Columna de opinión: Tierras públicas nacionales – un modelo monárquico

Sabido es que los exiguos poco más de 4 m2/hab. de espacio verde público por habitante que gozamos los habitantes y visitantes de la Ciudad de Buenos Aires están muy alejados de los 10 a 15 m2/hab recomendados internacionalmente

¿Cómo es que en la República Argentina se pueden vender oficialmente tierras del dominio público del Estado Nacional (ferroviarias, militares, etc.) por decisión de una sola persona a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional y sin pasar por el Congreso de la Nación como marca la Constitución Nacional? ¿Estaremos yendo hacia el medioevo europeo, tiempos en que «el Señor» de la comarca determinaba por su sola voluntad el destino de «sus» tierras? Es por demás significativo que ninguno de los partidos políticos que tuvieron o tienen funciones de gobierno («republicanos», «populistas», «defensores de la independencia de la justicia», «defensores de las instituciones», «defensores de las mayorías populares», “defensores del déficit cero”) denuncien o se manifiesten públicamente contrarios a esta situación. ¿Por qué será? ¿Qué los une en este fraude institucional que banaliza el ejercicio ilegal y arbitrario del poder sobre la tierra pública? ¿Será que, a partir de la última década del siglo pasado, los inversores inmobiliarios se dieron cuenta que las últimas tierras que quedaban aptas para sus beneméritos fines eran las del Estado Nacional? Y qué, además, ¿muchas de ellas estaban ubicadas en las zonas más cotizadas?

Creación de organismos ad hoc

A pesar de que la Constitución Nacional otorga facultades sólo al Congreso de la Nación para «Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional» (art. 67 – inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y modificaciones y art. 75 – inc. 5 de la de 1994), diferentes administraciones nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires han optado por hacerlo a través de Decretos del Poder Ejecutivo Nacional o simples convenios firmados por Intendentes o Jefes de Gobierno. Otro artilugio utilizado ha sido la creación, también por Decreto, de organismos como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios – ENABIEF- y su sucesor el Organismo Nacional de Administración de Bienes -ONABE-, sociedades anónimas como la Corporación Antiguo Puerto Madero -CAPM SA- (1989), Sociedades del Estado como la Administración de Inmuebles Ferroviarios SE -ADIF SE- o, últimamente, Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA (2012) como subproducto de la fraudulenta Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE- a quienes se les transfirieron las tierras nacionales y la facultad de enajenarlas..

2012 / Se «institucionaliza» la venta y urbanización de tierras públicas nacionales por Decreto

Teniendo en cuenta los antecedentes descriptos, la creación de la AABE sólo resulta ser un salto cualitativo en las “políticas de Estado” que se venían desarrollando a través de diferentes administraciones nacionales y de la Ciudad desde hacía muchos años. En efecto, en agosto de 2012 y estando el Congreso Nacional en pleno funcionamiento, la presidenta en ejercicio toma un atajo y rubrica el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1382/12 por el cual se crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE- y se le transfieren a ella todas las tierras nacionales (ferroviarias, militares, Isla Demarchi), pasándole por encima a toda la legislación vigente. A fines de septiembre de 2012 el Decreto PEN N° 1722/12 comunicó la creación de un Polo Audiovisual en 12 ha de tierras públicas nacionales situadas en Isla Demarchi. A continuación, por Decreto PEN Nº 1723/12 se desafectó del uso ferroviario las tierras del dominio público del Estado Nacional pertenecientes a tres explayas ferroviarias. Palermo de 16 ha, Liniers de 42 ha y Caballito de 16 ha, En diciembre de 2012 el partido gobernante a nivel nacional y «opositor» en la Ciudad de Bs As -el FpV- impulsó en la Legislatura local un proyecto de ley -autoría de Ibarra, Cerruti y Cabandié- para urbanizar esas tres playas ferroviarias desafectadas anteriormente, las más importantes de la Ciudad, aprobándose en tiempo récord la Ley N° 4.477 que así lo determina. En un acuerdo explícito con el PRO, partido «opositor» a nivel nacional y so pretexto de dedicarle otra playa a la «vivienda popular» también liquidan la playa ferroviaria correspondiente a Estación Buenos Aires (Ley N° 4.474) donde IRSA se encargó de todo el proceso de urbanización y construcción.

2016 – 2019 / Festival de venta de tierras publicas

En base a la normativa creada por el anterior gobierno nacional (FpV posteriormente FdT, actualmente UxP) el gobierno «opositor» que asume en diciembre de 2015 (JxC = PRO + UCR + CC y aliados) inicia un verdadero festival de venta de inmuebles nacionales por decreto amparándose en el DNU 1382/12 y su reglamentario el Dto. PEN N° 2670/15. Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad -vía mayoría automática en la Legislatura- sanciona leyes modificatorias de la normativa, que permite urbanizarlos. Es así como en 2019, en base al concurso de arquitectura de 2012/13 patrocinado por la ANSES, se comienza a vender y construir en la playa ferroviaria de Palermo.

2024 – … /

¿Cuánto tardará el actual gobierno nacional en liquidar el resto de las playas ferroviarias utilizando la AABE y a Playas Ferroviarias SA creadas ambas en 2012?

Encubrimiento y banalización del fraude

Pero esa complementación, que se mantiene incólume a través de las sucesivas administraciones nacionales y de la Ciudad, es ocultada maliciosamente por representantes y seguidores de ambos espacios políticos. «Oficialistas» y «opositores», intercambiando roles según el momento, siempre coinciden en sus intereses. Son un sector de expertos y pretendidos representantes ligados directa o indirectamente a los poderes de turno, que nunca denunciarán la existencia ni solicitarán la disolución de la CAPM SA, de la AABE o de Playas Ferroviarias SA como exponentes y responsables máximos de los negocios ilegales que configuran el saqueo del patrimonio público argentino. Cuando en plena pandemia, entidades del colectivo “tierras ferroviarias verdes” presentamos cinco (5) proyectos de ley que propiciaban la derogación de las leyes de urbanización de playas ferroviarias y su conversión en espacios verdes públicos, como así también la no comercialización de los bajoviaductos ferroviarios, no fue posible su tratamiento por la falta total de adhesiones de algún bloque significativo. En estos momentos en que el PE de la Ciudad envió a la Legislatura el proyecto de ley de apertura de calles en la explaya ferroviaria de Palermo (según el concurso de 2012/13) grupos de vecinos proponen que se elimine parte de esa apertura (un sector ya está consolidado) pero que se mantengan las zonas potencialmente construibles. Así, se ampliaría en un cierto porcentaje la superficie verde restante, pero respetando la ley N° 4477.

El pensamiento único y sus consecuencias

El «pensamiento único» se ha impuesto. A pesar de las apariencias y los discursos, en este tema ya no hay más “liberales”, «neoliberales» o «nacionales y populares». Lo que más importa a los integrantes de los partidos gobernantes es como hacer negocios con la cosa pública (la «Res Pública»). Los nombres o siglas que antes los representaban (y sus correspondientes «opositores»), ya son sólo un recuerdo. Existen «alianzas», «frentes» o rejuntes varios que constituyen verdaderas UTEs (Unión Transitoria de Empresas) dedicadas a explotar, liquidar o negociar lo público, ya sean empresas, bienes o tierras. Las normas de planeamiento urbano en CABA, el GBA y también en otras zonas del país se encuentran al servicio de la especulación inmobiliaria y el lavado del dinero ilegal (ver leyes de blanqueo). Este «desarrollo urbano» basado en esa especulación inmobiliaria es un poderoso factor de contaminación del aire, la tierra y el agua (ríos y arroyos entubados y a cielo abierto), también el principal factor en el deterioro psíquico y físico de su población.

Arq. Osvaldo Guerrica Echevarría