Ajustes al Código Urbanístico
En una semana sin sesión ordinaria, uno de los temas más relevantes fue que el Gobierno porteño anunció que en breve enviará a la Legislatura un proyecto de Ley que “ajuste” al actual Código Urbanístico. Esta misma semana vecinos de Parque Chas presentaron de forma autónoma un proyecto de Ley para modificar la legislación vigente en varias manzanas de este sector de la Comuna 15.
Con respecto al primer punto, en el marco del Foro Participativo Permanente el lunes 24 de junio por la tarde hubo una reunión con unos 300 vecinos vía Zoom. Representantes porteños explicaron los principales ejes de esta revisión, que se suma a otras dos hechas en 2022 y en 2020, siendo el Código Urbanístico original de 2018.
Si bien no se mostró el texto del proyecto de Ley, los funcionarios explicaron que buscan con estos ajustes llegar a un “equilibro urbano”, fomentar “la protección del patrimonio” e incorporar el “concepto de incentivo”.
El GCBA, según mostraron en placas de Power Point, propone “diferenciar la identidad de los barrios y la identidad de los corredores”, buscando “distinguir qué identidad prima en cada uno”. También apuestan a “consolidar el desarrollo urbano en la subcentralidades urbanas donde se concentra la infraestructura de servicio, la matriz de transporte y la mejor cobertura de las necesidades de la vida cotidiana”.
En otra placa se habló de “repensar las transiciones normativas entre los barrios y los corredores evitando grandes saltos de altura”. El Gobierno porteño busca “fomentar el completamiento de tejido y la conformación de una carpa homogénea evitando los gradientes en las manzanas”. Otros puntos son “promover la conservación y revalorización del patrimonio urbano” e “incentivar la mixtura de usos para el desarrollo de subcentralidades de estala barrial”.
El GCBA propone incorporar 4.209 inmuebles en el Catálogo Preventivo, para evitar su demolición. Es una medida transitoria hasta que la Legislatura porteña apruebe una Ley respaldatoria.
El sistema de incentivos mencionado propone “un desarrollo urbano sostenible donde se impulse la protección del patrimonio urbano y al desarrollo del sur mediante la consolidación de zonas receptoras donde se concentran las infraestructuras y servicios”.
Funcionarios porteños señalaron que durante el verano las autoridades mantuvieron reuniones con representantes del sector de la edificación: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos (CEDU), el Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), entre otros.
Durante el Zoom, los vecinos que participaron hicieron críticas a este y otros puntos, ya que desde hace años hay asambleas barriales que se movilizan contra el actual Código Urbanístico y denuncian consecuencias negativas.
Es más, hay una gran cantidad de proyectos de Ley presentados en forma particular por estas asambleas. Constitución, Coghlan, Núñez, Belgrano, Villa Ortúzar, Villa del Parque, Villa Devoto, son algunos territorios aludidos.
En 2022, la Legislatura porteña aprobó cambios al Código Urbanístico para proteger la zona llamada Lomas de Núñez y Nuevo Belgrano- Barrio River. Son los únicos proyectos atendidos de una gran cantidad de textos elevados por la ciudadanía.
Las asambleas mencionadas anteriormente formaron la Interbarrial Buenos Aires (IBBA) que breva por una solución a esta problemática.
Ante la reunión convocada por Zoom, la IBBA emitió este comunicado: “Esta semana el GCBA convocó al Foro Participativo Permanente para supuestamente presentar una propuesta de “ajuste” (según sus palabras) del Código Urbanístico. La reunión fue virtual y con una capacidad limitada a 300 personas a las 14 hs (horario laboral, lo que dificulta la participación ciudadana)”.
“Cada vecino/a pudo intervenir por un máximo de 2 minutos. Sin responsables políticos (ni secretario de desarrollo urbano ni director general de planeamiento urbano), de la reunión se infiere que: No se presentó una propuesta, solo hicieron una declaración de intenciones con ideas generales. No se brindó acceso al proyecto de ley o documento alguno. No se reconoció la emergencia urbanística ambiental sostenida por la Interbarrial Buenos Aires ni las leyes vecinales presentadas en la Legislatura”, alertaron.
También señalaron sobre el encuentro: “No se abordó el colapso de servicios públicos (por ejemplo la falta de agua), que estamos vivenciando en los barrios debido a la construcción descontrolada. No se regula el espacio público, lo que demuestra que es una ley hecha a la medida de la inversión privada (mayormente orientada a especulación). No se aprobaron las instancias de planificación urbana previas al Código Urbanístico (Plan Urbano Ambiental, Código Ambiental y Modelo Territorial). No se realizaron convocatorias abiertas e institucionalizadas para invocar la participación vecinal”.
“El GCBA reconoce como tales a reuniones informales con vecinos y asociaciones. No se desarrollarán otras instancias de participación ciudadana hasta la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que se presente. No se informó qué se va a hacer con los miles de inmuebles de valor patrimonial que están fuera del Catálogo Patrimonial Preventivo”, señalaron sobre lo vivido el lunes.
“En conclusión, nuevamente fuimos utilizados para una puesta en escena de participación ciudadana que pretende legitimar un código Urbanístico hecho a la medida de los desarrolladores inmobiliarios (que, a diferencia de las y los vecinos, tienen aceitadas conexiones con los funcionarios gubernamentales)”, concluyó la IBBA.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, una entidad civil que asesora a los vecinos y las asambleas, alertó que los funcionarios porteños “reconocieron que no cumplieron con la etapa de Monitoreo General, Particular y de Instrumentos de la cual debería surgir la información necesaria para el diagnóstico para la evaluación integral del Código Urbanístico. Convocaron a la reunión sin ningún informe o dictamen o conclusión de la etapa de monitoreo”.
“Durante la reunión informaron la propuesta de “ajuste” del Código Urbanístico en menos de 10 imágenes de Power Point. Sin mayor explicación y tampoco nos brindaron acceso al proyecto de ley o su borrador o a algún informe más detallado”, sumaron.
“No habrá otra instancia de participación institucionalizada salvo la audiencia pública en la Legislatura porteña una vez que hayan aprobado el proyecto de ley en primera lectura. Por lo tanto, vuelven a violar el sistema de participación ciudadana que establece el art. 1.1.4 y el art. 10.11 del Código Urbanístico, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú”, indicó el ODC.
“Reconocieron que esta modificación no va a tratar nada relacionado con el colapso de los servicios públicos. Una ausencia notable en el Código Urbanístico actual que debió contemplarlo de acuerdo con lo que dispone el Plan Urbano Ambiental. Esta omisión ilegal nuevamente se repite. Reconocieron que tampoco se va a tratar la regulación del espacio público. Este Código Urbanístico continuará siendo un Código para la construcción privada sin considerar la integralidad de la ciudad. Otra vez van a tratar la modificación del Código Urbanístico sin aprobar previamente la actualización del Plan Urbano Ambiental, el Código Ambiental y el Modelo Territorial”, criticó la entidad civil.
“Informan que van a incorporar más de 4000 mil inmuebles que se encuentran en el Catálogo Patrimonial Preventivo al Catálogo Definitivo. Pero no informan que va a suceder con los miles de inmuebles que están fuera del catálogo porque aún no fueron evaluados de acuerdo con lo que dispone el Plan Urbano Ambiental y a la reciente sentencia judicial que logramos”, sumaron.
“En conclusión, fuimos testigos de una participación ciudadana falseada o trucha para convalidar formalmente el tratamiento de un proyecto de ley al cual no pudimos acceder. Participamos de un fraude democrático para legitimar los grandes negocios inmobiliarios que esta gestión tiene planificados en las sombras para la ciudad”, finalizó el ODC.
Juan Castro