La Corte Suprema convocó a Nación y Ciudad por los fondos de la coparticipación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) convocó al jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a una audiencia pública que se desarrollará el 10 de marzo desde las 11 hs en el Palacio de Talcahuano 555 (Comuna 1) para discutir la cantidad de fondos de coparticipación que entrega la administración federal a la CABA.
El objetivo del encuentro es que Nación y Ciudad discutan un monto que a ambas partes les parezca razonable para que no tenga que intervenir el máximo tribunal con una sentencia. La coparticipación se define por una Ley nacional que es anterior a la Autonomía porteña, por eso este tratamiento particular.
Todo esto ocurre porque a fines de 2020 el Gobierno porteño presentó un recurso de amparo ante la CSJN por la quita de coparticipación dispuesta por el Gobierno nacional.
El jefe de Gabinete de Ministros de la CABA, Felipe Miguel, dijo: “Quita de coparticipación a CABA: este año serán $120 mil millones. Equivalen al 65% del presupuesto de educación y al 78% del de seguridad”.
Al inicio de 2021, Rodríguez Larreta manifestaba sobre el Presupuesto porteño: “La reducción de obras, tanto en lo educativo como en el resto de las obras de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la baja en la coparticipación que impulsó en forma inconstitucional el gobierno nacional”.
Primero, Nación creó en septiembre de 2020 mediante el Decreto 735/2020 el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, financiado con la quita de un punto de coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, el Gobierno nacional promulgó en diciembre de 2020 la Ley N° 27.606 votada en el Congreso de la Nación que recorta fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires destinados a la seguridad urbana.
En ese momento, fuentes porteñas decían: “La Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”.
En el GCBA argumentan que “la Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA. Y atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.
“La suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado. Para evidenciar la magnitud del despojo se debe señalar que desde que se produjo la primera reducción como consecuencia del Decreto 735/2020 de fecha 10-9-2020, claro antecedente de la ley ahora cuestionada, la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de percibir en concepto de coparticipación hasta el 10 de diciembre la suma de $11.010.634.519. Y la aplicación de la ley implica para el año 2021 una pérdida de $ 65.083.500.000″, agregan.