Piden comisiones especiales para investigar el acarreo y las concesiones
El legislador Juan Manuel Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de Ley para crear en el ámbito del Poder Legislativo local la “Comisión Investigadora sobre la administración, gestión y control del servicio de acarreo de la Ciudad de Buenos Aires”.
También impulsó otra Ley para crear la “Comisión Investigadora sobre la administración, gestión y control de las concesiones de tierras públicas, inmuebles y/o servicios pertenecientes a la CABA”.
Son también firmantes de ambos proyectos: Claudio Ferreño, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Claudia Neira
Sobre el primer proyecto de Ley, se expone: “El presente proyecto busca crear una Comisión Investigadora sobre la administración, gestión y control del servicio de acarreo concesionado a las empresas Dakota SA y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI) durante el período desde la adjudicación del servicio hasta el cese definitivo de la prestación en 2022, y con el objetivo esclarecer la gestión de esas empresas y las gestiones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la prestación de servicio a cargo de la empresa AUSA y la Licitación N° 7323-1117-LPU22”. Esta última fue dada de baja por el actual jefe de Gobierno Jorge Macri.
El texto destaca que ambas empresas tuvieron el contrato a su nombre por 21 años “hasta el miércoles 17 de agosto del 2022, cuando se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 284/22, que puso fin a la concesión”: “Después de que diputados y diputadas de todo el arco opositor constituyéramos el frente antigrúas, convocáramos a una sesión especial y decidiéramos dar visibilidad al tema, exigiendo el fin de las irregularidades sostenidas en el servicio de acarreo, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se vio obligado a quitar la concesión”.
“Dakota y BRD ganaron la licitación en 1990 mediante el decreto N° 4922/1990. La concesión se venció en marzo de 2001, sin embargo, la empresa siguió operando el servicio, avalada en un artículo del Pliego de Bases y Condiciones interpretado por la Procuración General de la Ciudad. Recién en 2011, se produjo la primera modificación del Código de Transporte en lo relativo a acarreo, y se estableció una cláusula transitoria poniendo plazo para una nueva licitación por un término determinado para luego pasar el sistema a cargo del Poder Ejecutivo. Ese plazo se fue prorrogando desde el 2011 a la fecha, manteniendo el servicio de acarreo en manos de las mismas empresas, haciendo uso abusivo de una cláusula transitoria”, repasa el texto de UP.
“Como si fuera poco, a las irregularidades de forma se suman las vinculadas a las erogaciones presupuestarias del Gobierno de la Ciudad y los dudosos pagos que éste recibió por parte de las empresas. Esto es, Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI) pagaban al gobierno porteño un canon mensual de $55.000 cada una para operar el servicio, según fuentes oficiales. El monto permaneció congelado desde 2014, cuando la tasa de acarreo salía $350, mientras a la fecha del fin de la concesión costaba más de $6.000. Es más, hasta mediados del 2022 esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido”, se agrega.
La defensa sostiene que “es verdaderamente preocupante observar el perjuicio económico que esta situación supuso para la ciudadanía porteña, que tiene que soportar aumentos mensuales de ABL, y viene siendo destinataria de un 53% de incremento en la presión tributaria desde que el PRO asumió el poder en la Ciudad, mientras las empresas son favorecidas descaradamente. BRD y Dakota además de gozar del beneficio de ver congelado su canon, tuvieron el plus de que el Gobierno de la Ciudad asumiera parte de sus costos, pagando el sueldo no solo de los agentes de tránsito que van a bordo de la grúa para labrar las infracciones de tránsito sino también haciéndose cargo de pagar el veinte por ciento (20%) de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias”.
“Tras la finalización del servicio, el entonces Jefe de Gobierno convocó a una nueva licitación que fue recientemente dada de baja por Jorge Macri, quien denunció graves irregularidades en la preselección de las ofertas para la concesión del servicio de acarreo durante la gestión que él mismo integró como Ministro de Gobierno. Las declaraciones del actual Jefe de Gobierno deben alertar a la Legislatura a actuar de manera contundente para investigar a fondo sobre la gestión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires, tanto el accionar irregular de las empresas prestadoras Dakota SA y BRD, pero también del accionar del Ejecutivo Porteño en el marco de la Licitación N° 7323-1117-LPU22 y el trabajo realizado hasta el día de la fecha por AUSA. Para concluir, es preciso señalar que la investigación puede hacerse independientemente de la fuerza política que gobierne, siempre que estemos comprometidos a brindar un Estado más eficiente y que tenga el compromiso de ponerle fin a las injusticias que se viven”, concluye la argumentación para implementar una comisión investigadora dentro de la Legislatura.
En cuanto al segundo proyecto de Ley, se afirma: “Los ejemplos de concesionarios que pagan montos irrisorios por grandes extensiones de metros cuadrados, lamentablemente son la regla”. Se afirma que el “GCBA ha otorgado a lo largo de éstos años, teniendo en cuenta que los registros web e información relacionada con los contratos, los plazos y los montos se encuentra desactualizada o directamente no es pública”.
También se hace notar que “hay presentados en la Legislatura proyectos para auditar distintos servicios o para ajustar los cánones de las concesiones, renegociar los contratos y actualizar los valores por IPC (Índice de Precios al Consumidor)”.
Juan Castro