Eliminaron la obligación de registrar los contratos de alquiler en la AFIP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Quienes quieran acceder a los beneficios fiscales sí deben hacerlo.
Así lo explica la Resolución General 5545/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina. Se complementa con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres N° 27.551.
Desde esta jornada, los propietarios ya no deben inscribir los contratos en el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)” para su validez. Sí deberán declarar sus contratos de alquiler en el RELI antes el 30 de septiembre de 2024 o 15 días corridos posteriores a su celebración a través de la web del organismo aquellos contribuyentes que quieran acceder de los beneficios fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias, contemplados en la Ley N° 27.737.
Se aclara que los que tengan registrados sus contratos no deben hacerlo de vuelta, a menos que haya modificaciones o actualizaciones.
Además, la Resolución General N° 5547/2024 se publicó este lunes también y dispuso la eliminación de la obligación por parte del empleado en relación de dependencia de adjuntar -en el servicio SiRADIG- una copia del contrato de alquiler del inmueble con destino a casa habitación, repasa Noticias Argentinas.
AFIP ya derogó el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), el documento que debía emitirse al vender un automotor o motovehículo usado y radicado en el país. Además, en lo que va de la actual gestión, el organismo derogó las resoluciones generales que obligaban a productores agropecuarios a presentar cinco declaraciones juradas al año con su cosecha, y, en el mismo sentido, derogó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, con el objetivo de facilitar el comercio exterior.
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