Panorama legislativo: preocupación por el aumento del subte y más repercusiones por el derrumbe de Caballito
Se pidió la citación de un funcionario de SBASE y una declaración de rechazo a la fuerte suba anunciada por el GCBA. También se pidieron informes por el siniestro registrado sobre Pedro Goyena al 500 que costó dos vidas.
Uno de los temas salientes de esta semana fue el anuncio oficial del Gobierno porteño sobre el aumento del boleto de subte, que pasará de los actuales $125 a $757 en junio, a tono con subas en trenes y colectivos que dependen del Gobierno nacional.
Como en ocasiones anteriores, la medida se aplicará de forma escalonada: en abril costará $574, en mayo llegará a $667 y en junio sí alcanzará los $757.
La medida también alcanza al Premetro. Hoy está $43,75 y llegará a $200,90 en abril; a $233,45 en mayo y a $264,95 en junio.
En ambos casos hay que tener la tarjeta SUBE nominalizada. En caso de no tenerla, como pasa con los trenes y colectivos, se pagará un boleto más caro.
Esta situación tuvo su repercusión parlamentaria. El legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad Gabriel Solano presentó dos proyectos.
Uno de ellos es un proyecto de Resolución para citar a la Legislatura porteña a Javier Ignacio Ibañez, presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), “a fin de dar respuestas frente al aumento de más del 500% que sufrirá la tarifa del subte en los meses de abril, mayo y junio, según lo estipulado en el decreto que llama a audiencia pública, superando cualquier estimación inflacionaria y afectando el bolsillo de sus pasajeros, aun cuando no están previstas obras de expansión y extensión de dicho transporte”.
La defensa de este proyecto sostiene que el aumento “se da en el marco de una inflación galopante, con aumento sobre todo en artículos de primera necesidad, a los cuales se sumará este aumento de tarifas en el transporte que no hará más que recalentarla”.
“Se da en línea con los aumentos de todo tipo que se están viviendo por las medidas del gobierno nacional, licuando los ingresos de los trabajadores y jubilados y realizando una transferencia a las empresas privatizadas y las concesionarias, en este caso EMOVA. Esto con el argumento de bajar los subsidios, a pesar de que esas transferencias no han garantizado una mejora en el servicio, la expansión de la red de subterráneos, ni el recambio de las formaciones contaminadas con el cancerígeno asbesto, como reclaman sus trabajadores”, agregó.
“Hacer 40 viajes mensuales para ir y volver a trabajar podría costar más de 30 mil pesos mensuales. Aún más en el caso de los estudiantes terciarios o universitarios que no cuentan con un boleto educativo gratuito y que difícilmente vayan a poder afrontar dichos gastos y se verán obligados en muchos casos a abandonar sus estudios. Es por estos motivos que es necesario que el titular de SBASE se presente frente a este recinto a dar explicaciones del porqué de dicho aumento sideral y de la situación de la red del subte que no mejora a pesar de los sucesivos incrementos”, lamentó Solano.
El otro es un proyecto de Declaración y expone: “La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su rechazo al aumento del 505% contemplado para las tarifas del transporte subterráneo a aplicarse entre los meses de abril, mayo y junio, según está estipulado en el decreto 101/24, por ser un golpe al bolsillo de los trabajadores y encontrarse muy por encima de la inflación estimada para dicho periodo. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a quitar dicha propuesta de aumento a ser tratada en audiencia pública el día 15 de marzo”.
“Se trata de una nueva confiscación al ya erosionado salario, en favor de la concesionaria Emova. En cuatro meses se estará pagando seis veces más que ahora por viajar hacinados durante el horario pico”, fundamentó el parlamentario.
“A esto se suma la ausencia de un boleto gratuito para estudiantes terciarios y universitarios de CABA, obligando a aquellos de menor poder adquisitivo a abandonar la cursada. En junio, viajar ida y vuelta a la facultad o instituto podrá costar $30.280 mensuales; una cifra que los raídos ingresos de la juventud trabajadora difícilmente puedan afrontar”, agregó.
“La reducción de los subsidios al subte, será compensada con un boletazo contra los usuarios, pero quedará indemne la empresa concesionaria Emova que, a pesar de recibir transferencias millonarias, no invierte en eliminar el asbesto cancerígeno de las formaciones de la línea B y aletarga las tareas de mantenimiento de la línea D, dejándola sin funcionamiento durante meses. Este aumento se suma al propuesto para los peajes o a los aumentos que ya se han dado y continuarán en las tarifas de colectivo para todo el país. Para rechazar estos nuevos aumentos y que se dé marcha atrás con los tarifazos en el transporte es que solicitamos la aprobación del presente proyecto”, concluyó.
Más repercusiones por el derrumbe de Caballito
El jueves 8 de febrero dos personas murieron, 14 resultaron heridas y hubo enormes pérdidas materiales porque se derrumbó el muro de una obra en construcción en Pedro Goyena al 551, lo cual causó el desmoronamiento del PH lindero, al 557.
Apenas se produjo el hecho, legisladores porteños de distintas bancadas se manifestaron sobre lo sucedido.
Esta semana el tema siguió siendo de relevancia local. Por un lado, vecinos marcharon el miércoles por la noche para exigir Justicia ante la muerte de dos adultos mayores.
Desde lo parlamentario, hubo varias presentaciones. La legisladora Celeste Fierro (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) presentó un pedido de informes.
Entre otros puntos, solicita saber estas cuestiones: Informe la existencia de permisos para la obra en construcción sita en la calle Pedro Goyena 551. En caso afirmativo, remita copia del expediente, aclarando vigencia, fecha de otorgamiento, áreas intervinientes, destino de la obra, normativa aplicable, indicadores urbanísticos y superficie total a construir; Indique si la obra en cuestión prevé la construcción de subsuelos. En caso afirmativo especifique técnicas a utilizar para la excavación y submuración; Indique si la empresa a cargo de las tareas de demolición, excavación y submuración se encuentra correctamente inscripta y/o empadronada en el Registro de Empresa Demoledora y/o Excavadora; Indique nombre de los profesionales a cargo del cálculo estructural, la seguridad e higiene y toda otra persona que resulte solidariamente responsable de la obra en cuestión.
“Motiva el presente pedido de informes los hechos ocurridos el jueves 8 de febrero a horas del mediodía, donde se produjo el derrumbe de parte de la propiedad sita en Pedro Goyena 557 del barrio de Caballito en donde fallecieron los hermanos Nélida y Ramón Acuña, antiguos vecinos del barrio, de 75 y 82 años. Lamentablemente podrías afirmar que fue “crónica de una muerte anunciada’’, ya que los vecinos de Pedro Goyena 557 habían denunciado a la obra lindera en reiteradas ocasiones ante el Gobierno de la Ciudad, llegando a realizar presentaciones judiciales por la falta de controles. Hace unos días incluso realizaron una denuncia informando que había peligro de derrumbe por el agua acumulada en el pozo de la obra en construcción de al lado. La inacción por parte del Gobierno de la Ciudad hizo que un vecino presentase el día anterior al hecho una medida cautelar que el Juez Font rechazó ese mismo mediodía justo cuando colapsó el edificio”, introdujo la fundamentación de Fierro.
“Pero el enojo, la bronca y la indignación de los vecinos es muy grande, ya que en reiteradas ocasiones habían realizado denuncias que fueron desoídas e incluso en el pasado mes de septiembre, un vecino y abogado de Pedro Goyena 557, presentó una mediación, porque la excavación había tocado los caños del edificio, había acumulación de agua y eso dañaba los cimientos de una edificación tan vieja como el PH en el que vive”, resaltó el pedido de informes.
De modo global, la defensa analiza cuál es el panorama porteño: “Esta situación no es nueva en la Ciudad y desde hace años vemos cómo estos hechos se repiten cobrándose injustamente la vida de trabajadores de la construcción y vecinos por la falta de control por parte de los organismos gubernamentales pertinentes. Desde el desmantelamiento del cuerpo de Profesionales Verificadores de Obra, el único organismo de control independiente, se dio un gran salto en el entramado de corrupción y ocultamiento en la auditoría de obras en función del negocio privado, provocando derrumbes como el que sufrieron los vecinos de Caballito. Pero esto no es solo desidia, es el reflejo de una política encarada por el Gobierno de la Ciudad que privilegia el avance de la construcción indiscriminada en los barrios para favorecer los negocios de las constructoras. Hace casi 2 meses se conmemoraron los 20 años de la masacre de Cromañón, hace unos días los 10 años del incendio por causas dudosas de Iron Mountain y siempre el denominador común es la ausencia premeditada del Estado en la fiscalización y control”.
Impulsan una Ley para suspender los corsos porteños
La legisladora libertaria Rebeca Fleitas presentó un proyecto para suspender los corsos porteños y que no haya festejos de carnaval en el espacio público, salvo previa autorización.
El objetivo de la norma es derogar la Ley N° 1.527 de Creación del Programa denominado Carnaval Porteño y la Ley N° 1.832 de otorgamiento de permisos precarios, personales e intransferibles a las asociaciones civiles sin fines de lucro encargadas de la organización del carnaval, para la comercialización de productos gastronómicos y artículos de cotillón y juego.
También busca derogar la Ordenanza N° 51.203/96 que instituye el Festival de Candombe y Murga y la Ordenanza N° 52.039/97 de declaración de patrimonio cultural de las actividades que desarrollan las asociaciones/agrupaciones artísticas de carnaval en el ámbito de la Ciudad.
“Prohíbese al Poder Ejecutivo participar bajo cualquier forma de la organización o realización del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo, como así también destinar recursos presupuestarios de forma directa o indirecta para su promoción, organización, realización o difusión. El Poder Ejecutivo sólo podrá otorgar difusión al carnaval porteño a través de los medios que utiliza habitualmente para informar sobre las actividades que se realizan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que ello implique una erogación presupuestaria adicional o específica”, agrega la normativa.
“La promoción, organización, realización o difusión del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo no podrá efectuarse en el espacio público o en espacios privados que perjudiquen el libre desplazamiento de personas o cosas, o que ocasionen ruidos molestos u otros efectos perjudiciales para terceros ajenos al evento. La promoción, organización, realización o difusión del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo sólo podrá efectuarse: a) en espacios privados que no perjudiquen el libre desplazamiento de personas o cosas ni ocasionen ruidos molestos u otros efectos perjudiciales respecto de terceros ajenos al evento; b) en espacios públicos dependientes del Poder Ejecutivo que resulten apropiados para su realización y no ocasionen ruidos molestos u otros efectos perjudiciales respecto de terceros ajenos al evento. Los espacios mencionados en el inciso b) serán habilitados al efecto sólo por las comunas respectivas de acuerdo con las competencias fijadas por la Ley de Comunas N° 1.777”, expone la propuesta libertaria.
A la hora de fundamentar, el texto de Fleitas señala: “El presente proyecto tiene como objetivos desregular normativamente el carnaval porteño y los eventos relacionados, al mismo tiempo que reordenar su promoción, organización, realización y difusión bajo criterios diferentes a los vigentes, a fin de facilitar la convivencia entre los ciudadanos en las fechas en que tiene lugar el carnaval y eliminar el gasto público que implica, absolutamente injustificado no solo en relación con la situación económica de emergencia extrema en que se encuentran la Ciudad y el país, sino respecto de las funciones que es razonable exigirle al Estado y asimismo a la luz de los modelos alternativos vigentes de financiamiento y organización del carnaval en otras ciudades del país y de la región. De esta manera, además se reconoce al carnaval como un evento destinado a quienes eligen participar en este, y se lo restituye como parte de las manifestaciones populares espontáneas originadas en la historia y la tradición”.
“La asignación de recursos al carnaval porteño por parte del Poder Ejecutivo muestra un alto grado de discrecionalidad. En primer lugar, la última información disponible correspondiente al Presupuesto 2023 de la Ciudad da cuenta en el Anexo I del Ministerio de Cultura de la asignación de subsidios a título personal a los integrantes de diversas asociaciones y agrupaciones, que oscilan entre más de $70 mil —setenta mil pesos— y casi $1.900.000 —un millón novecientos mil pesos—, por un total de $46.777.184,00 —cuarenta y seis millones setecientos setenta y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos—. Asimismo, en el Presupuesto 2024 es posible encontrar algunas partidas presupuestarias: en la distribución analítica de créditos que consta en el Anexo III del Presupuesto de la Ciudad de 2024 en el renglón “Carnaval porteño” se asignan $422.150.177 —cuatrocientos veintidós millones ciento cincuenta mil ciento setenta y siete pesos, mientras que en el mismo anexo se repartieron a su vez en concepto de “Carnavales porteños” $101.480.168 —ciento un millones cuatrocientos ochenta mil ciento sesenta y ocho pesos—, en todos los casos sólo para determinadas comunas”, señala contra la normativa vigente.
“Este modelo de organización del carnaval, de tipo estatista subsidiado por el Gobierno de la Ciudad —es decir, pagado por todos los porteños a través de los impuestos pero en el que solo una ínfima parte de ellos elige participar—, contrasta con el existente en otras jurisdicciones del país que cuentan con este evento pero sin embargo reviste una organización diferente, con mayor participación del sector privado, mayor masividad e impacto, como es el caso del carnaval de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, o el carnaval de la provincia de Corrientes”, defiende Fleitas.
“En efecto, no resulta extraña la vinculación que existe en algunos lugares entre carnaval, política y delito, lo que de ninguna manera tiene lugar en la actualidad en los carnavales de ciudades desarrolladas, como el caso de Venecia, Niza, Nueva Orleans o Quebec. En este sentido, resulta significativo que en ciertos lugares y épocas el carnaval se preste tanto para el regocijo de ciertos sectores como para la manipulación política de las masas e incluso sirva, paradójicamente, de “patente de corso” para hechos de violencia”, fundamentó.
Sobre este punto, añadió: “La deriva lumpen-delictiva de parte del carnaval porteño y su creciente identificación con la política partidaria debería resultar un factor de alarma a la hora de decidir financiarlo, puesto que si se trata de una “fiesta popular” no tiene por qué identificarse con un partido político determinado ni con estilos de vida específicos, más aún si estos incluyen hechos de violencia así como la violación de los derechos de terceros y otros riesgos para la seguridad, implicancias que en algunos de sus efectos lo aproxima más a las marchas de grupos de izquierda radicalizada que a los espectáculos civilizados por el sistema capitalista que pueden apreciarse en el mundo”.
Para cerrar, Fleitas resalta “la necesaria desregulación de aspectos complementarios al carnaval a los efectos de reconocer la libertad de comercio en ocasión del evento sin someterla a ninguna condición especial respecto del resto de los comerciantes, y completar de forma consistente cualquier posible financiamiento estatal del evento”.
Homenaje a los 30 años de la autonomía porteña
El bloque oficialista Vamos por más presentó, con la firma de la legisladora Patricia Glize a la cabeza, un proyecto de Ley para declarar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el año 2024 como el “Año del 30° Aniversario de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
En caso de aprobarse, los papeles oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán llevar la siguiente inscripción: “2024 – “Año del 30° Aniversario de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
De modo similar, el Gobierno nacional de Javier Milei declaró al 2024 como el año de la “defensa de la vida, la libertad y la propiedad”. Así lo estableció mediante el Decreto 55/2024 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.
A la hora de fundamentar, los legisladores señalan que el 29 de diciembre de 1993 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.309, declarando la necesidad de reforma de la Constitución Nacional. En dicha normativa, se incluyó la necesidad de dotar a la Ciudad de Buenos Aires de un status jurídico que reconociera su autonomía.
Al año siguiente, no sin intensos debates durante la Convención Constituyente, la Carta Magna fue modificada, y finalmente el nuevo status consagrado en la Constitución de 1994 modificó la situación jurídico-constitucional de la Ciudad de Buenos Aires. Con la sanción de la reforma, el artículo 129 estableció que la Ciudad tendría un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción; y su Jefe de Gobierno sería elegido directamente por el pueblo a través de elecciones, repasa el proyecto de Ley sobre la historia reciente en CABA.
También se menciona que, a partir de la reforma, la Ciudad envió a la cámara de Senadores del Congreso el mismo número de miembros que cada una de las provincias, y pasó a ser, a la par de ellas, uno de los distritos electorales en que se divide el país a los fines de la elección de diputados nacionales.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada el 1 de octubre de 1996, tuvo como uno de sus principales objetos el de afirmar su autonomía. Para ello organizó y estableció sus instituciones.
Desde entonces, la Ciudad ha organizado su administración y sus instituciones, además de la elección del Jefe de Gobierno. Además, instauró el Poder Judicial que actualmente cuenta con los siguientes fueros: Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo; y Electoral. Estableció un Poder legislativo unicameral con 60 legisladores elegidos en elecciones con mandato por cuatro años y renovación de la mitad del cuerpo cada dos.
Juan Castro