“Las políticas de integración sociourbana de barrios populares deben sostenerse”
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, a través de un comunicado, señala que desde hace siete años existe una política de Estado dirigida a mejorar las condiciones de vida de las millones de personas que viven en los barrios populares. Esta política de integración sociourbana fue impulsada por organizaciones sociales, adoptada por las gestiones del presidente Macri y del presidente Fernández y tuvo siempre un amplio consenso de gran parte del arco de partidos políticos.
El Fondo para la Integración Socio Urbana es la fuente de financiamiento de una política de Estado que trascendió a dos gestiones, tuvo amplio consenso en el Congreso de la Nación para su creación a través de la Ley 27.453 y ha tenido reconocimientos de organismos locales e internacionales. Su desfinanciamiento pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas destinadas a más de 5 millones personas en el país.
En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, un grupo de organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas realizaron el primer relevamiento de barrios populares de la Argentina que posteriormente obtuvo el nombre de Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El mismo fue actualizado en 2022 y en 2023 con cifras que, hasta el momento, indican la existencia de al menos 6467 villas y asentamientos en todo el país, donde más de 5 millones de personas viven sin las condiciones básicas: vivienda adecuada, cloacas, agua potable, un hospital o una escuela cerca, o una plaza donde los chicos y las chicas puedan jugar.
En 2018, el Congreso respaldó este proceso a través de la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. La norma tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas que viven en los barrios incluidos en el RENABAP. Oficializa el registro de barrios populares y los declara de utilidad pública y sujetos a expropiación; dispone la creación de un fideicomiso para financiar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la integración socio urbana; define que al menos el 25% de las obras de integración sean realizadas por cooperativas de trabajo; y prohíbe desalojos por un período de cuatro años en todos los barrios incluidos en el RENABAP, desde su entrada en vigencia en octubre de 2018 (lo que fue prorrogado en 2022 por otros diez años).
A través del decreto que reglamentó la ley se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de financiar las obras destinadas a la integración de los barrios. Desde el año 2021 se destina un 9% del Impuesto País para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas.
De acuerdo a datos oficiales y evaluaciones externas (CIPPEC, 2023; ODSA-UCA, 2022; SISU, 2023), las obras ejecutadas a través de este programa abarcan más de 1200 proyectos en más de 300 municipios. A junio de 2023 estaban en ejecución casi 20.000 nuevos lotes con servicios y alrededor de 250.000 mejoras de vivienda destinadas a mujeres a través del programa “Mi Pieza”. Con distinta escala y profundidad, estas intervenciones han facilitado el acceso a infraestructura de servicios públicos y el mejoramiento habitacional en los barrios populares.
Es fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas. De lo contrario sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que empezaban a darse algunas respuestas, largamente postergadas. En un contexto de aumento considerable de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, el Estado Nacional debe sostener la principal política que mejora las condiciones habitacionales de quienes viven en los barrios populares.
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