Más repercusiones por el derrumbe de Caballito

El jueves 8 de febrero dos personas murieron, 14 resultaron heridas y hubo enormes pérdidas materiales porque se derrumbó el muro de una obra en construcción en Pedro Goyena al 551, lo cual causó el desmoronamiento del PH lindero, al 557.

Apenas se produjo el hecho, legisladores porteños de distintas bancadas se manifestaron sobre lo sucedido.

Esta semana el tema siguió siendo de relevancia local. Por un lado, vecinos marcharon el miércoles por la noche para exigir Justicia ante la muerte de dos adultos mayores.

Desde lo parlamentario, hubo varias presentaciones. La legisladora Celeste Fierro (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) presentó un pedido de informes.

Entre otros puntos, solicita saber estas cuestiones: Informe la existencia de permisos para la obra en construcción sita en la calle Pedro Goyena 551. En caso afirmativo, remita copia del expediente, aclarando vigencia, fecha de otorgamiento, áreas intervinientes, destino de la obra, normativa aplicable, indicadores urbanísticos y superficie total a construir; Indique si la obra en cuestión prevé la construcción de subsuelos. En caso afirmativo especifique técnicas a utilizar para la excavación y submuración; Indique si la empresa a cargo de las tareas de demolición, excavación y submuración se encuentra correctamente inscripta y/o empadronada en el Registro de Empresa Demoledora y/o Excavadora; Indique nombre de los profesionales a cargo del cálculo estructural, la seguridad e higiene y toda otra persona que resulte solidariamente responsable de la obra en cuestión.

“Motiva el presente pedido de informes los hechos ocurridos el jueves 8 de febrero a horas del mediodía, donde se produjo el derrumbe de parte de la propiedad sita en Pedro Goyena 557 del barrio de Caballito en donde fallecieron los hermanos Nélida y Ramón Acuña, antiguos vecinos del barrio, de 75 y 82 años. Lamentablemente podrías afirmar que fue “crónica de una muerte anunciada’’, ya que los vecinos de Pedro Goyena 557 habían denunciado a la obra lindera en reiteradas ocasiones ante el Gobierno de la Ciudad, llegando a realizar presentaciones judiciales por la falta de controles. Hace unos días incluso realizaron una denuncia informando que había peligro de derrumbe por el agua acumulada en el pozo de la obra en construcción de al lado. La inacción por parte del Gobierno de la Ciudad hizo que un vecino presentase el día anterior al hecho una medida cautelar que el Juez Font rechazó ese mismo mediodía justo cuando colapsó el edificio”, introdujo la fundamentación de Fierro.

“Pero el enojo, la bronca y la indignación de los vecinos es muy grande, ya que en reiteradas ocasiones habían realizado denuncias que fueron desoídas e incluso en el pasado mes de septiembre, un vecino y abogado de Pedro Goyena 557, presentó una mediación, porque la excavación había tocado los caños del edificio, había acumulación de agua y eso dañaba los cimientos de una edificación tan vieja como el PH en el que vive”, resaltó el pedido de informes.

De modo global, la defensa analiza cuál es el panorama porteño: “Esta situación no es nueva en la Ciudad y desde hace años vemos cómo estos hechos se repiten cobrándose injustamente la vida de trabajadores de la construcción y vecinos por la falta de control por parte de los organismos gubernamentales pertinentes. Desde el desmantelamiento del cuerpo de Profesionales Verificadores de Obra, el único organismo de control independiente, se dio un gran salto en el entramado de corrupción y ocultamiento en la auditoría de obras en función del negocio privado, provocando derrumbes como el que sufrieron los vecinos de Caballito. Pero esto no es solo desidia, es el reflejo de una política encarada por el Gobierno de la Ciudad que privilegia el avance de la construcción indiscriminada en los barrios para favorecer los negocios de las constructoras. Hace casi 2 meses se conmemoraron los 20 años de la masacre de Cromañón, hace unos días los 10 años del incendio por causas dudosas de Iron Mountain y siempre el denominador común es la ausencia premeditada del Estado en la fiscalización y control”.

Juan Castro