Los cartoneros denunciaron que una serie de reformas al Régimen de Faltas ponían en peligro su actividad
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sesionó este jueves 2 de noviembre con un temario variado y extenso, pero el objetivo principal era modificar el Régimen de Faltas, a pedido del Poder Ejecutivo porteño. Finalmente se reservó en Secretaría en medio de denuncias de los cartoneros por persecución y multas elevadas a quienes revolvían la basura. La izquierda además dijo que el articulado incluía límites al derecho a la protesta.
La idea fue promovida desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a cargo de la ahora electa vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. Se propuso modificar unos 90 artículos del Régimen bajo una perspectiva de “reparación verde”.
Estos cambios implicaban “que el infractor deberá realizar capacitaciones o tareas comunitarias comprometidas en la recomposición, mantenimiento y preservación del ambiente, fomentando así, una relación más sustentable con su entorno, más allá de las multas o penas que pudieran corresponder legalmente”.
“El objetivo, además de la parte punible es fomentar la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del ambiente e higiene urbana”, expresaba el Despacho de Ley, avalado el viernes pasado en la Comisión de Justicia.
Al enterarse de esta iniciativa, las cooperativas de cartoneros hicieron críticas a la propuesta del Gobierno porteño. Se hicieron presentes en la reunión de la Comisión y más tarde llamaron a marchar el día de la sesión.
En un principio, se iba a penar a personas físicas y jurídicas. Tras el reclamo de los cartoneros en la Comisión, solo quedaron las penas para estas últimas.
Este es el texto del proyecto que finalmente se reservó en Secretaría: “La persona jurídica que manipule y/o extraiga materiales de los puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública será sancionada con una multa de setecientas (700) a ocho mil (8.000) unidades fijas y/o decomiso de los materiales y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”.
En la previa de la sesión ordinaria donde se cajoneó el proyecto para modificar el Régimen, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) emitió un comunicado con fuertes críticas al Gobierno porteño: “Sabemos que lo que verdaderamente esconde el proyecto es aumentar la persecución tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales”.
Así, resumieron: “El jueves 26 de octubre nos enteramos que el Poder Ejecutivo de la Ciudad presentó un proyecto de Ley para modificar el Código de Faltas de la Ciudad, actualizando multas y penalidades sobre distintas actividades que de una u otra manera afecta al espacio público. Dicho proyecto tiene varios artículos que plantean aspectos regresivos sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Para nuestro mayor espanto, el proyecto original planteaba también multar por hasta 100.000 pesos a aquellas personas que revisen los contenedores de disposición de los residuos en la CABA”.
“Al día siguiente, las cooperativas de cartoneros y cartoneras que brindamos el servicio de higiene urbana nos presentamos al debate en Comisión del proyecto de Ley, en donde nos quedamos perplejos escuchando los argumentos de algunos legisladores y legisladoras defensoras de este proyecto ¿En qué cabeza cabe que las autoridades de cualquier lugar puedan multar a una persona que está revisando un contendedor ya sea en búsqueda de material reciclable, comida o ropa? Los pobres, los desamparados, no son responsables de la situación de exclusión que les toca vivir, y una multa no va a cambiar esa realidad. El abordaje a esta problemática bajo ningún punto de vista puede ser punitivista. Hay que buscar políticas que generen la inclusión social de las personas”, agregaron.
“También realizamos una jornada de denuncia de esta situación en la puerta de la Legislatura. Gracias a esto conseguimos que modifiquen el proyecto de Ley original, sacando dicho artículo. Sin embargo, consideramos que este proyecto de Ley, y la manera en que se está tratando – de manera express, a espaldas de la sociedad- es un ataque directo a nuestro sector”, expresaron.
Además, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad denunció que otro de los artículos a modificar del Régimen incluía “multas millonarias a los sectores de la sociedad que se movilizan en reclamo por sus derechos y quienes salen a la calle a trabajar para poder comer”.
El FIT-U presentó una objeción a este Despacho al afirmar: “Pretender utilizar el discurso verde, ambiental, para justificar y/o tapar el verdadero carácter punitivo sobre la protesta social o sobre los sectores más vulnerables, parece un intento más de querer tapar el sol con un dedo o, en este caso, barrer debajo de la alfombra. Porque estamos en una Ciudad cuyo gobierno es el principal enemigo del ambiente, que fomenta la cementación inmobiliaria, que muestra canteros como si fueran espacios verdes, que mutila árboles con el negocio de la poda, que permite extracciones si los árboles le estorban a los proyectos inmobiliarios y, por supuesto, nada hace contra el creciente y grave problema de acceso a la vivienda, la informalidad laboral, los bajos salarios del empleo público, la deficiencias en escuelas y hospitales, el no reconocimiento como profesionales a la enfermería y un sinfín de cuestiones que afectan derechos fundamentales. Derechos por los que la ciudadanía se organiza y sale a las calles, y que ahora pretenden multar como una nueva forma de disciplinar y acallar las voces opositoras que cuestionan las políticas centrales de este gobierno”.
Apenas se supo que se reservaba en secretaría este Despacho, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanesa Gagliardi dijo: “Que retiren esta barbaridad, lo considero un logro democrático, sinceramente. Pero no sorprende que el oficialismo porteño se concentre en penalizar las consecuencias de la desigualdad, la pobreza o la falta de derechos, y no discutir una sola medida que tenga que ver con las causas de que haya protestas sociales o personas hurgando en los contenedores. Vamos a seguir con atención lo que pasa en los próximos días, porque esa iniciativa que ahora retiran, revela una concepción anti-pobre y profundamente punitivista”.
Juan Castro