Repercusiones por los incidentes y represión en Congreso: citación al ministro de Seguridad, pedidos de informes y declaraciones de repudio
Legisladores de distintos bloques se han manifestado parlamentariamente a través de distintos proyectos de Resolución y Declaración ante los hechos de violencia institucional e incidentes ocurridos en miércoles 12 de marzo frente al Congreso durante la marcha de jubilados, tras la cual hubo cientos de detenidos, decenas de heridos y daños en el espacio público.
El legislador Gabriel Solano del Frente de Izquierda presentó un proyecto de Resolución para citar al ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, para “ser interpelado por su responsabilidad en el operativo represivo de la policía de la Ciudad y la Policía Federal, que incluyó por parte de las fuerzas de seguridad porteñas la detención de decenas de personas, el amedrentamiento permanente a los manifestantes, provocaciones explícitas y persecuciones ideológicas difundidas a través de las redes sociales, en el marco de las movilizaciones al Congreso que fue convocada por organizaciones de jubilados y diferentes hinchas de fútbol”.
“Desde el ejecutivo nacional se ejecutó un ataque de una brutalidad impresionante, que incluyó provocaciones, una campaña previa para desprestigiar y amedrentar a quienes querían expresar un legítimo apoyo que los jubilados han logrado como resultado de su lucha y de soportar todos los miércoles represión por parte de las fuerzas que comanda la ministra, llegando en este objetivo a incurrir en la ilegalidad como la resolución sobre admisión en las canchas y requisar el transporte público para impedir que llegaran a la Plaza Congreso los manifestantes. La ministra de Milei actuó instaurando un estado de sitio de hecho”, introduce la fundamentación.
“El resultado de esta acción de Milei-Bullrich es una cifra indeterminada de detenidos pero que según ella supera los 100. Dejó casi 20 heridos, entre ellos el reportero gráfico Pablo Grillo herido de extrema gravedad por haber sido impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia por las fuerzas de seguridad. Esta acción fue combinada con la Policía de la Ciudad, que fue vista sistemáticamente avanzando en la represión por la zona. En una de esas acciones, las fuerzas de seguridad porteña avanzaron con un camión hidrante al grito de “vengan zurdos” con un megáfono, algo que asemejaba las jornadas con los momentos de más álgida represión de toda nuestra historia. Los agentes responsables deben ser inmediatamente removidos de su cargo”, agregó el texto firmado por Solano.
“Buscan avanzar con la regimentación, el amedrentamiento y la represión de la protesta social, mientras se aprestan a firmar un nuevo acuerdo con el FMI. La Ciudad, que hace gala de “discusiones” con el ejecutivo nacional en materia de seguridad, ayer siguió las instrucciones represivas al dedillo. El nuevo ministro de Seguridad debe rendir cuentas de este accionar, al mismo tiempo que debe ser removido de su cargo por haber sido uno de los principales responsables de la represión a los trabajadores y pacientes del Borda”, concluyó.
El bloque Unión por la Patria, con firma de Claudia Neira, presentó un proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su enérgico repudio ante la vergonzosa e inadmisible represión llevada adelante en la movilización convocada por grupos de jubilados y jubiladas el día de ayer, 12 de marzo del corriente año, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina”.
“El día 12 de marzo de 2025 se llevó adelante una movilización encabezada por jubilados y jubiladas frente al Congreso de la Nación, con el legítimo reclamo de aumentar la jubilación mínima que actualmente se encuentra en $335.907, un monto que resulta indigno y no alcanza a cubrir la canasta básica total para un adulto mayor, especialmente considerando la sensible situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, cuando aún los distintos participantes se encontraban acercándose a la movilización, se desató una violencia desmedida frente a la totalidad de los que se encontraban en el lugar”, contextualizaron.
UP se refirió a la autonomía porteña: “Ese accionar fue protagonizado, una vez más, por las Fuerzas de Seguridad Federales, las cuales se encontraban actuando en pleno territorio porteño. Más aún, se extendió su accionar desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, abarcando gran parte del territorio porteño en una irregularidad absoluta, avalada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad”.
“Decimos que se trata de una irregularidad porque, a pesar de que en los últimos tiempos se ha utilizado esta modalidad de intervención de forma sistemática, se trata de una vulneración de la soberanía de la Ciudad en materia de seguridad. Ello en tanto -como hemos explicado en reiteradas oportunidades- no existe ninguno de los mecanismos previstos legal y constitucionalmente para la intervención de Fuerzas de Seguridad Federales en el territorio porteño”, plantearon.
“Por último, resaltamos la centralidad de resguardar el derecho a la protesta y la libertad de prensa en todo el territorio nacional, y exigimos una profunda investigación en relación a los hechos de público conocimiento en lo que agentes de las fuerzas de seguridad se han trasladado en vehículos no identificados y han buscado”, finalizaron.
El bloque UCR y Partido Socialista, con firma de Francisco Loupias, presentaron un proyecto de Declaración en el que se afirma: ” La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su enérgico repudio a la represión ejercida por el Gobierno Nacional contra los jubilados y jubiladas el día 12 de marzo, en el marco de la protesta efectuada de sus legítimos derechos”.
“repudiamos el feroz ataque a los jubilados que se manifestaron para reclamar por sus derechos. En el marco del reclamo, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue generando con sus declaraciones un clima de violencia que derivó en ese día, con decenas de heridos. La marcha pacífica de los jubilados y jubiladas, a raíz de la impronta sellada por el gobierno Nacional, generó tensiones que fueron escalando, tensiones innecesarias e injustas en sus resultados, con lo acaecido este trágico 12/3. Asimismo, es de mencionar que los episodios vividos en las inmediaciones que rodean al Congreso de la Nación, estuvieron abonados por eventos violentos protagonizados por legisladores nacionales en el interior de la Cámara de Diputados. Por su parte, cuando los manifestantes cortaron la Av. Rivadavia se activó el protocolo antipiquete, con el disparo de gases, balas de goma y carros hidrantes por parte de las fuerzas de Seguridad”, plantearon los legisladores.
“En este entendimiento, es de destacar que la democracia y los jubilados perdieron adentro y afuera del Congreso. Javier Milei bloqueó el quórum, como coloquialmente se expresa: con violencia y aprietes. Afuera del Palacio, la represión y la violencia restaron legitimidad al reclamo de jubilados. Es reiterada y manifiesta la política aplicada por el titular del Gobierno Nacional, Javier Milei y sus Ministros, que atentan con el sistema democrático, sesgada y empapada de autoritarismo y tendiente a vulnerar los derechos constitucionales que nos asisten”, agregaron.
Los legisladores Manuela Thourte, Guillermo Suárez (UCR), María Sol Méndez y Graciela Ocaña (Confianza Pública) pidieron informes sobre el operativo de seguridad desplegado por la Policía de la Ciudad.
“El presente pedido de informes tiene por objeto solicitarle al Poder Ejecutivo información clara y precisa acerca del operativo de seguridad que se llevó a cabo el día 12 de marzo del corriente año en el Congreso de la Nación y alrededores, durante el reclamo de los jubilados que se manifestaban pacíficamente reclamando por sus derechos. Este pedido es motivado con el fin de garantizar la transparencia en la actuación de las fuerzas de seguridad y el debido resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, fundamentaron.
“La intervención de la Policía de la Ciudad en manifestaciones y eventos de gran concurrencia debe regirse por protocolos claros, que aseguren el respeto al derecho a la protesta, la seguridad de los participantes y la protección de los bienes públicos y privados. También se requiere determinar el costo total del operativo de seguridad implementado, dado que su financiamiento proviene de recursos públicos y es necesario que la ciudadanía pueda acceder a esta información en virtud de los principios de transparencia y rendición de cuentas”, agregaron.
Juan Castro