Con críticas, se aprobó la nueva Ley de cooperadoras escolares en CABA
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una Ley sobre la constitución y funcionamiento de las cooperadoras escolares en los establecimientos educativos de la CABA.
Según sus autores, promueve “la participación de las familias y de la comunidad educativa”, y busca “resguardarlas de la politización y otorgar mayor transparencia en su funcionamiento”. No obstante, hay críticas sobre su objetivo de ser “restrictiva” y “persecutoria”.
En CABA regía una ordenanza municipal de los años ochenta, ya que el GCBA no adhiere a la Ley nacional N° 26.759 de cooperadoras de 2012.
“El proyecto fue despachado por las comisiones parlamentarias de Educación y de Presupuesto, donde se analizaron proyectos de un particular, el Frente de Todos y Republicanos Unidos. Tras el debate en el recinto, se aprobó por 37 votos del interbloque oficialista más libertarios y 22 negativos del kirchnerismo e izquierda”, indica un resumen parlamentario.
“Las cooperadoras confeccionarán sus estatutos estableciendo en él sus objetivos, derechos y obligaciones, funcionamiento, patrimonio, socios, disolución, liquidación, entre otras cuestiones que se especifiquen. Podrá haber una por cada institución educativa y el Ministerio de Educación establecerá un estatuto marco”, explicaron los impulsores.
La autora del proyecto es Marina Kienast, quien integra el bloque Republicanos Unidos en el interbloque oficialista Vamos Juntos. Afirmó que el proyecto surgió luego de habar “con grupos de padres que se acercaron preocupados por la politización que hay dentro de algunas cooperadoras escolares”.
Dijo que se necesita “un marco regulatorio que las ampare”. Así, el artículo 16 de la Ley votada este jueves establece que una cooperadora escolar “no podrá” ser utilizada para “promover actividades con fines comerciales, político partidarios, religiosos y cualquier otro que sea ajeno a sus funciones” o “implique conflicto de intereses”.
De modo similar, Manuela Thourte (UCR) dijo que la ley busca “regular a las cooperadoras”, y agregó que es “imposible prohibir la participación política”, ya que eso “excede a los límites de cualquier ley” y “nadie puede decirle a otro qué pensar”.
No obstante, la legisladora Laura Velasco (Frente de Todos) afirmó, en cambio, que la norma se basa en la “pedagogía del miedo”, y que “restringe derechos a las comunidades educativas”.
Sostuvo que el Gobierno porteño “no escucha los justos reclamos” de los estudiantes sobre el mal estado edilicio de las escuelas, la mala calidad de las viandas y la precarización laboral que implican las prácticas profesionalizantes, mientras “en los últimos 15 años” redujo el presupuesto destinado a Educación en “12 puntos” porcentuales del total de gastos.
Luego, la legisladora Mercedes de Mendieta (Frente de Izquierda) afirmó que “quienes trabajan en las escuelas saben lo difícil que es conformar las cooperadoras, y con estas nuevas restricciones será todavía más complicado. La intención es constituir cooperadoras que sean sumisas a las políticas del Ministerio de (Soledad) Acuña”. Mientras los legisladores debatían, en uno de los palcos del recinto legislativo integrantes de “Cooperadores en Movimiento” mostraban carteles que definían la ley como “restrictiva”, y agregaban que “atenta contra la escuela pública”.
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