Coparticipación: el GCBA denunciará a funcionarios que incumplan el fallo de la CSJN
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, informó que la administración porteña hará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para “informar del incumplimiento llevado a cabo por el Gobierno nacional” de la cautelar que ordena restituir fondos coparticipables a CABA: “Vamos a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”.
El mandatario criticó en conferencia de prensa la decisión del Gobierno nacional de no acatar lo dispuesto por el máximo tribunal: “El presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia”.
Además, informó que “el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”.
El jefe de Gobierno cuestionó que “gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias, hoy apoyan el hecho de que el Gobierno Nacional pueda arbitrariamente sacarle fondos a un distrito autónomo. Apoyan que el presidente de la Nación se ponga por encima de la Constitución Nacional”.
El jefe de Gobierno aseguró que “esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando, son los últimos actos desesperados frente a un país que quiere cambiar”. Y agregó: “No vamos a permitir que se lleven puesta la República. No vamos a permitir que dejen a la Argentina al borde del abismo. Y no vamos a permitir que les mientan en la cara a los argentinos”.
Cumplir la Constitución no es opcional. BASTA de atropellos. BASTA de impunidad. BASTA de violar la Constitución. pic.twitter.com/WtYNifTo7i
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 23, 2022
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso una medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley nacional N°27.606 de 2020 y ordena a la gestión nacional otorgarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables (en el marco de la Ley nacional N°23.548).
En 2020 Nación recortó fondos al GCBA, el cual acudió a la CSJN con un amparo. Luego hubo audiencias de conciliación entre Nación y Ciudad para buscar una solución política: los montos que planteaban ambas administraciones eran muy distintos. Por eso se pronunció la Corte.
Una comunicación oficial del GCBA analiza: “La Corte ordenó el miércoles restituir fondos de la coparticipación a la Ciudad, quitados de forma unilateral por el Gobierno Nacional. El fallo del máximo tribunal señaló que la demanda se encuentra fundamentada y que la quita de recursos alteró la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que se provee a la población. Asimismo, aclaró que las transferencias de servicios y competencias -con sus recursos correspondientes- se sustentan en acuerdos de partes y que el Gobierno nacional no puede reducir el financiamiento unilateralmente”.
“También especificó que la transferencia del servicio de Seguridad a la Ciudad no afectó la coparticipación de las provincias, ya que los recursos siempre provinieron de la parte que le corresponde a la Nación. El fallo resolvió fijar un coeficiente del 2,95% para la Ciudad, en lugar del 3,5% que se le otorgó al momento de la transferencia del servicio de Seguridad. El hecho de que no se haya reconocido la totalidad del reclamo, implica que la Ciudad continuará solicitando en la Justicia la restitución íntegra de los recursos reclamados”, se agrega.
El presidente de la Nación Alberto Fernández informó el jueves que instruyó a los órganos competentes del Estado nacional para recusar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y para presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada sobre la coparticipación porteña, que beneficia al GCBA.
Así lo señala un comunicado oficial, acordado con los gobernadores con los cuales mantuvo una reunión este jueves al mediodía, donde se mostró malestar ante lo dispuesto por la CSJN.
El título del comunicado es “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible complimiento”.
“En la actualidad, según la Ley N° 27.606 vigente y aprobada por el Congreso nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, se introduce.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95%; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, plantea Nación.
“Sostiene también, de manera insólita que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, se agrega.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de Gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso nacional aprobó por Ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, plantea el presidente.
“Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”, adelanta el comunicado.
“Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirá a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los Estados provinciales soliciten ser tenidos por su parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis de la misma”, concluye el comunicado de Casa Rosada.
En tanto, gobernadores peronistas y aliados de 17 provincias, reunidos en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), consensuaron en mayo de este año una solicitada para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pidiendo que falle en contra del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires.
La solicitada llevaba el título de “El federalismo no se negocia” y explicaba sobre el conflicto: “Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, sumaron.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes. Cuando se sanciona la ley 23548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional. Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%. Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, detallaron.
“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, aseguraron.
“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
Firmaron la solicitada los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, San Luis , Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe.
En marzo de este año, Ciudad y Nación participaron de una de las varias audiencia de conciliación convocadas por la CSJN. En ese contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, explicó el conflicto y denunció “la quita arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional de recursos de Coparticipación Federal”.
Contextualizó: “Como ya saben, en 2016 dimos un paso importante en nuestra autonomía, cuando acordamos con Nación el traspaso de las funciones de seguridad. En ese entonces, y siguiendo lo que indica la Constitución Nacional, el Gobierno nacional transfirió, a través de la Coparticipación, los fondos necesarios para sostener a la Policía, la infraestructura y la inversión en tecnología”.
Luego, mencionó el inicio del conflicto: “Sin embargo, en septiembre de 2020, el actual Gobierno nacional decidió desconocer ese acuerdo y quitarnos esos fondos. Por eso, presentamos una demanda ante la Corte Suprema y hoy, fieles a nuestra vocación de diálogo, asistimos a la audiencia convocada y presentamos ante los jueces todos los argumentos que respaldan nuestro reclamo. Frente a la Corte, expuse que la quita es inconstitucional porque viola el requisito expreso que dice que el traspaso de una competencia de la Nación a otro distrito debe ir acompañada de los fondos necesarios para sostenerla”.
“También fueron inconstitucionales las formas. El Gobierno avanzó en esta quita sin dialogar, de un día para el otro y para resolver una crisis en otra provincia”, detalló y sumó: “Otro punto de discusión fue la Ley 27.606, también inconstitucional, que impulsó el Gobierno para sacarnos todavía más recursos. Y todo esto, en medio de la pandemia”.
“Para tomar dimensión de la situación, desde que el Gobierno nacional desconoció nuestros derechos, la Ciudad dejó de recibir 15.500 millones en 2020, 83.000 millones en 2021 y para 2022 están calculados 120.000 millones de reducción en nuestro presupuesto”, graficó Rodríguez Larreta.
“Es necesario que todos los gobernadores defendamos nuestros distritos de intentos discrecionales, porque los afectados son siempre quienes viven, trabajan y visitan nuestras provincias. Lo que estamos discutiendo es algo mucho más amplio que la Coparticipación. Estamos discutiendo el respeto a nuestra Constitución y a la forma federal de gobierno. Estamos discutiendo si las provincias son autónomas o si están sujetas a la voluntad del Gobierno nacional. En el fondo, estamos discutiendo qué país queremos ser. Y para esto, necesitamos defender el federalismo”, analizó.
“Los argentinos merecemos provincias autónomas, cuyas economías regionales puedan desarrollarse sin condicionamientos ni dependencia del Gobierno central. La Argentina son 24 distritos que crean una Nación y no una Nación que crea 24 distritos. Así se constituyó nuestro país”, añadió.
“Nosotros confiamos plenamente en el trabajo de la Corte Suprema, que es quien asegura que la división de poderes en nuestra república siga vigente y con efectos plenos. Tener la tranquilidad de que los mecanismos institucionales del país funcionan correctamente es esencial para la convivencia democrática. En este sentido, en la audiencia de hoy, la Corte dispuso 30 días para que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno nacional (el plazo inicial del 26 de abril)”, expuso.
“Como hice siempre, voy a estar dispuesto a sentarme a la mesa para llegar a un acuerdo, apostando a la buena fe de todas las partes y, por supuesto, sin descuidar los derechos de las millones de personas que viven, estudian, trabajan y visitan nuestra Ciudad. Los argentinos merecemos un país verdaderamente republicano y federal. Un país unido que apueste al progreso y al crecimiento de todo nuestro pueblo. Cuentan siempre conmigo para recorrer ese camino”, concluyó.
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