Familias también hacen “paro” y deciden no enviar a sus hijos a la escuela
No solo los docentes mantienen medidas de fuerza contra las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas familias han decidido no enviarlos hasta el 30 de abril, tiempo de vigencia del DNU presidencial que pide virtualidad en el Área Metropolitana (AMBA) para reducir la circulación de personas y bajar así los contagios de Covid-19.
Existe un colectivo llamado “Familias x Retorno Seguro a las Escuelas” que manifiesta en un comunicado: “Suscribimos al pronunciamiento de los Organismos de Derechos Humanos en el cual se llama a la sociedad a cumplir con las normas de cuidado de la salud incluidas en el DNU y en el que se respalda el paro de actividades de docentes y trabajadores estatales con el fin de garantizar estas medidas preventivas, llamando a las familias a no enviar a sus hijxs de manera presencial a la escuela. Sin salud no hay educación posible. Exigimos cuidado, respeto y cumplimiento del DNU presidencial”.
En el documento agregan: “En este contexto, arrojar a niñes, familias, docentes, auxiliares y a toda la comunidad educativa a una presencialidad forzada e insegura responde solo a intereses electorales, y a un profundo y sistemático ataque a la educación pública, que afecta, en definitiva, a todos los ciudadanos”.
El lunes 19 de abril, cuando debía empezar la virtualidad pero Ciudad abrió las aulas, muchas familias protestaron con el hasthag #mihijxnova. En el presente sigue en uso.
Esta situación se mantienen latente, según manifestó Margarita Contarelli, directora de la escuela Paul Groussac de Balvanera (Comuna 3): “En todas las escuelas más o menos hemos tenido que suspender la asistencia por los casos de contagio y por la gran cantidad de familias que empezaron a llamar y a enviar notas porque ya no quieren mandar a sus hijos e hijas porque sienten que hay un verdadero riesgo”. Este miércoles publicó una carta abierta en la CTAA que se volvió viral.
Las familias están avaladas por la Justicia para no enviar a sus hijos a las clases presenciales hasta el 30 de abril. El juez en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Scheibler, hizo lugar a la medida cautelar presentada por un conjunto de familias y ordenó al Gobierno porteño no computar las faltas a los estudiantes durante ese periodo.
En el fallo, el magistrado establece: “Que se respete la decisión de aquellas familias que decidan no concurrir a dichos establecimientos, sin que esto signifique la supresión de la vacante escolar, la quita de beca alguna, la pérdida de regularidad, ni el conteo de ‘faltas’ o cualquier otro tipo de sanción administrativa intra-escolar; y tengan el derecho a llevarlo a distancia sin ninguna merma curricular”.
Desde hace casi una semana el conflicto radica en que el Gobierno porteño desconoce del decreto presidencial y asegura que atenta contra la autonomía capitalina. Por eso presentó un amparo en la Corte Suprema y se espera que el máximo tribunal evalúe la situación, pese a que quedan pocos días para fin de mes.
Mientras tanto, hubo una serie de fallos que tensaron el clima social: tras el DNU, una cautelar de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones porteña dio luz verde al a presencialidad; dos días más tarde, un fallo federal pidió respetar el decreto. No obstante, el GCBA mantiene las escuelas públicas y privadas abiertas.
En ese contexto, los gremios docentes encontraron en la huelga la única forma de protestar contra la decisión del Gobierno porteño.