Preocupación por la crisis presupuestaria universitaria
El bloque de la UCR, con firma de Lucio Lapeña, presentó un proyecto de Declaración para que la Legislatura porteña exprese su “su preocupación por la emergencia presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declarada por el Consejo Superior de la misma mediante la Resolución 322/2024 emitida el día miércoles 10 de abril de 2024”.
La defensa del proyecto sostiene: “El día martes 9 de abril, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una declaración con el objetivo de manifestar su preocupación por la grave situación económica y financiera que atraviesa el Sistema Universitario Público y que incluye la falta de acuerdos de paritarias, la suspensión de obras de infraestructura científica y tecnológica, la falta de actualización en lo que respecta a los gastos de funcionamiento y la preocupación por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID)”.
“Por este motivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con organizaciones sindicales docentes, no docentes, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), convocó a la defensa de la educación y el sistema universitario argentino para el día 23 de abril. El miércoles 10 de abril la Universidad de Buenos Aires, por Resolución 322/2024, declaró su emergencia presupuestaria y adhirió a la Marcha Nacional Federal Universitaria que se realizará el día 23 de abril de 2024. La decisión del Gobierno Nacional del prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al año 2024 en un escenario de inflación interanual del 276% amenaza el normal funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires”, agrega el texto firmado por la UCR.
“Por otro lado, el presupuesto que le fue asignado constituye un ajuste del 80% en términos reales. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional están desfinanciando y poniendo en riesgo el funcionamiento integral de la Universidad de Buenos Aires. El recorte presupuestario a la UBA y al Sistema Universitario Público afecta no sólo la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, docencia, servicios de salud y colegios preuniversitarios sino también impacta en la educación como pilar para el desarrollo y el progreso”, concluye el bloque parlamentario radical.
Juan Castro