Alerta por el desempeño de fuerzas federales en suelo porteño
Desde el miércoles, las fuerzas de seguridad federales (Ministerio de Seguridad de la Nación) rodearon el Congreso para evitar cortes de calle. Fueron escoltados por efectivos de la Policía de la Ciudad, pero resultaron los grandes protagonistas, con una cantidad enorme de efectivos y vehículos. Así se replicó el jueves y el viernes.
Hubo efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal Argentina. El viernes se incorporaron de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Desde el inicio de la gestión libertaria y la asunción de Jorge Macri en CABA, las fuerzas federales se desempeñaron en suelo porteño para aplicar el llamado protocolo antipiquetes. Esta semana se volvió a ver la misma dinámica.
Ante esta situación, la presencia de uniformados federales en suelo capitalino, la legisladora porteña Claudia Neira (Unión por la Patria) presentó un proyecto de Declaración para exigir que se respete la autonomía porteña.
“En oportunidad de una nueva concentración a la Plaza del Congreso de la Nación convocada por distintos espacios políticos y sociales a fin de manifestarse en relación a la sesión especial en el Honorable Congreso de la Nación Argentina, La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Jefe de Gobierno abstenerse de convalidar y/o legitimar la intervención de Fuerzas Federales en nuestro territorio y haga respetar nuestra autonomía y el rol de la Policía de la Ciudad, conforme los principios de actuación establecidos de la Ley N° 5688”, plantea el proyecto.
La defensa de la Declaración menciona que el artículo 129 de nuestra Constitución Nacional establece la autonomía de nuestra Ciudad desde su reforma en el año 1994, dando lugar a un largo proceso de transferencia de las fuerzas de seguridad que ya fue efectuado casi en su totalidad, con la excepción – que reclamamos constantemente- de determinadas zonas del sur de la Ciudad.
“Nuestra Ciudad cuenta con fuerzas de seguridad locales que suman más de 26.000 efectivos en condiciones suficientes para atender las necesidades de contención de manifestaciones públicas en nuestra jurisdicción”, contextualiza Neira.
Luego, menciona la situación que se vive en CABA desde el inicio de la gestión libertaria: “Sin embargo, el pasado 20 de diciembre de 2023 fuimos testigos del inaudito accionar de cientos de efectivos de las distintas Fuerzas Federales en las calles de nuestra Ciudad ante una concentración originada en el recuerdo a las víctimas del 2001. Esta intromisión inédita en nuestra soberanía de seguridad es una clara afrenta a la autonomía porteña y lesiona gravemente la potestad en esta materia”.
En esta línea, repasa lo sucedido el miércoles 31 de enero, primer día de la sesión especial en Diputados: “El día 31 de enero, en una nueva concentración de partidos y organizaciones políticas, sociales y culturales que manifestaban su desacuerdo con la denominada “Ley Ómnibus”, un gigantesco operativo de seguridad desplegado por fuerzas federales sorprendió a los porteños y porteñas, frente a la inacción de las fuerzas de seguridad locales. En este sentido, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal formó parte de un despliegue desproporcionado para las aproximadamente 7.000 personas que manifestaban (según los propios organizadores). Según el Ministerio de Seguridad de la Nación se trató de un “operativo preventivo” para custodiar el perímetro del Congreso Nacional donde se desarrollaba la sesión especial. Es importante volver a remacarlo: las Fuerzas Federales custodian el Congreso, que es un objetivo nacional. No es su función ni está habilitada para “garantizar la libre circulación” en las calles de la Ciudad. Por tal motivo no puede aplicar un protocolo nacional en la Ciudad. En territorio de la Ciudad de Buenos Aires, la seguridad y el tránsito son funciones indelegables de la Ciudad”.
“Ante los dichos de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich quien afirmó sus intenciones de hacer cumplir el “protocolo antipiquetes”; es decir, intervenir en la jurisdicción de la Ciudad con un protocolo que no es aplicable en la misma; y ante una movilización convocada nuevamente para el día de la fecha, la Legislatura porteña exige al ejecutivo el respeto irrestricto de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad, que garantice el efectivo cumplimiento al derecho de protesta pacífica y se adecúe a los parámetros y protocolos vigentes”, concluye la defensa del proyecto de Neira.
Juan Castro