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Impulsan la Ley de Simplificación

El jefe de Gobierno Jorge Macri presentó un proyecto de Ley tiene que tiene “por objeto simplificar y reducir las cargas y los trámites administrativos, a través de la modificación y derogación de distintos cuerpos normativos”.

Según la defensa elaborada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, este cambio “se enmarca en un firme compromiso de nuestra Ciudad de generar eficiencia en los trámites que el sector privado, y la ciudadanía en general, realiza frente a la administración”.

El proyecto de Ley que se acompaña al presente mensaje impulsa la simplificación de más de 35 trámites y requisitos, la eliminación de aproximadamente 10 de ellos, la derogación total de alrededor de 15 normas y la derogación parcial de más de 60.

“Cabe mencionar que, con este mismo objetivo, entre 2020 y 2022 se sancionaron las Leyes 6.316, 6.513 y 6.616. En efecto, estas normas tuvieron como eje central la mejora de la calidad del universo normativo que regula los procesos a los que se someten las distintas actividades económicas de la Ciudad. De este modo, se impulsaron mejoras en los marcos regulatorios, eliminando requerimientos para el sector productivo de la Ciudad y simplificando diversos trámites”, repasan fuentes oficiales.

Según el GCBA, para hacerlo se han seguido los lineamientos y buenas prácticas en materia de calidad regulatoria, emanados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El proyecto de ley que se impulsa promueve “modificaciones que permiten avanzar hacia la digitalización de los trámites y de la información, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta y lograr que las personas destinatarias de los servicios que la administración brinda puedan ser autónomas en sus gestiones”.

El proyecto de Ley propicia la eliminación de requisitos relativos a documentación que debe ser presentada por la ciudadanía en el marco de diversos trámites, con el objeto de dotarlos de mayor agilidad.

En particular, se promueve “la eliminación de entrega de información que puede suplirse mediante la gestión integrada de la información y la interoperabilidad”.

Con el propósito de contribuir con el principio de simplificación normativa, se propicia la derogación de normas y artículos que generan una duplicidad normativa, contienen como único objeto la remisión a otras normas, o bien, quedaron obsoletas por el paso del tiempo y el cambio de costumbres de la sociedad. Un ejemplo de este último caso es la Ordenanza 2.698, de fecha 21 de mayo de 1907, que establece la prohibición del juego del barrilete en todo el municipio de la capital.

Bajo ese mismo marco de ideas, cabe hacer referencia también a la derogación de las Ordenanzas 46.625 y la 44.103, propuestas en la norma proyectada, toda vez que sus prescripciones ya se encuentran receptadas en el Código de Edificación de la Ciudad.

Entre las mejoras propiciadas, se destacan la eliminación del plazo de vigencia del Certificado de Aptitud Ambiental para aquellas actividades económicas catalogadas como Sin Relevante Efecto, como así también la posibilidad de tramitar de forma conjunta la aprobación del sistema de autoprotección y de los planos contra incendio.

Asimismo, se propone “la eliminación de la intervención profesional en las Declaraciones Responsables de las solicitudes de autorización económica de baja criticidad”. El proyecto también propicia la eliminación de diversos registros que, a partir del análisis regulatorio efectuado, son considerados obsoletos.

Entre estos registros se encuentran: el Registro Público de Escuela de Guardavidas; el Registro de Prestadores de Medicina del Deporte; el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga; y el Registro de Consultoras de Impacto Ambiental.

“Reducir las cargas administrativas de las regulaciones gubernamentales en los ciudadanos, los negocios y el sector público, a través de la simplificación administrativa, es una política de estado que busca mejorar el desempeño económico y la productividad, facilitar el desarrollo de las actividades comerciales y/o productivas, estimular la generación de empleo y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de todos aquellos que eligen a la Ciudad de Buenos Aires para vivir, estudiar, trabajar y emprender”, finalizó el Poder Ejecutivo porteño.

 

Juan Castr0