La Justicia porteña no asegura el acceso a la educación en la Ciudad
Una insólita acción del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño ya generó polémica, en un fallo contra las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública, las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, y los jueces Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, integrantes del TSJ determinaron mediante una sentencia que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada. El máximo tribunal de la Ciudad resolvió que el acceso al nivel inicial de la educación pública puede verse limitado por “prioridades” y vacantes disponibles, vulnerando el derecho elemental a la educación de miles de niños y niñas porteños. El TSJ falló que “no existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial”, nivel al que asisten miles de niños y niñas antes de ingresar al preescolar.
Un claro pasó en la privatización del sistema educativo porteño, luego de reconocer que el derecho a la educación se encuentra reconocido en la Constitución y diversos tratados internacionales, el Tribunal realizó una forzada distinción entre la educación pública: la “obligatoria”, que comprendería únicamente al nivel primario y secundario, y la “no obligatoria”, que comprendería al nivel inicial. Desde los sindicatos docentes expresaron que la medida se trata de una “sentencia vergonzosa que busca limitar el acceso a la educación pública y atacar a quienes luchan y reclaman año a año por el acceso universal a las vacantes”.
Y aclararon que la Constitución porteña es muy clara al respecto y en su Artículo 24 establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) señaló que Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos.
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