Respaldo del Capítulo Argentino del COPAJU a la jueza Karina Andrade
El Capítulo Argentina del COPAJU expresó este jueves el firme rechazo a la represión y la vulneración de derechos sufridos por jubilados en la marcha en el Congreso de la Nación, a la vez de darle respaldo a la jueza Karina Giselle Andrade “frente al ataque injustificado que está recibiendo” por parte del Gobierno.
El Capítulo Argentina integra el COMITÉ PANAMERICANO DE JUEZAS Y JUECES POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LA DOCTRINA FRANCISCANA (COPAJU) constituido el 4 de junio de 2019 en la Ciudad del Vaticano, bajo la inspiración del Papa Francisco, quien suscribió personalmente el acta fundacional. Incluye a todas/os las juezas y jueces que deseen adherirse, como también a las/os integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública, según las condiciones del Estatuto. El COMITÉ está actualmente dirigido por una Junta directiva, cuyos integrantes fueron designadas/os por el Papa Francisco, en el quirógrafo del 15 de agosto de 2023, para el período 2023-2028.
Las autoridades del CAPÍTULO ARGENTINA asumieron sus funciones el 28 de agosto de 2024. La Comisión Directiva está integrada por César Raúl JIMÉNEZ, Coordinador (juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, provincia de Misiones), Roberto Carlos POMPA, Vicecoordinador (juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal), Maximiliano Francisco BENÍTEZ, Secretario (defensor General de la provincia de Entre Ríos) María Alejandra VILLASUR GARCÍA. Vocal (jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Mariana Beatriz PUCCIARELLO, Vocal (defensora ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Rómulo Rubén ABREGÚ, Vocal (asesor de Incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires), Gustavo Daniel MORENO, Vocal (asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Comisión de Consolidación Territorial, Valeria de los Ángeles DÍAZ, (jueza en lo Civil y Comercial con competencia en familia de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero), Ivana WOLANSKY, (jueza de Familia de Trelew, provincia de Chubut).
Respaldo a la jueza Karina Andrade ante los ataques injustificados que está sufriendo
La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dispuso durante la mañana del jueves la liberación de las personas detenidas por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
En su declaración, la COPAJU, señala que la represión policial desplegada “no solamente impidió una manifestación de protesta social, sino que generó una violencia institucional desproporcionada”.
A la vez, remarcan que “ningún acto de violencia injustificado por parte de quienes reclaman puede generar violencia represiva desproporcionada por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ese mismo Poder estatal que vulnera el derecho a la seguridad social de jubiladas y de jubilados, quienes no pueden vivir con dignidad”.
En relación al apoyo a lo actuado por la jueza Andrade, subrayan que “dispuso con apego a la Constitución Nacional la soltura de las personas detenidas, señalando que en el caso se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”.
Indicaron que, para fundar su decisión, la magistrada “expuso las irregularidades del procedimiento llevado adelante por las fuerzas de seguridad” y agregaron que consideró preciso remarcar: “El déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.
Refiriéndose al sistema previsional, desde COPAJU recordaron que, “en esta realidad económica, es innegable que este derecho social, esencialmente basado en la sustitución de ingresos, resulta ineficaz e insuficiente para garantizar un estándar mínimo de la vida digna”.
Y por eso afirmaron que “ser jubilada o jubilado en Argentina, para la mayoría de las personas que cobran prestaciones insuficientes, implica optar entre comer o medicarse”, en lo que definieron como “un verdadero maltrato institucional”.
En este punto, recordaron las palabras del papa Francisco, quien el 11 de septiembre de 2024 había señalado que los ancianos “son la memoria” y que la sociedad “debe respetarlos y cuidarlos”. Unos días después, con motivo de los diez años del primer encuentro con los Movimientos Populares, el Papa criticó expresamente la represión padecida por las jubiladas y los jubilados en Argentina: “En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”, había dicho el líder de la Iglesia Católica.
Por todo esto, la representación local del Comité concluyó: “Rechazamos con firmeza el uso represivo de las fuerzas de seguridad de manera desproporcionada, a las cuales además se las expone de manera innecesaria, como también la insuficiencia de los haberes previsionales que impiden a la mayoría de jubiladas y de jubilados vivir dignamente”.
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