afectó el servicio de los subtes y las líneas A, H y E y la línea B tuvo un servicio reducido y pasadas las 14 volvió a funcionar completamente. Como consecuencia, hubo problemas con el servicio eléctrico, informaron las distintas compañías: Hubo un total de 6.526 usuarios afectados, correspondientes a Edenor (92) y Edesur (6434)”, se agregó.
También desplegó este operativo durante la jornada: Mantenimiento de la Red Pluvial: 12 camiones y 9 camionetas, con un personal afectado de 49 personas; pasos Bajo a Nivel: 7 camionetas con un personal afectado de 14 personas; estaciones de Bombeo: una camioneta y 12 personas afectadas; Dirección General de Pluviales: 9 camionetas y 27 personas afectadas al servicio.
En tanto, legisladores porteños hicieron señalamientos sobre el desempeño oficial. Por caso, Matías Barroetaveña (Unión por la Patria) afirmó: “Sería bueno que Jorge Macri entendiera que su trabajo es limpiar sumideros, asistir a las personas que sufren por estos fenómenos, retirar el arbolado destruido por la tormenta hace un mes. Y no hacer listas de a quienes no van a atender en hospitales, shows de represiones”.
De modo similar, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Celeste Fierro indicó: “¡No se inunda más! (bromeando la histórica frase del exjefe de Gobierno Mauricio Macri). Ahora, el primo sigue su legado. Emova la levanta en pala y los usuarios pagamos la fiesta. Reciben más de 65.000 millones de pesos anuales del GCBA y dan un servicio miserable. Hay que cortar con este curro, estatizar con control de sus trabajadores y usuarios. El transporte es un derecho”.
Repercusiones por el derrumbe de Caballito
El jueves al mediodía, en pleno temporal, murieron dos ancianos por el derrumbe de la pared medianera de una obra en construcción en Pedro Goyena 551 que derribó el primer y segundo piso del PH lindero de Goyena 557. Además, hubo al menos otros 14 heridos, muchos de los cuales fueron derivados al Hospital Durand.
Una vez producido este siniestro, los vecinos contaron que desde septiembre realizan reclamos y denuncias porque detectaron irregularidades en la obra. El titular de una inmobiliaria que funcionaba en la planta baja del PH hizo una denuncia, pero un juez la rechazó ese mismo jueves, minutos antes del derrumbe. Se supo que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había inspeccionado la obra el 5 de diciembre y no la había clausurado.
El jefe de Gobierno Jorge Macri expresó el jueves por la noche: “Mis más sentidas condolencias a las familias y amigos de las dos personas que trágicamente perdieron la vida en el derrumbe de la obra en construcción en Av. Pedro Goyena. Los abrazo en el dolor. Instruí a las distintas áreas de gobierno a que asistan emocional y psicológicamente a todos los afectados y brinden la ayuda necesaria a quienes no pueden volver a su casa. Valoro y agradezco el rápido y valiente operativo que llevaron adelante los bomberos, el SAME y los distintos equipos de Emergencias de la Ciudad, respondiendo de manera rápida para salvar a quienes estaban atrapados en los escombros”.
“Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información necesaria para que se realice la investigación correspondiente y se esclarezcan los hechos que desencadenaron esta tragedia”, agregó.
Entre los legisladores porteños, hubo señalamientos a las políticas públicas del Gobierno porteño con respecto a las construcciones. Por caso, Claudia Neira (Unión por la Patria) afirmó: “Lamentamos mucho la muerte de dos personas en el terrible derrumbe en Caballito. El Jefe de Gobierno Jorge Macri y la AGC no han dicho ni una palabra y estamos esperando que informen al respecto. Hace tiempo que planteamos la necesidad de planificar seriamente la construcción y regular el mercado inmobiliario en función del bienestar y la seguridad de los porteños. Es preciso determinar las responsabilidades en este trágico hecho y abordar de forma urgente un cambio profundo en materia de desarrollo urbanístico”.
De modo similar expuso su compañero de bloque Juan Manuel Valdés: “Inmensa tristeza por el fallecimiento de dos vecinos en un derrumbe en Caballito. Una tragedia evitable. A pesar de las denuncias nunca se frenó la obra. Hace tiempo señalamos que las construcciones en la Ciudad están descontroladas. Es necesario que se investigue este hecho”.
También por UP, la legisladora María Bielli analizó la situación en el barrio: “Fallecieron 2 personas a causa del colapso del 1er y 2do piso de una propiedad lindera a una obra en construcción en el barrio de Caballito. Los vecinos habían hecho llamados al 103 y denuncias en la justicia. La Av. Pedro Goyena es un claro ejemplo de lo que pasó en el 2018 con la modificación del Código Urbanístico: casi se duplicó la altura de construcción (pasó de 15.5 m a 29.8 m)”.
“Al poder construir más alto, aumentan los metros vendibles y eso produce más ganancia para los desarrolladores. Buen ejemplo para ver como el aumento de oferta de vivienda no disminuye el precio de las propiedades. Al poder construir más alto, aumentan los metros vendibles y eso produce más ganancia para los desarrolladores. Buen ejemplo para ver como el aumento de oferta de vivienda no disminuye el precio de las propiedades”, agregó.
“En sólo 10 cuadras a la redonda en los últimos 6 meses hubo al menos 3 ejemplos similares. Av. Pedro Goyena al 200 (a solo 3 cuadras del derrumbe de ayer) las viviendas cercanas sufrieron desprendimientos en cielo raso, grietas y roturas en el piso. Río de Janeiro al 100, dos obreros fueron hospitalizados por un derrumbe Campichuelo al 600, dos casas con peligro de derrumbe por las excavaciones de una obra lindera. Ante estas obras sin control y al no obtener respuesta de las constructoras o del GCBA, los vecinos enfrentan estos problemas edilicios solo por la vía judicial y no pueden afrontar los gastos – y el tiempo- que esto implica, como tampoco los arreglos en sus viviendas”.
“Los daños de la modificación del código urbanístico del 2018 tienen que reducirse. Hay que revisar los mecanismos de fiscalización y control de obras. Pero fundamentalmente, esperamos que Jorge Macri cumpla con su palabra y podamos rediscutir un Código que priorizó a la construcción de torres de lujo antes que el bienestar urbano ambiental de los porteños y las porteñas”, concluyó.
Piden que el GCBA regule los máximos en las cuotas de colegios privados
Ya que el Gobierno nacional liberó los topes de las cuotas en escuelas privadas, la legisladora María Bielli (Unión por la Patria) presentó un proyecto de Ley para que haya regulación en territorio porteño.
“El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá las pautas que rigen los aranceles máximos de las escuelas públicas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial que perciben actualmente aporte estatal por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, plantea su propuesta parlamentaria.
“Las pautas tendrán en cuenta los porcentajes de aporte estatal que perciban las instituciones educativas mencionadas en el art. 1, especificando si es hasta un 40%, 50, 60, 70, 80 y hasta un 100%”, indica el segundo artículo. “Las pautas se especificarán según los niveles, regímenes y modalidades y se referirán a los aranceles mensuales correspondientes a la Enseñanza Programática”, se agrega.
La defensa del proyecto menciona que en la Ciudad de Buenos Aires uno de cada dos estudiantes asiste a una institución educativa de gestión privada. Hay 2135 unidades educativas de nivel inicial, primario y secundario de modalidad común, de las cuales el 58% son de gestión privada. El nivel inicial es el que tiene mayor proporción de estudiantes que asisten a una escuela privada (52% mientras que el 48% asiste a una escuela estatal). El último informe público disponible sobre educación privada en la Ciudad (2020) da cuenta de que el 71,2% de las instituciones educativas de gestión privada están subvencionadas por el Estado.
Desde lo legal, menciona que la ley nacional 13.047 aprobada en el año 1947, organiza y reglamenta la enseñanza privada, y reglamenta por primera vez el otorgamiento de subvenciones a instituciones privadas. El decreto nacional N° 2542 del año 1991, establece el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada y el N° 2417 publicado en 1993, define las obligaciones de los establecimientos para informar a las familias y Secretaría de Comercio sobre los aumentos de cuotas.
“El contexto económico está ocasionando que gran cantidad de familias encuentren dificultades en el pago de las cuotas de las escuelas privadas, debido a los aumentos que se han anunciado para el inicio de clases del 2024. Las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires no tienen capacidad para recibir la matrícula de miles de estudiantes nuevos. Como solución estructural, es fundamental la construcción de nuevas escuelas de gestión estatal en todos los niveles, para aumentar la oferta de vacantes existentes”, añade.
“Sin embargo, en este contexto no se dispone del tiempo necesario para construir la cantidad de escuelas necesarias para evitar la sobrecarga del subsistema de gestión estatal. A esto se suma la decisión del presidente Milei de derogar la Resolución 678/99 estableciendo que ya no es obligatorio que las escuelas de gestión privada informen a la Secretaría de Comercio de la Nación de los aumentos a aplicar en las cuotas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de brindar respuestas ante este nuevo contexto. Esta iniciativa legislativa busca robustecer la normativa que regula el aumento de las cuotas de las escuelas de gestión privada con subvención estatal, dando el carácter de ley al conjunto de normativas establecidas en disposiciones, resoluciones y decretos”, concluye la propuesta de Bielli.
Homenaje a los Héroes de Barracas
La legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda) presentó un proyecto de Declaración para que la Legislatura de la Ciudad recuerde y rinda homenaje a “los Héroes de Barracas al 10 años del incendio y derrumbe del depósito de la empresa Iron Mountain, en donde perdieron la vida los bomberos de la Policía Federal Argentina Anahí Garnica, Leonardo Day, Carlos Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; los bomberos voluntarios Sebastián Campos, Facundo Ambrosi y los rescatistas Pedro Barícola y José Méndez Araujo”.
“Así mismo, manifiesta su preocupación ante el no inicio del juicio oral que condene a los responsables políticos y empresariales y que acerque a los familiares de las víctimas a su exigencia de justicia”, agrega el texto.
La defensa de este homenaje inicia: “Aquel miércoles 5 de febrero de 2014, cerca de las 8.15 de la mañana, fue reportado el incendio del galpón de la empresa Iron Mountain -dedicada a la gestión y almacenamiento de documentación- en el barrio porteño de Barracas. Al ser alertados del fuego, distintas dotaciones de bomberos de la Policía Federal Argentina y los Bomberos Voluntarios de La Boca, Vuelta de Rocha, San Telmo y Puerto Madero y personal de Prefectura Naval Argentina, de la Guardia de Auxilio y de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrieron al depósito de calle Azara 1245”.
“Mientras un grupo de bomberos y rescatistas combatían las llamas desde el interior, otro grupo que intentaba acceder por otra de las entradas, fue sorprendido por el derrumbe de una pared, lo que produjo la muerte del Comisario Inspector Leonardo Day, la Subinspectora Anahí Garnica -primera mujer bombera del cuerpo profesional de la Policía Federal Argentina-, los cabos primero Eduardo Adrián Canessa y Damián Véliz y los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli (también integrantes del Cuerpo de Bomberos de la PFA); el bombero Sebastián Campos (del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha) y los rescatistas Pedro Baricolo y José Méndez, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad. Unos días después falleció el bombero voluntario Facundo Ambrosi”, repasa el texto.
“Siempre hemos considerado que los hechos que rodearon la denominada “tragedia de Barracas” fueron de gravedad institucional, toda vez que nunca han resultado claras, incluso para la justicia, las condiciones de habilitación del depósito de Azara ni el tipo y periodicidad de inspecciones allí realizadas. Tampoco resulta claro el obrar de la empresa privada, qué tipo de documentos se guardaban allí, para quién trabajaba y si ajustaba su obrar dentro de los límites legales”, analiza la defensa del proyecto de Fierro.
Pesar por la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera
Las legisladoras Patricia Glize y Graciela Ocaña (Vamos por más) presentaron sendos proyectos de Declaración para que la Legislatura exprese su más profundo pesar por el trágico fallecimiento del Expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, acontecido el día 6 de febrero del corriente.
“Asimismo, envía sus condolencias a todo el pueblo hermano de Chile y especialmente a los familiares y amigos del Expresidente en este momento de dolor”, plantea el texto de Ocaña.
“Con mucha consternación, en el día de la fecha, recibimos la noticia del fallecimiento del Expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, en un trágico accidente de helicóptero en la comuna de Lago Ranco, en el sur de su país. El Expresidente Piñera dedicó su vida al servicio público y dejó un legado significativo en la historia de Chile. Como líder comprometido con su Nación, sus contribuciones a la democracia y al desarrollo económico y social son indiscutibles”, introduce la defensa de ese proyecto de Declaración.
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique nació en la ciudad de Santiago el 1 de diciembre de 1949. Fue presidente de la República de Chile en dos períodos no consecutivos entre 2010-2014 y 2018-2022. Fue, además, entre 2011 y 2013, el primer Presidente pro tempore de CELAC, y entre 2019 y 2020 el primer Presidente pro tempore del Prosur.
“Al conocerse la triste noticia, nos hicimos eco de la expresión de dolor del pueblo chileno, quienes reconocen sus logros en el desarrollo de su labor presidencial, como la disminución del desempleo, la recuperación de la economía y mejoras en los sectores bajo la supervisión del Estado como la vivienda, la salud y la educación”, se agregó.
“Como representantes del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumimos la responsabilidad de dar voz a estos sentimientos, y en este sentido, la emisión de esta declaración refleja el compromiso del Estado argentino con los valores de solidaridad, fraternidad y respeto hacia los pueblos hermanos de la región; por esto, en estos momentos de dolor, nos solidarizamos con el pueblo chileno, compartiendo su tristeza y enviando nuestros más sinceros pensamientos y oraciones a aquellos que lamentan la pérdida de un líder querido y respetado. Asimismo, queremos enviar nuestras condolencias a todos sus seres queridos”, finaliza el texto de Ocaña.
El texto de Glize afirma: Piñera fue un importante dirigente chileno lo que lo hizo merecedor de distinciones tales como el Reconocimiento Nacional del Medio Ambiente entregado por Recyclápolis y la distinción Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Tsinghua de Pekín. Por todo lo anteriormente, y teniendo en cuenta la importancia de recordar a un dirigente que dedicó gran parte de su vida a la política y el bien común, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de Declaración, expresando el profundo pesar por su intempestiva desaparición física”.
La Justicia pide que el protocolo antipiquetes respete la Constitución
Ante un habeas corpus presentado por la legisladora Celeste Fierro (Frente de Izquierda), el juez Sebastián Casanello exhortó al Ministerio de Seguridad de la Nación a que el “protocolo antipiquetes” se adecúe “la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho” y que cumpla con los pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional.
El juez en forma previa pidió información al ministerio a cargo de Patricia Bullrich. La Dirección de Asuntos Jurídicos contestó que “la Resolución ahora cuestionada (el protocolo antipiquetes) no transgrede disposición alguna, ni de la Constitución Nacional, ni de los Tratados sobre Derechos Humanos menos aún las normas internacionales del Trabajo, en particular el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación”.
La medida del magistrado no anula el protocolo, pero ordena el respeto por la normativa vigente: “Los términos del protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitación de poder punitivo por fuera de la norma penal emanada del Poder Legislativo y/o de interpretación reservada al Poder Judicial”.
Casanello ordenó que “frente a situaciones que impliquen la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal, el personal de las fuerzas de seguridad deberá, a la par de proteger los bienes jurídicos amenazados, efectuar la inmediata consulta con el juzgado y/o fiscalía de turno correspondiente”. “Las fuerzas de seguridad tienen un rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”, concluyó el juez.
Juan Castro