Panorama legislativo: repercusiones del paro y la puja por la coparticipación
Los legisladores impulsaron proyectos en base al conflicto entre Nación y CABA, a la vez que se abordó la huelga general de la CGT.
Durante esta semana parte de los debates en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron relacionados con la coparticipación, algo que tiene su correlato con la situación nacional, ya que el Gobierno de Javier Milei está en tensión con los gobernadores provinciales por varios puntos con respecto a la llamada Ley Ómnibus en cuanto a los fondos federales.
A esto hay que sumar el primer paro general contra la administración libertaria, lo cual también generó ecos parlamentarios de la mano de la seguridad y las declaraciones políticas.
Dos proyectos y dos miradas sobre la coparticipación porteña
La problemática actual de la coparticipación con respecto a la CABA inició durante el Gobierno de Alberto Fernández.
La Ley de coparticipación federal data de la década del ochenta. La CABA se incorporó como territorio autónomo con la reforma constitucional de 1994. En las últimas décadas por Ley se le había asignado un 1,4%. En 2016, por el nacimiento de la Policía de la Ciudad al fusionar a la Policía Metropolitana (primera fuerza policial porteña) con parte de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), el Gobierno nacional entonces a cargo de Mauricio Macri aumentó esa cifra al 3,5% para garantizar gastos de seguridad en suelo porteño.
Al tiempo, en 2020 durante el Gobierno nacional de Alberto Fernández se la redujo otra vez al 1,4%. Primero por Decreto, para desviar fondos a la Provincia de Buenos Aires, y luego por una Ley del Congreso.
Ante ello, el GCBA impulsó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la cual determinó que Nación debe destinar el 2,95% a la Ciudad. El Gobierno nacional saliente no acató y el Gobierno porteño reclama más de $350.000.000.000 por transferencias no realizadas, según estimaciones locales.
El jefe de Gobierno Jorge Macri mantuvo una reunión con el ministro de Economía Luis Caputo por este asunto a comienzos de enero, pero no hubo definiciones.
“Me reuní con Luis Caputo, ministro de Economía del Gobierno Nacional, para pedirle que respetara la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de restituir a la Ciudad los recursos de Coparticipación Federal, que el kirchnerismo nos sacó a todos los porteños de forma unilateral e ilegítima, afectando seriamente a los vecinos y a todos los que nos visitan cada día”, resumió el mandatario porteño sobre dicho encuentro.
“Este encuentro refleja un cambio de época. Ambas partes, Ciudad y Nación, buscamos en el diálogo llevar adelante nuestra vocación de lograr consensos y acordar en aquellos puntos que son mejoras para los vecinos. Siempre debió haber sido así, especialmente en este tema tan importante. Pero fue imposible lograrlo ya que el kirchnerismo ignoró e incumplió, en un hecho sin antecedentes, un fallo de la Corte hasta su último día en el poder”, agregó.
Desde ese entonces no hubo novedades al respecto, en el marco de las negociaciones del Gobierno nacional por lograr un ajuste mayor en las cuentas públicas, de la mano de la Ley Ómnibus y el DNU 70.2023.
Así, esta semana los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo del Gaiso, representantes de la Coalición Cívica y legisladores porteños por el oficialismo Vamos por más, presentaron un proyecto de Declaración sobre al respecto.
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa preocupación por la demora del Gobierno Nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad”, indica la propuesta parlamentaria.
A la hora de fundamentar, indicaron: “El Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se determinó el pago a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables”.
“Consideramos imperioso el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica la efectiva restitución de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregaron.
Desde otra óptica, el legislador del Frente Liberal Republicano Pablo Donati, con apoyo de legisladores del oficialismo Vayamos por más como Juan Pablo Arenaza, presentaron otro proyecto de Declaración, en favor a las gestiones del GCBA y de la administración libertaria.
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su beneplácito por el inicio de las conversaciones entre el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sr. Jorge Macri y el Señor Ministro de Economía de la Nación Dr. Luis Andrés Caputo, tendientes a acordar los mecanismos correspondientes a efectos de dar cumplimiento al Fallo Interlocutorio dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de diciembre de 2022 en la causa N° 1865-2020 “GCABA c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad – Cobro de Pesos.”, y exhorta a los titulares de las jurisdicciones representadas a arbitrar los medios que se encuentren a su disposición para observar lo dispuesto por el más alto Tribunal de la Nación”, señala la propuesta parlamentaria.
“He expresado en distintos medios mi compromiso a efectos de ponerme a disposición en lo que a mí respecta, para acompañar la iniciativa del Señor Jefe de Gobierno Sr. Jorge Macri, tendiente a lograr que el Estado Nacional de efectivo cumplimiento al Fallo Interlocutorio dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de diciembre de 2022 en la causa N° 1865-2020 “GCABA c/ Estado Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad – Cobro de Pesos.”, a favor del reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la “devolución” de los fondos de coparticipación que sustrajo a todos los porteños el Gobierno del Ex Presidente Alberto Fernández. También hemos expresado que somos muchos los que queremos ayudar al Señor Presidente Dr. Javier Milei a transformar el país, sumido en decadencia desde hace años, en una Argentina pujante. Y que, para que ese crecimiento se convierta en auténtico desarrollo y prosperidad, tiene que estar imbuido por los valores de la Republica: la igualdad ante la ley, el estado de derecho y el respeto por las instituciones”, fundamenta el texto de Donati.
Repercusiones del paro de la CGT: de las fuerzas federales a los dichos de Moyano
El miércoles 24 de enero desde el mediodía y hasta la medianoche se desarrolló en todo el país un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el DNU 70-2023 y la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei.
La medida tuvo el apoyo de distintas entidades sindicales como las dos Centrales de Trabajadores de Argentina: la Autónoma (CTA-A) y la de los Trabajadores (CTA-T). A esto se sumaron movimientos sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Somos Barrios de Pie y el Movimiento Evita. Integrantes de Unidad Piquetera y el sindicalismo combativo (izquierda) también dijeron presente.
En la Ciudad de Buenos Aires hubo una movilización desde la avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso de la Nación, en donde hubo un acto encabezado por los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano (Camioneros) y Héctor Daer (Sanidad).
El Ministerio de Seguridad de la Nación, con apoyo del Gobierno porteño, intentó implementar el protocolo antipiquetes en la zona de Congreso y en los accesos a CABA como el Puente Pueyrredón. Si bien la manifestación fue masiva por la avenida de Mayo, no hubo cortes en cuadras linderas como solía pasar.
Para el jefe de Gobierno Jorge Macri, el operativo conjunto fue un éxito: “Gracias al trabajo de todos los equipos de Seguridad y al apoyo de los equipos del Gobierno de la Nación logramos tener una Ciudad ordenada pese a la movilización multitudinaria. Nuestro objetivo es que convivan el derecho a moverse con libertad por nuestras calles y avenidas y el derecho a la protesta. Hoy vimos como miles de personas marcharon de manera ordenada y entorpeciendo lo menos posible el tránsito caminando por los lugares autorizados por las fuerzas de seguridad. Los porteños eligieron vivir en una Ciudad ordenada y es lo que les estamos garantizando”.
En la previa del paro, la legisladora porteña Claudia Neira (Unión por la Patria) había presentado un proyecto de Declaración para que el jefe de Gobierno se abstuviera “de convalidar y/o legitimar la intervención de Fuerzas Federales en nuestro territorio y haga respetar nuestra autonomía y el rol de la Policía de la Ciudad, conforme los principios de actuación establecidos de la Ley N° 5688”.
“El artículo 129 de nuestra Constitución Nacional establece la autonomía de nuestra Ciudad desde su reforma en el año 1994, dando lugar a un largo proceso de transferencia de las fuerzas de seguridad que ya fue efectuado casi en su totalidad, con la excepción -que reclamamos constantemente- de determinadas zonas del sur de la Ciudad”, fundamentó el texto con la firma de Neira.
“Nuestra Ciudad cuenta con fuerzas de seguridad locales que suman más de 26.000 efectivos en condiciones suficientes para atender las necesidades de contención de manifestaciones públicas en nuestra jurisdicción”, agregó.
“Sin embargo, el pasado 20 de diciembre de 2023 fuimos testigos del inaudito accionar de cientos de efectivos de las distintas Fuerzas Federales en las calles de nuestra Ciudad ante una concentración originada en el recuerdo a las víctimas del 2001. Esta intromisión inédita en nuestra soberanía de seguridad es una clara afrenta a la autonomía porteña y lesiona gravemente la potestad en esta materia”, lamentó.
Por eso, la representante de UP había pedido “el respeto irrestricto de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad, que garantice el efectivo cumplimiento al derecho de protesta pacífica y se adecúe a los parámetros y protocolos vigentes”.
Durante el acto frente al Congreso, en donde se debate el futuro de la Ley Ómnibus, Pablo Moyano le habló a los Diputados nacionales: “Estarán frente a una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones”.
Por otro lado, también criticó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Dijo que debería estar “desfilando por los Tribunales” por su gestión en el Gobierno nacional de Cambiemos, del expresidente Mauricio Macri. También aseguró que, si se aprueba el proyecto de Ley Ómnibus, los trabajadores “llevarán en andas” al ministro de Economía, pero para “tirarlo al Riachuelo”.
Ante estos dichos, la legisladora del oficialismo Vamos por más Patricia Glize presentó un proyecto de Declaración para que la Legislatura exprese “su repudio a las expresiones intimidatorias vertidas por el líder del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano”.
“Tales alocuciones constituyen una afrenta inaceptable hacia un funcionario en ejercicio legítimo de su cargo. Más allá de nombres y partidos, es absolutamente repudiable que un líder sindical se exprese públicamente de manera tan agraviante con amenazas de carácter cuasi mafioso”, fundamentó el texto con la forma de la representante, que cuenta con el apoyo de varios de sus compañeros de bloque.
“Intimidaciones de tal magnitud atentan contra la convivencia democrática que la Argentina viene alentando desde hace 40 años, y evocan las peores épocas de autoritarismo, totalitarismo y pensamiento único que han vulnerado la integridad personal en décadas anteriores. Estos terribles hechos no pueden ser normalizados y requieren el repudio de toda la sociedad, y en particular de aquellos que tenemos responsabilidades políticas. En ese sentido, desde la Legislatura repudiamos de forma contundente estas expresiones que se apartan del camino de la construcción de la democracia, para lo cual solicitamos al cuerpo el acompañamiento en el presente proyecto de Declaración”, agregó.
La Boca: impulsan la instalación de una escultura de Clorindo Testa
La Fundación Umberto Andre, por medio de su presidente Carlos Santa Cruz, presentó un proyecto de Ley de forma particular con el objetivo de lograr la instalación de una escultura de Clorindo Testa en el barrio de La Boca.
La entidad solicita que se “otorgue un permiso de uso definidito del espacio urbano”, ubicado frente a su sede en la Av. Pedro de Mendoza 1987 de la escultura denominada Árbol, donada por el arquitecto Clorindo Testa a la Ciudad de Buenos Aires.
Según se adjunta en la documentación correspondiente, la obra tiene 4,60 metros de alto y una base de dos metros. El material principal de la estructura es el cemento.
De modo similar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había instalado obras de Clorindo Testa en la plazoleta de Holmberg y Monroe, en Villa Urquiza, frente a la Sede Comunal 12.
A pocas cuadras, en Holmberg y Rivera hay otras dos plazoletas, en las cuales también hay instaladas obras del célebre arquitecto.
Homenaje por los 130 años de la AMIA
La legisladora porteña del bloque oficialista Silvia Imas presentó un proyecto de Declaración para homenajear “a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) por los 130 años de su fundación a celebrarse el día 11 de febrero”.
“Queremos destacar la gran labor que realiza la mutual, reconociendo a cada uno de sus integrantes y realzando las misiones y valores que han propugnado desde su inicio”, señala la defensa de este reconocimiento.
Este proyecto también incluye una breve reseña que repasa los inicios y los hitos de esta centenaria institución.
“El día 11 de febrero del año 1894, un grupo de inmigrantes pertenecientes a la colectividad judía fundó la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA con el fin de generar un espacio para el desarrollo de actividades destinadas a crear las condiciones necesarias para cumplir con la tradición judía y los valores de solidaridad”, introduce el texto de Imas.
“En sus inicios, una de las primeras acciones fue la creación de un cementerio comunitario para luego continuar con actividades orientadas hacia el resguardo de las costumbres y tradiciones de la comunidad. Con el aumento del caudal de contingentes migratorios, el rol de la mutual fue creciendo y adaptándose a las demandas de la colectividad, fundando un espacio de articulación e integración de los judíos en el país. Luego de varios años, más precisamente en el año 1945, se inaugura el edificio principal de la calle Pasteur 633 de la Ciudad de Buenos Aires. La organización tiene como misión promover el bienestar y el desarrollo individual, familiar e institucional de la vida judía en la Argentina para asegurar la continuidad, sostener los valores del pueblo judío y afianzar el sentido de comunidad”, se agrega.
“También destacamos, como uno de los roles fundamentales, el incentivo a la inserción laboral mediante el Servicio de Empleo AMIA que ayuda a miles de personas en su búsqueda de trabajo. Desde su fundación, la institución representa un faro para toda la comunidad judía en la Argentina. Sin embargo, las puertas de la mutual están abiertas a todos aquellos que quieran formar parte. El 18 de julio de 1994, en medio de los festejos de su centenario, la AMIA vivió el momento más trágico de toda su existencia. AMIA sufrió un atentado terrorista que dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos. Años después, el día 26 de mayo de 1999 y bajo el lema “Por la justicia y por la vida”, se reinauguró la sede, que hoy alberga al Centro Integral de Adultos Mayores, servicio social e infancia, entre otras áreas”, finaliza la reseña.
Incorporación a la Global Commission on Evidence To Addesss Societal Challeges
A fines de enero, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires informó que la Oficina de Políticas Informadas en Evidencias (PIE) del Poder Legislativo porteño formará parte de la Global Commission on Evidence To Addesss Societal Challeges.
La formalización se llevó a cabo dentro del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y participaron el Director General de la Oficina de PIE, Pablo Riveros, y el Líder de la Global Evidence Commission, John Lavis.
Por su parte, Riveros destacó: “Es un hito para la Legislatura porque somos la primera institución argentina que se incorpora a la Comisión y porque implica contar con una red de prácticas, de aprendizaje y de intercambio de conocimientos que ayudarán a los legisladores a tener más herramientas, más y mejores debates y políticas para la Ciudad”.
La adhesión de la Oficina de PIE a la Global Evidence Commission no requiere membresía o marco normativo alguno y permitirá formar parte de una comunidad internacional, de la que participan organizaciones líderes en PIE como la Campbell Collaboration, la International Initiative for Impact Evaluation (3iE), Cochrane y UNICEF, explicaron fuentes parlamentarias.
La Legislatura porteña había lanzado el año pasado la guía de Políticas Informadas en Evidencia. La Secretaría Administrativa había convocado una serie de académicos y académicas especialistas en datos y uso de evidencias para el diseño de dicho manual, por eso la guía tuvo los aportes de Gastón Gertner, Guadalupe Nogués, Celina Cantú, Pablo Riveros, Celeste Box y Martín Alessandro.
Juan Castro