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Piden informes sobre las empresas que escanean el iris de los ciudadanos

La legisladora porteña Magdalena Tiesso (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo local sobre “la toma de datos biométricos a los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires por la empresa Worldcoin y otras”.

Según se estimó, ya se han sometido más de 360.000 personas al escaneo en distintas jornadas realizadas en CABA.

“Nos preocupa especialmente que se recaben datos entre aquellos que por hallarse en situación de absoluta vulnerabilidad, como lo son las personas en situación de calle, aceptan este avance sobre su derecho a la privacidad conminados por la dolorosa situación por la que atraviesan en términos económicos”, plantea Tiesso.

“Wordcoin expresa en sus comunicaciones públicas que lo hacen para garantizar la realización de transacciones futuras a partir de datos biométricos, bajo la hipótesis de que el día de mañana una imagen creada por una inteligencia artificial podría engañar a los escáneres y perjudicar a los usuarios. Esta es la versión oficial; entendemos que la acumulación de estos datos en manos privadas, sin el control público de los que deben velar por la seguridad de los ciudadanos, constituye una señal de alerta”, menciona el texto parlamentario.

Entre otros puntos, la representante de UP pide averiguar: Indique si tiene conocimiento sobre la toma de datos biométricos por parte de empresas privadas a los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires; b. Detalle, en el caso de tener conocimiento, el listado de estas empresas, describa sus objetivos, en qué soporte y bajo qué medidas de seguridad se preservan los datos; c. Informe, de tener conocimiento, cuántas personas cedieron sus datos biométricos a dichas empresas y a qué sectores de la población pertenecen, específicamente si se tomaron datos biométricos de menores de edad o de personas en situaciones de vulnerabilidad; d. Señale si estas empresas realizan sus acciones con una autorización por parte de este Poder Ejecutivo, y en el caso de tenerla, en qué marco normativo se sustentan sus actividades.

“Creemos que en estas situaciones de avasallamiento es donde el Gobierno de cualquier ciudad, Provincia o Nación debe demostrar que las normas que rigen en su ámbito están para ser cumplidas, y para proteger a los ciudadanos/as y preservar de posibles daños posteriores a los vecinos y a las vecinas”, planteó el texto firmado por Tiesso.

En la defensa del pedido de informes se citan varias leyes vigentes: la Ley nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales indica que la compañía estaría obligada a describir los fines para los cuales recolecta los datos y compartir aspectos tales como el plazo de conservación, y condiciones de seguridad y confidencialidad del producto.

También menciona la ley 1840 de protección de datos personales de esta Ciudad: “Si bien no contempla en forma explícita las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas ofrecen, en cuanto a recolección ya no de datos personales de un ciudadano, si no de su propia especificidad como ser humano, es claro que va en el mismo sentido. La protección de la privacidad de la persona, y en el caso que hubiera consentimiento por parte de la misma al acceso a su privacidad, la obligación de informar para qué se toman los datos y que la persona sepa en forma completa qué implica este consentimiento”.

 

Juan Castro