Clausuran fábrica de casas rodantes en Parque Chacabuco
En las últimas horas, fue clausurada por la emanación de gases y olores tóxicos, informó el Ministerio Público Fiscal porteño, en territorio de la comuna 7
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) solicitó diversas tareas de pesquisa en un establecimiento ubicado en la Avenida Cobo al 1700, que estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, a los fines de probar la existencia de irregularidades.
La crónica del hecho señala que la intervención se produjo a raíz de las denuncias de vecinos del lugar, por emanaciones que afectan a vías respiratorias superiores y la vista, con irritaciones y dolores de cabeza.
Así, se pudo establecer que los responsables de la actividad utilizaban un terreno no declarado y no habilitado desde diciembre de 2022. En el mismo, efectuaban los procesos productivos de fabricación de chasis, cúpulas y estructuras de trailers y casas rodantes de manera encubierta, eludiendo los controles.
La UFEMA, a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián, solicitó un allanamiento que autorizado por la titular del Juzgado Nro. 5, doctora María Fernanda Botana, durante el cual se logró verificar que la fábrica se encontraba en pleno funcionamiento, pese a tener una clausura vigente por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC)
En el detalle de la información se señala que la investigación estableció que a consecuencia de estos procesos productivos realizados en la clandestinidad, se generaron residuos peligrosos, como tachos de pinturas, restos de solventes, resinas, pegamentos y fibras de vidrio, los cuales no fueron acopiados ni separados correctamente.
Se imputó a los responsables por las contravenciones de arrojar sustancias insalubres o capaces de producir daños al espacio público (art. 57 CC), por ejercicio ilegal de una actividad (Art. 86 CC), y asimismo por violar la clausura impuesta por la autoridad administrativa (Art. 83 CC).
Ante los ilícitos ambientales graves constatados en flagrancia que afectan condiciones de seguridad medioambientales, el fiscal Rolero impuso la clausura preventiva judicial del establecimiento, hasta tanto se regularicen todas las cuestiones de funcionamiento, seguridad e higiene. Se intimó a la firma sancionada para que “disponga legalmente de todos aquellos residuos peligrosos acopiados dentro del predio” y se “acredite su traslado por un operador legal” dentro de CABA.
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