La izquierda porteña presentó un proyecto para “separar la Iglesia del Estado de la Ciudad”
La legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Amanda Martín presentó este miércoles un proyecto de ley cuyo objetivo es garantizar la “separación de la Iglesia del Estado de la Ciudad” de Buenos Aires.
Martín plantea anular la cesión de terrenos al Arzobispado de Buenos Aires y dejar “sin efecto las exenciones impositivas comprendidas en el Código Fiscal otorgadas a entidades religiosas estén registradas o no y cualquiera sea su conformación jurídica (lugares de culto, congregaciones, viviendas particulares o colectivas, fundaciones y ONG’sincluídas las que se presentan como “de bien público”, empresas y entidades educativas)”.
A su vez, propone derogar “el inciso 3 del artículo 43 del Código Fiscal que exime de tributos a “las entidades religiosas debidamente registradas en el organismo nacional competente”.
Esta propuesta parlamentaria convoca a la dirección Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para hacer un revalúo fiscal de las propiedades pertenecientes a entidades religiosas en el territorio de la Ciudad con beneficios impositivos “para adecuarlas a su valor real de mercado”.
También se propone derogar la Ordenanza 34.296 / 1978, que implica un subsidio a la Catedral Metropolitana y “toda otra norma que implique subsidios a cargo del Tesoro para el pago de servicios públicos a entidades religiosas”.
A la hora de defender esta propuesta, Martín señala: “En la Ciudad de Buenos Aires la Iglesia Católica y el resto de las religiones tienen enormes beneficios que representan un sostén del Estado a una usina reaccionaria, oscurantista, antiderechos que brinda como contrapartida una contención social frente al saqueo de las condiciones de vida de las masas y un adormecimiento y resignación frente a la necesidad del pueblo de desarrollar toda su capacidad de lucha para derrotar el ajuste”.
También asegura que en el Código Fiscal las entidades religiosas están exentas del pago de Ingresos Brutos, ABL y Patentes: “El costo fiscal de este beneficio es multimillonario, en una Ciudad que para colmo su gobierno ajusta los salarios de docentes, municipales y trabajadores de la salud. Según un cálculo del año 2018 solo la Universidad Católica se ahorró 8 millones de pesos anuales en concepto de ABL. La cifra ahorrada en Ingresos Brutos fue superior. Volviendo al ABL son 238 parroquias de la Iglesia Católica las que no lo pagan, y esta es una cifra menor frente a la totalidad de inmuebles que poseen. Tomando en cuenta al resto de las religiones y todas sus propiedades, nos asomamos a una cifra gigantesca”.
“En este proyecto proponemos terminar con las cesiones y permisos de uso a título precario y gratuito, un eufemismo para poner a disposición de la Iglesia el patrimonio de tierras e inmuebles de la Ciudad”, afirma y señala un episodio reciente: “En 2015 la Ciudad entregó a perpetuidad 17 predios al Arzobispado de Buenos Aires. La medida fue aprobada por los bloques mayoritarios de la Legislatura con excepción de la izquierda. El valor de los terrenos regalados alcanza los 5,2 millones de dólares, lo cual significa un enorme desfalco contra el Estado que se debe anular”.
Asimismo, habla de los subsidios para el pago de servicios públicos, como la Ordenanza 34.296 dictaminada por Cacciatore en la última dictadura militar que “obliga al Tesoro de la Ciudad a hacerse cargo de la cuenta de la luz de la Catedral Metropolitana”.
“El presente proyecto no aborda los subsidios que reciben las mismas religiones como sostenimiento de su acción en la educación, lo cual debe ser abordado con otras disposiciones que garanticen la continuidad educativa, bajo la responsabilidad directa del Estado. Estos subsidios en 2018 superan los 3 mil millones de pesos”, precisa Martín.
“La eliminación de este sostenimiento de las relaciones clericales tiene un sentido claramente democrático que la burguesía y sus partidos no están dispuestos a llevar adelante porque entrañaría liberar al pueblo de una opresión “espiritual” totalmente funcional a los intereses de la explotación del hombre por el hombre. Pero derechos democráticos elementales como la libertad de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo y su vida, la del hombre para asociarse a la mujer en una lucha común, la del conjunto para vivir en libertad la sexualidad son incompatibles con el dominio religioso impuesto a creyentes y no creyentes por la acción de fuerza del Estado. Presentamos este proyecto con el propósito de fortalecer la lucha popular contra el oscurantismo, la explotación y el sometimiento”, concluye la legisladora del FIT.