Retiro: repudian la detención de una mujer que dormía con sus hijos en un edificio abandonado
Organismos de Derechos Humanos, legisladores porteños de la oposición y entidades civiles repudian que la Policía de la Ciudad haya detenido en la madrugada del miércoles a una mujer de 37 años que, como fue echada del lugar donde habitada, entró a dormir con sus ocho hijos a un inmueble abandonado del Barrio 31 de Retiro (Comuna 1) conocido como El Hotelito, sobre el cual rige una medida judicial de desalojo emitida por el Juzgado N°17.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires explicaron a Télam lo ocurrido: “Los efectivos tomaron contacto con el magistrado actuante, que ordenó que se entable una conversación con la mujer para que deponga su actitud y pueda abandonar el predio. Como la mujer no revirtió su decisión de instalarse, los oficiales volvieron a consultar con la Fiscalía y se ordenó su detención. Además, se hizo presente el SAME por precaución para preservar la integridad física de los menores”.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hizo una denuncia ante el accionar de las fuerzas de seguridad porteñas. Además, la legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro, denunció que la Policía de la Ciudad actuó “por fuera de la ley”: “Tienen que explicar cómo se llevó adelante el operativo porque los vecinos nos contaron que los policías agredieron a los niños, los golpearon y se los llevaron como si fueran delincuentes. No podemos permitir que no se respeten los derechos de los niños”. La representante porteña dijo que evalúa la presentación de una denuncia penal.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de DDHH se manifestaron mediante este comunicado: “Nuevamente la criminalización se cierne sobre los sectores populares, cada vez más empobrecidos por la profunda y creciente desigualdad. Más de la mitad de las niñas y niños son pobres e indigentes. La familia de Carolina y sus hijos e hijas son el ejemplo dramático de la brecha social que atraviesa nuestra sociedad”.
Suman: “Reclamamos la libertad inmediata y el no procesamiento de Carolina, así como la adjudicación de viviendas dignas para la población mas vulnerable de la CABA”.
La entidad Consejerías de Vivienda emitió este comunicado: “Carolina D., junto a sus 8 hijes, se vio empujada a buscar un techo por cuenta propia, ante la inacción total del estado frente al drama de los desalojos, que a pesar del DNU 66/21 siguen en alza en todo el país, en particular CABA. La vecina y sus hijes fueron violentamente desalojades, como muestra el video. Además, el operativo incumple todo tipo de protocolo para realizar desalojos: es de noche, se golpea a niñes, sin ningún aviso previo, sin solución habitacional alternativa y demás falencias”.
“El hotelito de la Villa 31 es un emblema de la lucha, la organización y la recuperación de espacios ociosos. Varias vecinas a cargo de sus familias, luego de ser desalojadas, decidieron no estar en situación de calle en medio de una pandemia y convirtieron en vivienda un espacio ocioso que el gobierno de la ciudad jamás terminó. Dicho sea de paso, muchas de estas mujeres escapaban de violencia doméstica, la otra gran pandemia que azotó a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y niñeces durante el aislamiento obligatorio”.
“Hoy Carolina está presa, le imputan usurpación y desobediencia con intervención de la FPCyF 15. Fue trasladada a la Alcaidia 1 para fichas y médico, y lo que sigue es un destino incierto. La criminalización de quienes luchan por el derecho a un techo, en particulr disidencias, mujeres y más si son migrantes, está a la orden del día. Hace pocos días recuperó su libertad Belén Guevara, presa en una situación similiar a la de Carolina, liberada gracias a la movilización popular. O hace meses, el desalojo violento de otra mujer y sus hijes de viviendas no adjudicadas en el Playón de Chacarita usando las fuerzas represivas. Esto demuestra que hay responsabilidad compartida de todo el gobierno de la ciudad, tanto la secretaría de integración social y urbana (que interviene en la Villa 31, a cargo de Diego Fernández), como del IVC (con Juan Maquieyra a la cabeza, que opera en las demás barriadas de la ciudad)”.
“Mientras que las organizaciones sociales denunciamos los desalojos sin fin en las barriadas en medio de una pandemia y crisis económica sin precedentes, ni el IVC ni Desarrollo Humano y Habitat (con Migliore y Corach como principales responsables) se niegan a generar un programa de subsidios para inquilines precarizades, y miran para otro lado ante el sistemático incumplimiento del DNU 66 en las villas, hoteles y pensiones de la ciudad”, concluyeron.