Piden juicio político para los jueces del TSJ por el fallo que limita el acceso a las vacantes escolares
Este lunes, cerca del mediodía, se realizará una protesta frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde referentes políticos, sindicatos y comunidades educativas repudiarán el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA que rechazó la obligación del Gobierno porteño de dar una vacante en el sector público a un menor de dos años, tal como se informó.
Durante la manifestación se pedirá el juicio político contra los magistrados responsables de esta sentencia: Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano.
Entre los convocantes a la protesta en la Legislatura (Perú 160) está la legisladora del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik, quien expuso: “Legisladores de la oposición impulsaremos el pedido de juicio político a jueces del TSJ que con su sentencia violan la constitución porteña y limitan el pleno ejercicio de derechos Este lunes a las 12 en la puerta de Legislatura (Perú 160) brindaremos una conferencia de prensa. De la jornada también participarán organizaciones sindicales, centros de estudiantes, comunerxs, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa Expresaremos nuestro enérgico repudio al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La sentencia no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del GCBA, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta”.
Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman, manifestó: “Hoy a las 12hs en la Legislatura porteña repudiaremos el escandaloso fallo del Tribunal Superior que restringe el acceso a la educación pública atándolo a condiciones económicas. Sus argumentos son inconstitucionales e inaceptables para quienes defendemos la educación pública.El art. 24 de la Constitución de la CABA determina que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable … a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior. Es decir, debe garantizarlo desde los 45 días para quién lo requiera”.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) intervino en el proceso judicial donde una madre a fines de 2017 hizo una denuncia porque su hijo de entonces dos años quedó sin vacante para el sector público. Esta situación impulsó el fallo del TSJ.
ACIJ en un comunicado expuso: “El TSJ desconoce los potenciales efectos de su fallo, en el que se reconoce que, por el déficit de vacantes y presumiendo la ausencia de medidas progresivas por parte del GCBA, solo podrán acceder a la educación pública quienes no cuenten con los recursos económicos para solventar una cuota en una institución privada. Si bien resulta razonable que, frente a la escasez de vacantes, se priorice su asignación a las niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad, al considerar el Tribunal que el Estado local no tiene una obligación concreta de ampliación progresiva de las vacantes –hacia su universalización en un tiempo razonable–, ello podría dar lugar a que se mantenga en el tiempo un sistema segregado y discriminatorio en el que niñas y niños accederían a la escolarización en instituciones de gestión pública o privada según los recursos de sus familias”.
Apenas se supo el contenido del fallo, desde el gremio Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) dijeron: “El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad acaba de fallar contra las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública. Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada. El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021. La Constitución porteña es muy clara al respecto y en su Artículo 24 establece que La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.
“Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos. Con el recorte presupuestario, la persecución judicial a las y los docentes y los fallos hechos a la medida del macrismo- larretismo, el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia de la Ciudad ya no disimulan que tienen una política común para destruir la escuela pública”.