Beneplácito por el fallo Levinas que empoderó al Tribunal Superior de Justicia porteño
La legisladora Aldana Crucitta (UCR) presentó un proyecto para que la Legislatura celebre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que habilitó al Tribunal Superior de Justicia de la CABA (TSJ) a ser el órgano ante el cual deben recurrirse las sentencias de las Cámaras Nacionales.
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa su beneplácito al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa: “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia” CSJ 325/2021/CS, publicado con fecha 27 de diciembre de 2024, por contribuir explícitamente a la consolidación de la autonomía de la Ciudad”, sostiene la Declaración.
“En estos 30 años se han logrado grandes avances en materia de autonomía y sin dudas la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el fallo Corrales a la fecha nos viene marcando el camino de manera sostenida sentando una jurisprudencia clara. Tal es así, que el 27 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia a de la Nación, emitió el fallo “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia” CSJ 325/2021/CS, culminando con las discrepancias iniciadas hace 30 años con la reforma de la Constitución Nacional y a 28 años de la sanción de la de la constitución porteña”, fundamenta el texto firmado por la legisladora.
“Ello dado que, sienta nuevamente precedente sobre la competencia jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) como órgano revisor de una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, “Corrales”, “Nisman” y “Bazán” que fueron sentencias que tuvieron la misma mayoría”, plantea.
“Señoras y Señores Diputados y Diputadas, los porteños y porteñas podemos elegir a nuestro Jefe o Jefa de Gobierno, a nuestros Senadores y Diputados Nacionales a nuestros Diputados locales, vale aclarar desde hace muchos años ya no son Concejales, creamos nuestra propia policía con todas sus competencias como sucede en cualquier otra provincia, controlamos nuestra red de subterránea de transporte, acabamos de recibir el control de las 31 líneas de colectivos que transitan exclusivamente por nuestro territorio y hace pocos días, en esta Casa, hemos sancionado la puesta en funcionamiento y el Código de nuestra propia Justicia del trabajo y a pesar de todo el camino recorrido y el trabajo realizado, la política sigue en deuda con la manda Constitucional”, finaliza el texto firmado por Crucitta.
En tanto, hubo entidades judiciales que criticaron el fallo. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó: “La decisión que, por mayoría, tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso llamado “Levinas”, en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el órgano ante el cual deben recurrirse las sentencias de las Cámaras Nacionales, ha provocado reacciones encontradas. Por un lado, se destaca el enorme aporte de lo decidido en favor de la plena autonomía de la ciudad y del respeto al texto explícito de la Constitución Nacional. Por el otro, se objeta que la ausencia de una ley que habilite un cambio institucional tan significativo, no puede ser superada por una decisión de la Corte Suprema. No obstante, lo cierto es que se trata de una decisión del más más alto Tribunal de la República, intérprete final de la Constitución, que debe ser fielmente acatada”.
“En esas condiciones, cabe advertir que la implementación práctica de la sentencia no se encontrará exenta de dificultades. En efecto, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Cómo se resolverán los problemas derivados de la diferencia entre los sistemas de gestión de causas Lex 100 y EJE? ¿Qué impacto tendrá el uso de reglas procesales diferentes en el trámite de los expedientes? ¿Qué medidas se están considerando para superar los desafíos que genera la aplicación del fallo? Para tratar de evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados/as intervinientes, el CPACF requiere la composición urgente de una mesa de trabajo con los actores involucrados, en la que la abogacía tiene que estar presente para tratar de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten”, agregaron.
Juan Castro