Informes por el desalojo en La Boca
El legislador Gabriel Solano (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) presentó un pedido de informes sobre los desalojos que el Gobierno de la Ciudad llevó adelante el martes 30 de julio en el barrio de La Boca.
“El pasado 30 de julio, a las 8 de la mañana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante el desalojo de un inmueble donde habitaban más de 20 familias, en el predio ubicado en la intersección de la calle Necochea y la Av. Pedro de Mendoza, en el barrio porteño de La Boca. Las fuerzas policiales ingresaron de forma violenta, amparadas en un supuesto decreto administrativo firmado por Jorge Macri, que no había sido publicado en el Boletín Oficial. Los vecinos denunciaron que en el marco de un gigantesco operativo les fueron sustraídas varias de sus pertenencias y que no saben si podrán recuperarlas”, reconstruye la defensa de la solicitud destinada al Poder Ejecutivo.
El texto firmado por Solano afirma: “El procedimiento fue ilegal y eso quedó plasmado en algunas de sus características. En primer lugar, las familias no fueron debidamente notificadas y denuncian que no les fue ofrecida ninguna solución habitacional. Por otra parte, el operativo no contó con la presencia del personal del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, ni del Ministerio Público Tutelar y no se contempló la situación de personas mayores, personas con discapacidad y de una vecina con tratamiento oncológico. No se utilizaron los parámetros consistentes del Protocolo de actuación en Desalojos”.
“Este accionar no fue una excepción: es una línea política del Gobierno de la Ciudad de alejar a la clase trabajadora de la posibilidad de acceder a una vivienda digna, producto de la privatización del suelo y la especulación inmobiliaria. La aprobación de la Ley del Distrito de las Artes en el 2012 ha creado un proceso expulsivo de los trabajadores del barrio, aumentando los alquileres, destinados al rubro turístico, y beneficiando a los especuladores que se ven beneficiados con estas políticas impulsadas por el GCBA. La ley 2240 que desde 2007 plantea la “emergencia urbanística y ambiental” del barrio es papel pintado para dar soluciones habitacionales a los vecinos y trabajadores del barrio, ya que ningún gobierno ha cumplido siquiera con la ejecución del presupuesto destinado a la misma”, finaliza el pedido de informes del legislador del FIT.
Juan Castro