AMIA: pese al rechazo de Memoria Activa, la fiscalía pidió sobreseer a 12 imputados
La fiscalía a cargo de la causa por el atentado a la mutual israelita AMIA del barrio de Balvanera (Comuna 3) pidió el sobreseimiento de 12 imputados vinculados a la “pista siria” y otras líneas de investigación.
“Se busca sincerar la investigación y concentrarse en lo que corresponde”, indicaron en la Unidad Fiscal – AMIA (UFI-AMIA), a cargo de Sebastián Basso. El pedido lo hicieron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Basso solicitó que dicte el sobreseimiento de investigados en la llamada “pista siria”, en lo vinculado al volquete dejado en la puerta de Pasteur 633 antes de la explosión y la provisión de explosivos. Y con respecto a Carlos Telleldín, último poseedor de la Traffic usada como coche bomba en el hecho.
Los pedidos de sobreseimiento se cursaron para Alberto Jacinto Kanoore Edul (hijo) ;el expolicía bonaerense Víctor José Chabán, el por entonces dueño de una empresa de volquetes, “Santa Rita”; Nassib Haddad y sus familiares Pablo, Javier y Guillermo; y otro grupo de imputados que en esa época pertenecían a la concesionaria “Alejandro Automotores”: Víctor Monjo, Gabriel Meli, Edgardo Yema, Rodolfo Setau, Marcelo Delacour y Antonio Quiroga, consigna Télam.
Sobre la pista siria, la UFI-AMIA expuso: “Tras una extensa investigación, no se han logrado colectar elementos de prueba que nos permitan sostener que Alberto Jacinto Kanoore Edul y/o Víctor José Chabán hayan participado, colaborado o contribuido de alguna manera, en la comisión del atentado a la sede de la AMIA”. Alberto Kanoore Edul estuvo imputado también en la causa, era el padre de Jacinto Kanoore Edul y falleció el 27 de agosto de 2010.
“Con absoluta independencia del tipo de relación que pudiera haber ligado a ambas familias (amistad, actividades comerciales, vecindad, etc.), lo cierto es que no se acreditó -de ningún modo- que alguno de sus miembros hubiese tenido trato con Moshen Rabbani ni, mucho menos, que hubieran colaborado o participado en el ataque a la mutual judía”, argumentó la UFI-AMIA. Rabbani tiene pedido de captura internacional por el atentado. Fue agregado cultural en la embajada de Irán y su número de teléfono estaba presente en las agendas de varios imputados.
La querella de “Memoria Activa” cuestionó esta actitud: “Rechazamos los sobreseimientos pedidos por el fiscal Basso, sin una investigación serie ni exhaustiva, llena de maniobras, encubrimientos y dilaciones. Una vez más, pedimos se lo separe de su cargo. Hace tiempo pedimos se remueva al fiscal Basso de la UFI-AMIA por sus vínculos con la excamarista Riva Aramayo, partícipe del encubrimiento. Además, Basso fue nombrado sin consulta o proceso participativo y no demostró una labor seria en la causa”.
“Según la UFI-AMIA, se debe sobreseer a Kanore Edul, principal sospechoso de la línea “siria” de investigación. El allegado a la familia Menem fue justamente beneficiado por las maniobras de encubrimiento operadas desde el PEN y el Poder Judicial con el exjuez Galeano, condenado. La “exhaustividad” a la que refiere la fiscalía se contradice con la situación: acumulación de papeles y desclasificar información sin leerla completa. Además, no está analizado todo el material desclasificado, por lo que es imposible afirmar ahora que no hay pruebas”, manifestaron este lunes en redes sociales.
“Por ejemplo, en 2005, aparecieron parte de transcripciones extraviadas en la desclasificación de material, lo que reactivó la investigación sobre Kanoore Edul. Esto deja abierta la posibilidad de nuevos hallazgos. En definitiva, es una burla decir que se trabajó fuertemente y no existen pruebas suficientes contra el imputado. Además, recordamos que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo que un sobreseimiento, sin análisis 100%, no tendría valor”, sumaron.
“Respecto al pedido de sobreseer a Hadad, quien compró explosivos similares a los usados en AMIA, la fiscalía afirma que el sospechoso dice la verdad sobre su inocencia y que estaba mal hecho un peritaje que probaba una compra de mayor cantidad a la necesaria de explosivos”, puntualizaron.
“El peritaje se hizo hace 20 años y decía que Hadad había comprado cantidades mayores de explosivo a las necesarias para su obra. Ahora la UFI dice, sin fundar su afirmación ni incluir elementos técnicos comparables, que el estudio estaba mal hecho y que Hadad debe ser sobreseido. Más allá de la falta de argumentos, incluso si el fiscal tuviese razón, esto sería una prueba más de un trabajo ineficaz de la propia UFI, que, repetimos, se permite hablar de trabajo “exhaustivo” cuando no está el 100% del material desclasificado leído y mucho menos analizado”, concluyeron en Memoria Activa.