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Denuncian “el posible uso indebido” de datos del 147 para la campaña del oficialismo porteño

Trabajadores de un call center con contrato con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apoyados por la Defensoría de Laburantes, denunció el “posible uso indebido de datos personales de la ciudadanía recopilados por el GCBA (a través de la línea 147) en la campaña electoral de Vidal y Santilli”.

“Creemos que, como sociedad, necesitamos que se investigue por qué los datos personales entregados al GCBA están siendo utilizados para otros fines, principalmente para campaña electoral. También, al estar involucrada la misma empresa, queremos que investiguen si se están utilizando recursos públicos para financiar estas campañas”, manifestaron desde la Defensoría.

Asimismo, habilitaron un formulario online para que se contacten aquellos trabajadores que hayan vivido una situación de este tipo.

La abogada de la Defensoría de Laburantes, Tamara Rossi, explicó: “Esto empieza con una concesión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa. En marzo de este año el Gobierno de la Ciudad amplió la concesión que tenía con la empresa GIV en un 2.400%”.

“El primer eje es el presunto financiamiento público de la campaña por esto que aumentaron ese objeto de contrato a esta empresa de call center. No había habido un cambio de objeto del contrato. No se habían sumado tareas que justificaran esta suba del presupuesto a ese contrato de concesión”, añadió, consigna Nota al Pie.

Desde @la_defe estamos denunciando la precarizacion de laburantes, el uso indebido de nuestros datos y el posible financiamiento público de la campaña del PRO. Cartón lleno? Si, cartón lleno. https://t.co/ECJQKw3fRO

— Tamara Rossi (@tamy_107) September 2, 2021

“El segundo punto es la información de los ciudadanos y ciudadanas. La empresa, al ser la misma que trabaja en la línea 147, cuenta con toda la información para lo que concierne a la gestión del gobierno. Pero el Gobierno y esta empresa, ilegalmente, están utilizando esa base de datos para su compaña”, denunció Rossi.

“El tercer eje es la precarización y nosotros ya tenemos acciones legales iniciadas. Trabajaban 12 horas de corrido de jornada de lunes a sábado, con solo dos descansos de media hora. Incluso, se les pedía que no tomaran agua para que no tuvieran que perder el tiempo en ir al baño”, alertó y precisó que hay cerca de 100 trabajadores a los que “les pagaban $23.000 mensuales, muy por debajo del convenio de la actividad. Esto en un marco de hostigamiento, presiones y malos tratos”.