Medida de fuerza de Camioneros dejó a la Ciudad sin recolección de residuos
El domingo por la noche la Rama de Recolección y Barrido del sindicato de Camioneros se declaró “en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento” en “defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”.
El sindicato reclamaba por el mal estado de los camiones de la recolección y la intención del GCBA de estatizar a los 300 choferes de grúas.
Esto se vincula con el contrato de grúas y acarreos que el Gobierno porteño preadjudicó en diciembre pasado, en medio del cambio de gestión.
Los trabajadores pedían no ser estatizados, denunciaban que así perdían derechos adquiridos.
El GCBA el lunes mantuvo una gestión y acordó que los empleados seguirán bajo relación de dependencia mediante la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires.
Ese mismo lunes se depuso la medida de fuerza y el martes pasado el mediodía se empezó a normalizar el servicio de forma plena.
No obstante, el jefe de Gobierno Jorge Macri decidió anular la preadjudicación. “El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato. El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio”, indicó un comunicado firmado por Jorge Macri.
“La decisión se tomó ya que implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años”, expuso el texto capitalino.
“La decisión de dar de baja la preadjudicación se tomó ya que resultaba muy onerosa para la Ciudad y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años. Esa preadjudicación implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares. Además, se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”, agrega la comunicación oficial.
“A principios de diciembre de 2023, a pocos días de finalizar la anterior gestión, el gobierno de la Ciudad pre adjudicó el sistema de grúas y acarreo a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario”, sumó.
“El contexto económico actual obligó a la Ciudad a revaluar los costos, optimizar los recursos y mantener los estándares de los servicios. Desde la convocatoria a la licitación en 2022 a la fecha, la Ciudad se hizo cargo del sistema de grúas y acarreo absorbiendo a la totalidad de los empleados y manteniendo su encuadramiento en el gremio de Camioneros. La Ciudad continuará evaluando la mejor forma de contratación para la optimización del servicio”, finalizó el comunicado del GCBA firmado por el jefe de Gobierno.
En tanto, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Vamos por más) presentó una denuncia penal contra el “clan Moyano” por la medida de fuerza de Camioneros.
“Mi denuncia penal por extorsión contra el clan Moyano cayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, planteó el legislador.
“¿Qué tiene que ver la licitación de grúas con que los porteños suframos la extorsión de Moyano? En el año 2022 se cae el sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires porque en la legislatura se arma una sesión especial, faltaba el voto de la Coalición Cívica, Carrió determina que había que ir a votar para que se caiga el sistema irregular de 20 o 25 años, y que pagaban 55 mil pesos por mes hasta el 2022. Como eso se iba a caer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determina estatizar el servicio en 24 horas”, manifestó.
Estos dichos le valieron agravios por parte del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien lo llamó “del ganso”.
Ante este hecho, el legislador Hernán Reyes (Vamos por más) presentó este proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su repudio a los agravios vertidos por Pablo Moyano contra el legislador Facundo Del Gaiso, quien lo denunció por la extorsión llevada a cabo a través de la interrupción de la prestación del servicio de recolección de residuos”.
“La presente declaración tiene por objeto repudiar los dichos agraviantes perpetrados por el secretario adjunto del sindicato de Camioneros contra Facundo Del Gaiso, legislador de este cuerpo, en declaraciones a Radio 10. Estas declaraciones se dan como respuesta a la denuncia penal presentada por Facundo Del Gaiso ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 contra Pablo Moyano por la amenaza que tuvo lugar través de la interrupción del servicio de recolección de residuos por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones, que se revela como una clara intimidación que pone en riesgo la seguridad y la salubridad de los que habitan y transitan diariamente nuestra Ciudad de Buenos Aires”, resaltó la defensa.
“Un servicio de recolección de residuos que no presentaba ningún conflicto previo y que casualmente se inicia luego de la decisión del Poder Ejecutivo de frenar el proceso licitatorio del servicio público de acarreo que se encontraba en curso. Las amenazas y los agravios no tienen lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que le solicitamos a esta Legislatura el tratamiento y la aprobación del presente Proyecto de Declaración”, concluyó el texto firmado por Reyes.
Por otra parte, la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda) presentó un proyecto de Declaración para que “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo declare nulo el proceso licitatorio mediante en cuál se pretende concesionar el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad. Así mismo, insta a la creación de una empresa 100% estatal para la prestación de dicho servicio”.
“Desde hace años el servicio de grúas y acarreos de nuestra ciudad ha sido sospechado por corrupción por ser uno de los negocios más apetecibles para el sector privado y poco controlado por los respectivos gobiernos, dadas las características y el marco de pseudo-legalidad bajo el que funcionó durante décadas. Tales fueron los escándalos y denuncias públicas alrededor de los manejos de las históricas empresas del sector que trabajaban con contratos vencidos desde 2001, que en 2022 el entonces Jefe de gobierno Rodríguez Larreta tomó la decisión de interrumpir la operación de SEC y STO y desde octubre de dicho año, la Ciudad se hizo cargo del sistema de acarreo a través de SBASE”, introdujo la defensa del proyecto para resumir la historia de esta concesión.
“Además de pagar un irrisorio canon de $ 55.000 mensuales, dichas empresas acumulaban quejas y polémicas por acarreos injustificados, malos tratos a los vehículos remolcados y hasta denuncias por excesos de velocidad. Siempre sospechadas de estar ligadas a dirigentes del gremio camioneros, estas empresas manejaron durante décadas un negocio multimillonario que solo dejaba migajas en las arcas de la Ciudad. Pero si todo lo relacionado a este servicio ha sido polémico, más lo fue el proceso licitatorio abierto por el anterior gobierno para volver a concesionar el servicio de grúas y acarreo. Dicho proceso tuvo su capítulo más relevante de los últimos tiempos cuando, a finales de la administración Larreta, fueron preadjudicadas empresas que aparentan ser las mismas cuestionadas por la explotación del servicio en las décadas pasadas. Pero lo más escandaloso ha sido la modalidad elegida para que se desarrolle esta actividad en la que la Ciudad ya no solo dejaría de recibir un canon por la explotación de este multimillonario negocio, sino que pasaría a pagarle a las empresas por el servicio”, agregó sobre la problemática.
“Al día de hoy, esto significaría la friolera de 57 mil millones de pesos por 10 años y según los dichos del actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri: “…esa preadjudicación hay que revisarla porque es medio escandalosa”. Y si bien Macri no puede ocultar lo escandaloso de lo que se pretende con esta concesión, lo cierto es que dice que solo hay que revisarla y nosotros creemos es de ninguna manera tercerizar este servicio será beneficioso para la ciudad. No es menor el hecho de que, desde que la ciudad se hizo cargo del servicio a través de SBASE, éste ha sido muy superavitario y ha reportado ingresos millonarios a las cuentas públicas a pesas de que hoy por hoy ha recortado su intervención en las calles”, planteó el texto firmado por la legisladora Fierro.
“Este tema ha sido objeto de discusión y de discursos encendidos dentro del recinto en reiteradas ocasiones, pero nunca se pudo avanzar en darle una solución definitiva y muy provechosa para la ciudad, que es la estatización definitiva del sistema de grúas y acarreos con la creación de una empresa 100 % estatal que garantiza un servicio de calidad que reporte ingresos millonarios a las arcas públicas. Durante años, diferentes Diputados y Diputadas de mi bloque que me antecedieron, han presentados proyectos para la estatización de este servicio tercerizado, garantizando la continuidad de todos los puestos de trabajo”, manifestó.
“E insistimos porque negocios como estos no pueden ser rapiñados por privados en detrimento de la ciudad. Lo mismo sucede con el servicio de recolección de residuos, el principal contrato privado de la ciudad, que se lleva cientos de millones de pesos del presupuesto anual, pagando más de un 500% de sobreprecio comparado con lo que gasta la ciudad en la limpieza de los barrios en donde por ley lo hace el Estado de la Ciudad a través del Ente de Higiene Urbana. Por eso pedimos la anulación de una licitación completamente desfavorable para la ciudad mientras exigimos la creación de una empresa 100% para continuar esta tarea, hoy en manos de SBASE”, concluyó el texto de Fierro.
Juan Castro