Piden la creación de un Servicio Penitenciario porteño
El bloque Unión por la Patria, con la firma de Graciana Peñafort, presentó un proyecto de Ley para crear “el Servicio Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como establecer las bases para su puesta en funcionamiento y los preceptos básicos que lo guían”. En el pasado otras fuerzas presentaron iniciativas similares, como La Libertad Avanza.
“El Servicio Penitenciario de la Ciudad tiene como finalidad la custodia y alojamiento transitorio de las personas procesadas, la ejecución de sanciones penales privativas de la libertad dispuestas por la justicia competente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reinserción social de las personas privadas de libertad, el respeto a sus derechos humanos, el mantenimiento del orden, la seguridad en los centros de detención, la protección de la integridad de las personas privadas de libertad y la salvaguarda de su dignidad, la creación de condiciones favorables para su desarrollo personal minimizando las consecuencias negativas del encierro”, señala el artículo segundo.
Por su parte, el Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires también “debe cumplir con la normativa internacional aplicable relativa a las condiciones en las que deben alojarse las personas privadas de la libertad, a la que nuestro país adhiere”, resalta la normativa.
La fundamentación expone: “A la fecha, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no posee sistema penitenciario propio ni competencias plenas en cuanto a la gestión de la penalidad, por lo que las personas privadas de su libertad a disposición de la justicia nacional y de la CABA son alojadas irregularmente en Cárceles o Alcaidías antes de ser trasladadas al Servicio Penitenciario Federal. Esta situación genera una crisis en materia de seguridad debido a la sobrepoblación de detenidos en espacios que no son acordes para ello, derivando en un incremento significativo de fugas en el último año. La sobrepoblación de comisarías y alcaidías no solo afecta así la seguridad de la ciudadanía, sino que las condiciones de hacinamiento en las que se mantiene a los detenidos afecta sus derechos humanos”.
“Al respecto, el Comité Contra la Tortura ya sostuvo que Argentina debe poner fin a la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de detenidos. El alojamiento en este tipo de dependencias debería siempre estar reservado para personas que se encuentren en la primera etapa de la investigación penal preparatoria, con personal capacitado para trabajar con personas bajo custodia por períodos de tiempo acotados. El ingreso a un dispositivo de custodia penal es el primer efecto del sistema de encierro sobre la persona, es necesario que el contexto en el que se ubica provea condiciones adecuadas de detención donde pueda sentirse segura. Sin embargo, los lugares de detención inicial se presentan como espacios donde ocurren malos tratos y torturas”, se agrega.
Juan Castro