Una medida judicial ordena suspender el tratamiento del convenio para edificar en la ex Ciudad Deportiva Boca
Guillermo Scheibler, juez de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, dictó la medida precautelar para “suspender precautelarmente” el tratamiento legislativo del convenio urbanístico celebrado entre el Gobierno porteño y el Grupo IRSA para construir torres en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, al sur de Puerto Madero (Comuna 1).
El magistrado consideró que “de las características del proyecto propuesto por IRSA” se desprende la necesidad de realizar un “procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental, que incluye entre sus alternativas de modo obligatorio la realización de una audiencia pública”.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes impulsaron la medida judicial.
Señalaron que no se cumplió “con la convocatoria a audiencia pública obligatoria que establece la Constitución de la Ciudad en su artículo 63 para proyectos de planeamiento urbano”. El mismo establece que una audiencia es obligatoria ante proyectos de “normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”.
De todos modos, este lunes cerca del mediodía se reunió la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña se iba a reunir a fin de avanzar con el tratamiento del proyecto de ley, para su pronta votación en el recinto de sesiones.
Al respecto, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña dijo: “La justicia dio lugar a un amparo pero (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta avanzará con la aprobación exprés de la privatización de la Costanera, un proyecto inconstitucional. Hay que dar el debate sobre qué modelo de ciudad queremos”.
El abogado ambientalista y referente del ODC Jonatan Baldiviezo manifestó ante Página 12: “No podemos permitir que la planificación de la Ciudad esté sometida a la voluntad de los sectores inmobiliarios concentrados que destruyen nuestro patrimonio cultural y natural”.
El predio tiene una superficie de 71,61 hectáreas (716.180 m2) y está en desuso desde hace casi 30 años. El convenio urbanístico contempla la siguiente distribución: espacio público en 483.624 m2 y urbanización en 232.556 m2. En el plano, los edificios están rodeados por calles y servidumbres que son consideradas espacio público.
IRSA destinará para uso público sectores “como parques y calles que totalizan una superficie de 483.624 metros cuadrados, lo que representa el 67,53%. Construirá una servidumbre a favor del GCBA gratuita y a perpetuidad sobre una superficie de 19.919 metros cuadrados (2,78%); trasferirá al GCBA 338.171 metros cuadrados (47,22%) y otros 125.534 metros cuadrados (17,54%)”, expresa el convenio.
La capacidad constructiva final es de 895.225 metros cuadrados dentro de esos 232.556 m2 edificables. el texto establece que los inmuebles pueden llegar a 145 metros de altura (plano límite).