Legisladores porteños presentaron una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad del DNU 70/2023
Fue firmado por los 18 integrantes del bloque de Unión por la Patria y está patrocinado por la doctora Graciela Peñafort. “Hay una afectación concreta en la vida de los porteños”, fundamentaron los parlamentarios.
“Estas semanas hemos analizado exhaustivamente el DNU y hemos concluido que hay una afectación concreta en la vida de los porteños: prepagas, tarjetas de crédito, acceso a los alimentos, vivienda y alquileres. En cada medida adoptada, la “desregulación” no consiste en otra cosa que liberar a quienes tienen poder, y dejar sin libertad y sin opciones a los ciudadanos de a pie.
Estamos convencidos que no es sólo un tema de formas. El sentido del DNU es instaurar un sistema económico de libre mercado donde el Estado deja a las personas libradas a la fuerza de los que tienen poder. Esto colisiona con el sistema adoptado por la Ciudad desde su autonomía en el cual el Estado debe llevar adelante una política para que “la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social”.
Esperamos que se suspendan los efectos del DNU y seguimos trabajando en proyectos y propuestas para que las políticas de nuestra Ciudad se den en el marco de nuestros principios constitucionales para dar soluciones a los ciudadanos”, expresó la legisladora Claudia Neira de UxP.
Argumentaron, además, que es inconstitucional y solicitaron una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la norma hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esa causa o “se expida el Congreso de la Nación en los términos del artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, lo que suceda primero”.
La acción tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal y fue promovida por Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira, María Bielli, Victoria Montenegro, Juan Manuel Valdés, Martín Lammens, entre otros, con el patrocinio de Graciana Peñafort. “La decisión presidencial formalizada en el Decreto N° 70/23 pone en peligro la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el sistema federal y en concreto, pone en peligro los derechos de los porteños y porteñas, previstos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvieron en la presentación bajo el patrocinio de Graciana Peñafort.
Los legisladores argumentaron que “resulta evidente que un Decreto del presidente que deroga y modifica múltiples leyes es irrazonable por donde se lo analice”, debido a que “la intención de evitar al Poder Legislativo para cambiar drásticamente el marco normativo de decenas de actividades sociales conlleva un actuar ilegítimo y notoriamente irrazonable”.
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