Panorama legislativo: ajustes al Código Urbanístico, más medidas contra la ludopatía y repudio al intento de golpe en Bolivia
En una semana sin sesión ordinaria, uno de los temas más relevantes fue que el Gobierno porteño anunció que en breve enviará a la Legislatura un proyecto de Ley que “ajuste” al actual Código Urbanístico. Esta misma semana vecinos de Parque Chas presentaron de forma autónoma un proyecto de Ley para modificar la legislación vigente en varias manzanas de este sector de la Comuna 15.
Con respecto al primer punto, en el marco del Foro Participativo Permanente el lunes 24 de junio por la tarde hubo una reunión con unos 300 vecinos vía Zoom. Representantes porteños explicaron los principales ejes de esta revisión, que se suma a otras dos hechas en 2022 y en 2020, siendo el Código Urbanístico original de 2018.
Si bien no se mostró el texto del proyecto de Ley, los funcionarios explicaron que buscan con estos ajustes llegar a un “equilibro urbano”, fomentar “la protección del patrimonio” e incorporar el “concepto de incentivo”.
El GCBA, según mostraron en placas de Power Point, propone “diferenciar la identidad de los barrios y la identidad de los corredores”, buscando “distinguir qué identidad prima en cada uno”. También apuestan a “consolidar el desarrollo urbano en la subcentralidades urbanas donde se concentra la infraestructura de servicio, la matriz de transporte y la mejor cobertura de las necesidades de la vida cotidiana”.
En otra placa se habló de “repensar las transiciones normativas entre los barrios y los corredores evitando grandes saltos de altura”. El Gobierno porteño busca “fomentar el completamiento de tejido y la conformación de una carpa homogénea evitando los gradientes en las manzanas”. Otros puntos son “promover la conservación y revalorización del patrimonio urbano” e “incentivar la mixtura de usos para el desarrollo de subcentralidades de estala barrial”.
El GCBA propone incorporar 4.209 inmuebles en el Catálogo Preventivo, para evitar su demolición. Es una medida transitoria hasta que la Legislatura porteña apruebe una Ley respaldatoria.
El sistema de incentivos mencionado propone “un desarrollo urbano sostenible donde se impulse la protección del patrimonio urbano y al desarrollo del sur mediante la consolidación de zonas receptoras donde se concentran las infraestructuras y servicios”.
Funcionarios porteños señalaron que durante el verano las autoridades mantuvieron reuniones con representantes del sector de la edificación: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos (CEDU), el Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), entre otros.
Durante el Zoom, los vecinos que participaron hicieron críticas a este y otros puntos, ya que desde hace años hay asambleas barriales que se movilizan contra el actual Código Urbanístico y denuncian consecuencias negativas.
Es más, hay una gran cantidad de proyectos de Ley presentados en forma particular por estas asambleas. Constitución, Coghlan, Núñez, Belgrano, Villa Ortúzar, Villa del Parque, Villa Devoto, son algunos territorios aludidos.
En 2022, la Legislatura porteña aprobó cambios al Código Urbanístico para proteger la zona llamada Lomas de Núñez y Nuevo Belgrano- Barrio River. Son los únicos proyectos atendidos de una gran cantidad de textos elevados por la ciudadanía.
Las asambleas mencionadas anteriormente formaron la Interbarrial Buenos Aires (IBBA) que breva por una solución a esta problemática.
Ante la reunión convocada por Zoom, la IBBA emitió este comunicado: “Esta semana el GCBA convocó al Foro Participativo Permanente para supuestamente presentar una propuesta de “ajuste” (según sus palabras) del Código Urbanístico. La reunión fue virtual y con una capacidad limitada a 300 personas a las 14 hs (horario laboral, lo que dificulta la participación ciudadana)”.
“Cada vecino/a pudo intervenir por un máximo de 2 minutos. Sin responsables políticos (ni secretario de desarrollo urbano ni director general de planeamiento urbano), de la reunión se infiere que: No se presentó una propuesta, solo hicieron una declaración de intenciones con ideas generales. No se brindó acceso al proyecto de ley o documento alguno. No se reconoció la emergencia urbanística ambiental sostenida por la Interbarrial Buenos Aires ni las leyes vecinales presentadas en la Legislatura”, alertaron.
También señalaron sobre el encuentro: “No se abordó el colapso de servicios públicos (por ejemplo la falta de agua), que estamos vivenciando en los barrios debido a la construcción descontrolada. No se regula el espacio público, lo que demuestra que es una ley hecha a la medida de la inversión privada (mayormente orientada a especulación). No se aprobaron las instancias de planificación urbana previas al Código Urbanístico (Plan Urbano Ambiental, Código Ambiental y Modelo Territorial). No se realizaron convocatorias abiertas e institucionalizadas para invocar la participación vecinal”.
“El GCBA reconoce como tales a reuniones informales con vecinos y asociaciones. No se desarrollarán otras instancias de participación ciudadana hasta la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que se presente. No se informó qué se va a hacer con los miles de inmuebles de valor patrimonial que están fuera del Catálogo Patrimonial Preventivo”, señalaron sobre lo vivido el lunes.
“En conclusión, nuevamente fuimos utilizados para una puesta en escena de participación ciudadana que pretende legitimar un código Urbanístico hecho a la medida de los desarrolladores inmobiliarios (que, a diferencia de las y los vecinos, tienen aceitadas conexiones con los funcionarios gubernamentales)”, concluyó la IBBA.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, una entidad civil que asesora a los vecinos y las asambleas, alertó que los funcionarios porteños “reconocieron que no cumplieron con la etapa de Monitoreo General, Particular y de Instrumentos de la cual debería surgir la información necesaria para el diagnóstico para la evaluación integral del Código Urbanístico. Convocaron a la reunión sin ningún informe o dictamen o conclusión de la etapa de monitoreo”.
“Durante la reunión informaron la propuesta de “ajuste” del Código Urbanístico en menos de 10 imágenes de Power Point. Sin mayor explicación y tampoco nos brindaron acceso al proyecto de ley o su borrador o a algún informe más detallado”, sumaron.
“No habrá otra instancia de participación institucionalizada salvo la audiencia pública en la Legislatura porteña una vez que hayan aprobado el proyecto de ley en primera lectura. Por lo tanto, vuelven a violar el sistema de participación ciudadana que establece el art. 1.1.4 y el art. 10.11 del Código Urbanístico, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú”, indicó el ODC.
“Reconocieron que esta modificación no va a tratar nada relacionado con el colapso de los servicios públicos. Una ausencia notable en el Código Urbanístico actual que debió contemplarlo de acuerdo con lo que dispone el Plan Urbano Ambiental. Esta omisión ilegal nuevamente se repite. Reconocieron que tampoco se va a tratar la regulación del espacio público. Este Código Urbanístico continuará siendo un Código para la construcción privada sin considerar la integralidad de la ciudad. Otra vez van a tratar la modificación del Código Urbanístico sin aprobar previamente la actualización del Plan Urbano Ambiental, el Código Ambiental y el Modelo Territorial”, criticó la entidad civil.
“Informan que van a incorporar más de 4000 mil inmuebles que se encuentran en el Catálogo Patrimonial Preventivo al Catálogo Definitivo. Pero no informan que va a suceder con los miles de inmuebles que están fuera del catálogo porque aún no fueron evaluados de acuerdo con lo que dispone el Plan Urbano Ambiental y a la reciente sentencia judicial que logramos”, sumaron.
“En conclusión, fuimos testigos de una participación ciudadana falseada o trucha para convalidar formalmente el tratamiento de un proyecto de ley al cual no pudimos acceder. Participamos de un fraude democrático para legitimar los grandes negocios inmobiliarios que esta gestión tiene planificados en las sombras para la ciudad”, finalizó el ODC.
Código Urbanístico: vecinos piden cambios en Parque Chas
En paralelo a los “ajustes” al Código Urbanístico anunciados por el Gobierno porteño, la agrupación “Somos de Parque Chas” presentó de forma particular un proyecto de Ley para modificar la normativa vigente en varias manzanas de este barrio de la Comuna 15.
Según la propuesta, los cambios alcanzarán al polígono delimitado por el eje de la Av. De los Incas, Av. Combatientes de Malvinas, Av. Chorroarín, Av. Constituyentes, Av. Gral. Benjamín Victorica, hasta el eje de la Av. Los Incas.
“Solicitamos readecuar, en sectores representativos de nuestro barrio, diversos aspectos de la normativa urbanística vigente que constituyen un riesgo tanto para sus características identitarias, como para la calidad de vida de todos los habitantes”, explican los ciudadanos.
“Entre los factores que generan nuestra mayor preocupación se encuentran: La falta de revisión, actualización y preservación de las Urbanizaciones determinadas y su entorno (entre ellas la U39-Parque Chas), en el proceso de elaboración del Código Urbanístico que impuso un paradigma de sobredensificación constructiva y mixtura de usos sin respetar las identidades barriales. El incremento exponencial y arbitrario de la capacidad constructiva en el sector sur de Parque Chas, que distorsiona los valores del suelo e incentiva la renovación urbana con sustitución de tejido patrimonial o histórico”, plantean los vecinos.
También agregan: “El aumento arbitrario de las alturas de la edificación, que alteran la escala urbana y las condiciones de habitabilidad. La intensiva ocupación del suelo permitida por las zonificaciones del antiguo CPU, actúa como antecedente de nuevos proyectos que sostienen una escasa superficie absorbente en pulmones de manzana. La flexibilización de los usos del suelo, que altera la convivencia de las actividades urbanas y modifica negativamente las economías barriales”.
Se trata de “Factores que se combinan con un alto grado de “especulación inmobiliaria”, fenómeno que encuentra incentivo en los certificados urbanísticos2, condiciones novedosas, vinculadas al procedimiento del trámite de registro de las obras y las habilitaciones en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien parecían estimular un horizonte de previsibilidad para la gestión y desarrollo de obras y proyectos e implantación de usos del suelo, trajo aparejadas algunas consecuencias negativas en su objetivo e implementación. Al respecto, tanto la prórroga flexible otorgada por un período de vigencia de (6) meses, cómo el “blindaje normativo”, obtenido dentro de un expediente de registro de obra o habilitación, no solo promovieron acciones de especulación urbana3- de quienes se presume que pretenden perpetuar la mejor interpretación obtenida de los parámetros urbanísticos vigentes (frente a posibles situaciones de cambios normativos), limitaron también, el rol regulador del estado en sus facultades de implementar ajustes y/o acciones correctivas, que se condicen con la implementación de un nuevo marco normativo”.
En la defensa del proyecto, los vecinos explican que “se distinguen 2 sectores especiales de nuestro barrio (A y B) con características y conflictividades particulares2.
Sector A: Polígono delimitado por el eje de la Av. De los Incas, Av. Combatientes de Malvinas, Av. Chorroarín, Av. Constituyentes, Av. Gral. Benjamín Victorica, hasta el eje de la Av. Los Incas; que mantiene la impronta de las antiguas zonificaciones y donde se experimentan los mayores riesgos de renovación con densificación urbana.
Sector B: Urbanización Determinada U39 – “Parque Chas”, conjunto urbano de escala homogénea, caracterizado por un trazado concéntrico planificado y cuyo uso predominante es la vivienda individual.
“Al respecto, la comparativa de marcos normativos (CPU vs CUR) permite comprender y dimensionar los posibles impactos negativos de la nueva norma urbana; en especial en aquellas áreas afectadas generosamente a condiciones de edificabilidad USAM4, que incentivan la renovación urbana de sectores residenciales y de equipamientos de baja escala; mediante parámetros normativos que incrementan la capacidad constructiva y la altura edilicia, disminuyen el suelo absorbente y alteran los usos y actividades existentes”, señalan como uno de los problemas latentes.
Con el objetivo de “calibrar y/o reformular la normativa urbana actual a la estructura física e identitaria” del barrio, los vecinos proponen:
Sector A: Consolidación y jerarquización de los corredores principales (con mayor capacidad ambiental y en proceso de consolidación) con las condiciones de edificabilidad: USAB.2; Transición de las alturas desde los corredores hacia el interior del barrio. (Manzanas con USAB2-USAB1); Consolidación de grandes áreas residenciales, de baja escala, entre corredores comerciales, (en forma de macro-manzanas), con condiciones de edificabilidad USAB 1.; Consolidación de la mixtura de usos (3) en los corredores comerciales y restringir actividades en el interior del barrio, conformando macro-manzanas predominantemente residenciales. Limitación de la ocupación del suelo edificable hasta LFI. (¼ de manzana), preservando los pulmones de manzana y aumentando la capacidad ambiental.
Sector B: Ampliación de los límites geográficos de la U39-Parque Chas, incorporando el frente de viviendas de la Av. Benjamín Victorica.
También proponen criterios comunes para ambos sectores: “Aumento de la catalogación de inmuebles con valoración Urbanística y/o Arquitectónica, Histórica-Cultural, Singular y Ambiental, preservando la identidad barrial en base a la memoria colectiva de sus habitantes. Incorporación de mecanismos de consulta y participación vecinal, frente a toda petición que solicite en el área, garantizando el control y monitoreo ciudadano. Definición de lineamientos paisajísticos para el Espacio Público Compromisos para la elaboración de estudios ambientales que permitan mitigar impactos y calibrar la norma urbana. Suspensión de certificados urbanísticos, hasta tanto no se resuelva una norma urbana que contemple las necesidades/reclamos vecinales”.
“Aspectos que no pretenden poner freno al desarrollo de la ciudad, sino al contrario, pretenden orientar el crecimiento equilibrado y sostenible de los barrios; densificando y mixturando usos en los corredores de mayor capacidad ambiental y preservar pulmones residenciales o de baja mixtura de usos, que a manera de macro-manzanas, garanticen una mejor calidad de vida. Por último, queremos resaltar la importancia de trabajar en la preservación de nuestro patrimonio barrial, no como una operación tendenciosa, hegemónica e institucionalista de reconstrucción del pasado, sino cómo un ejercicio en función de las motivaciones, necesidades y sentimientos de cohesión e identificación de los vecinos y vecinas con su hábitat cotidiano”, finalizan los vecinos.
La Legislatura trata 17 proyectos contra la ludopatía infantil
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la vicejefa y presidenta de la Legislatura porteña Clara Muzzio lanzaron más medidas para prevenir la ludopatía infantil y destacaron que en la Legislatura de la Ciudad se presentó una veintena de proyectos con el mismo objetivo.
El mandatario porteño anunció que ya no habrá posibilidad de habilitar nuevas licencias de juego online en la Ciudad. “La importancia de las licencias en los sitios de apuestas radica en los requisitos de funcionamiento. Una de sus principales fallas es el llamado factor de autenticación: los chicos logran ingresar a las aplicaciones con datos falsos por los pocos requerimientos que se les piden. Por eso se está evaluando la implementación de otros controles en la validación de la identidad de los usuarios”, expuso el GCBA.
También se anunció que abrirá en el Hospital Álvarez de Flores un dispositivo grupal especializado para atender a menores con posible diagnóstico de ludopatía, y otro para atender a las familias.
Mediante la Asociación de Loterías Estatales (ALEA), se suscribieron acuerdos con META, NIC.AR, ENACOM, Mercado Libre y Rapipago para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal: “Ya se bloquearon 715 perfiles de redes sociales y publicidades, 12 sitios web en dominios .AR, se solicitó la baja de 9 publicaciones en Mercado Libre y se enviaron 9 cartas documento a influencers”.
En el acto oficial, celebrado en la Jefatura de Gobierno, Muzzio destacó el rol de la Legislatura porteña.
“Estamos trabajando desde el Ejecutivo y también desde la Legislatura, con 17 proyectos presentados por diputados de distintos bloques, buscando generar una única ley que contemple todas las medidas necesarias. Pero también en la Justicia, el Ministerio Público Tutelar está trabajando este tema tan importante”, aseguró Muzzio.
Como se informó en este medio, hay distintas iniciativas para modificar el Código Contravencional con el fin de endurecer las penas contra quienes realicen y promuevan apuestas que vinculen a menores de edad.
Es más, esta semana legisladores de la Coalición Cívica presentaron un nuevo proyecto de Ley para modificar el Título V de la Ley N° 1.472 del Código Contravencional “respecto de las contravenciones que afectan el desarrollo del juego de apuestas, es que presentamos este proyecto que moderniza dicha legislación y armoniza el texto a las dificultades que estamos viviendo en el presente”.
“En el artículo 135 se establece el marco general de la persecución del juego clandestino Es decir la persecución de la organización y explotación de juegos de azar, sorteos y apuestas no debidamente autorizadas o excedan los límites permitidos. La sanción prevista es un arresto de quince a cuarenta y cinco días, además de una multa equivalente al doble del beneficio ilícito obtenido. Esta disposición busca disuadir la realización de actividades de juego no autorizadas, protegiendo así la integridad del sistema regulatorio y evitando la proliferación de juegos ilegales. Adicionalmente, en la propuesta se toma la lógica de la promoción y se agrava las sanciones cuando en la comisión del delito se involucra a menores de edad, funcionarios públicos con poder decisorio, o intermediarios en las transferencias de jugadores (los llamados cajeros). En estos casos, el arresto aumenta a un rango de treinta a sesenta días y la multa se eleva al triple del beneficio ilícito. Esta agravante busca proteger a los menores de edad y garantizar la probidad en la administración pública, así como evitar la intermediación ilícita que facilita y amplía la magnitud del delito”, introducen los legisladores.
“En el artículo 136 pretendemos sancionar la promoción de juegos de azar y sorteos no autorizados con multas que van de veinte mil a sesenta mil pesos. Además, quienes participen en los beneficios de estas actividades ilícitas enfrentan una multa equivalente a tres veces el beneficio obtenido. La inclusión de la promoción como conducta punible refleja un enfoque preventivo, buscando cortar el flujo de publicidad y promoción que fomenta la participación en juegos no autorizados. Con este objetivo va a la intermediación en las transferencias de jugadores al organizador ilícito de juegos es sancionada del mismo modo, subrayando la importancia de detener el flujo de los cajeros en las redes sociales y facilitación que permiten la operación del juego clandestino”, suman.
Luego menciona que para el artículo 137 se establece sanciones para quienes desarrollen juegos permitidos o autorizados pero en violación de las reglamentaciones, como operar en lugares no autorizados o en juegos en línea no autorizados. Las sanciones incluyen multas de diez mil a treinta mil pesos o arresto de cinco a quince días. En oportunidad de este artículo, optamos por introducir una penalización específica para quienes utilicen herramientas de gamificación para promover el compromiso y la lealtad de los jugadores, imponiendo una multa equivalente a los ingresos obtenidos durante el último ejercicio y el arresto mencionado. Este tipo de conductas, siempre que sea en incumplimiento de las normas y regulaciones, potencian el riesgo de la ludopatía, por lo que requiere mayor sanción.
En el artículo 138 se penaliza “la publicidad de juegos de azar en contravención a la normativa vigente con multas de veinticinco mil a setenta y cinco mil unidades fijas y el decomiso de los bienes involucrados. Además, se establece una multa del doble del beneficio obtenido para los influencers que publicitan estos juegos, reflejando la responsabilidad que tienen las figuras públicas y los medios de comunicación en la promoción de actividades legales”.
Finalmente, se aprovecha el proyecto para modificar el artículo 139 para sancionar las actividades de fidelización en juegos de apuestas, tales como bonificaciones, aumentos en las probabilidades de ganar y premios adicionales, con una multa de hasta cuatro veces el beneficio obtenido por la promoción. Esta disposición apunta a desalentar estrategias comerciales que busquen aumentar la adicción y la participación continua de los jugadores, protegiendo así a los consumidores de prácticas explotadoras y potencialmente dañinas.
Piden informes por la coparticipación porteña
El legislador Pablo Donati (Frente Liberal Republicano) presentó un pedido de informes sobre los fondos que debe asignar el Gobierno nacional de Javier Milei al Gobierno porteño con respecto a la coparticipación.
En concreto, el legislador pidió datos “referidos a la negociación que se llevaría entre el PEN con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de cumplir con el fallo interlocutorio dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa n° 1865- 2020, caratulada “GCABA c/ Estado Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad – Cobro de Pesos”, el pasado 21 de diciembre de 2022”.
“Informe, si más allá de la reunión realizada entre el Sr. Ministro de Economía Luis Caputo con el Sr. Jefe de Gobierno Jorge Macri, el 4 de enero pasado, se dictó alguna norma que reconozca expresamente el fallo judicial desconocido el 22 de diciembre de 2022 por el entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández; Informe si se han constituido equipos de trabajo entre funcionarios del Gobierno Nacional con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, a fin de cumplir con el fallo judicial y ejecutar la deuda existente; Indique el destino que tendría dicho envió de fondos, fecha posible de inicio de transferencias y cantidad de montos que habría de reconocer y transferir; Informe si se evaluó la posibilidad de firmar convenios con la Nación tendientes a reparar la orden judicial de manera alternativa, en caso de que no se cumpliera con lo resuelto judicialmente. Informe si se avanzó en conversaciones sobre la transferencia de competencias judiciales, desde organismos públicos que corresponden a ciudad (puerto y otros) o de otro tipo de competencias”, son los puntos de interés del legislador.
“Cabe mencionar que el gobierno porteño, se sostiene con 90% de recursos propios, cubriendo el faltante de fondos coparticipables con el impuesto a las Leliqs pero debido a que estas se desarticularon con la asunción del nuevo gobierno, la recaudación cayó. Esto generó que en junio de este año se registrará déficit, luego de 30 meses de equilibrio financiero”, explicó el legislador.
Repudio ante el intento de golpe de Estado en Bolivia
Legisladores de distintas bancadas presentaron sendos proyectos para repudiar el intento de golpe de Estado que se produjo en Bolivia este miércoles 26 de junio.
La Libertad Avanza, con firma de Sandra Rey, Jorge Reta y Ramiro Marra, presentó el siguiente proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio frente al intento del golpe de Estado llevado a cabo en la República de Bolivia el día 26 de junio por parte de sectores sublevados del Ejército boliviano”.
“Estos atentados contra la convivencia democrática deben ser condenados de manera unánime por todos los sectores de la sociedad y jamás deberán ser aceptados o pasados por alto, puesto que implica un reconocimiento implícito de legitimidad de quien atenta contra el sistema. Es por ello, que debemos unirnos sin importar nuestras diferencias y dejándolas de lado en favor de la democracia. Así como nos unimos cuando nuestra democracia estuvo en horas oscuras, debemos apoyar a las naciones en su lucha por la pervivencia democrática”, señalaron.
El bloque Unión por la Patria, con la firma de Victoria Montenegro, manifestó en un proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia enérgicamente el intento de golpe de Estado contra el gobierno democrático del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Así mismo expresa su solidaridad con todo el pueblo boliviano”.
“En las últimas horas tomamos conocimiento, a través de crónicas periodísticas y comunicados de internacionales, de maniobras militares realizadas en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de quebrantar el orden constitucional del gobierno encabezado por Luis Arce. El Comandante General del Ejército, Juan José Zuñiga fue destituido días atrás al afirmar que no permitiría un nuevo gobierno de Evo Morales, en referencia a la posible candidatura del ex presidente. El 26 de junio del corriente año sectores de las Fuerzas Armadas identificadas con el Comandante General destituido tomaron el Palacio Quemado, y sus inmediaciones apostando barricas en la Plaza Murillo para que la gente no pudiera acercarse a la Casa de Gobierno”, repasan los fundamentos.
“En dicho Palacio tuvo lugar un encuentro cara a cara entre el primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia y el responsable del intento de Golpe de Estado. A resguardo en la Casa del Pueblo, cercana la sede del ejecutivo nacional, el Presidente Arce llamó a la población a movilizarse contra las “intentonas golpistas”. Los hechos provocaron el repudio de toda la comunidad internacional y la inmediata solidaridad de presidentes y ex mandatarios de la región”. Se agrega.
“En noviembre 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado durante la presidencia de Evo Morales, cuando sectores de las Fuerzas Armadas, la oposición reaccionaria y la comunidad internacional obligaron a renunciar a Morales y a que este, y muchos de sus ministros tuvieran que exiliarse porque su integridad física corría peligro. Frente a los acontecimientos sucedidos en el hermano país, es imprescindible que esta casa legislativa renueve una vez su compromiso con los más altos valores democráticos y se exprese al respecto, para que nunca más en América Latina haya golpes de Estado y prime los postulados democráticos en nuestro continente”, concluye UP.
Juan Castro