Panorama legislativo: Ley Ómnibus para la CABA, nueva citación a Wolff y ayuda por el temporal
La Ciudad de Buenos Aires es epicentro de los primeros pasos del Gobierno nacional de Javier Milei. Desde las movilizaciones y protocolos antipiquetes a la sintonía del jefe de Gobierno Jorge Macri con la propuesta libertaria.
En ese contexto, por segunda semana consecutiva se citó a la Legislatura porteña al ministro de Seguridad Waldo Wolff por los operativos policiales desplegados en marchas contra las políticas de la actual gestión nacional.
Asimismo, la bancada libertaria impulsa una Ley Ómnibus para la CABA que incluye recortes, privatizaciones y reformas a tono con lo propuesto en Casa Rosada por el propio Milei
La Ley Ómnibus para la “ciudad más liberal de América Latina”
El presidente del bloque La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Ramiro Marra, adelantó que su bancada impulsará una serie de reformas similares a la Ley Ómnibus que promueve el presidente Javier Milei con privatizaciones, despidos, desregulaciones y eliminación de normativas.
Marra busca que la CABA tenga “las mejores condiciones posibles y que vuelva a ser la más liberal de América Latina”.
“Proponemos la privatización de múltiples empresas estatales de la Ciudad como el Banco Ciudad, SBASE (administradora del subte), el Canal de la Ciudad, la Radio de la Ciudad, entre otras. Además de esto, adhiriéndonos a la medida presentada por el presidente, los cargos de planta permanente del estado de la Ciudad podrán pasar a disponibilidad y ser despedidos con previa indemnización. También se avanzará con el congelamiento del empleo público de la Ciudad”, introdujo el legislador.
En cuanto a la economía, adelantó: “Se buscará eliminar el impuesto inmobiliario, la eliminación de la plusvalía (proyecto ya presentado) y la discriminación del impuesto a los Ingresos Brutos en los tickets de compra emitidos”.
“Buscaremos una fuerte liberalización regulatoria que elimine capítulos enteros o artículos del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad, que regula la actividad de distintos rubros comerciales. Además, se eliminan artículos de la Ley Tarifaria que establecen el costo de los trámites que los comerciantes están obligados a realizar. A su vez, el proyecto propone una rebaja en las alícuotas de Ingresos Brutos, según la necesidad y la urgencia”, indicó.
“En cuanto a seguridad, se modificará la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública para otorgarle mayor libertad en su accionar al personal policíaco, la modificación de ascensos de personal para mejorar las condiciones del servicio de los policías y la adquisición de material específico para el cumplimiento del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich (como camiones hidrantes y elementos antidisturbios)”, sostuvo el legislador y presidente del bloque LLA.
“Respecto a la educación y la salud, buscaremos adherirnos al arancelamiento a los extranjeros sin residencia permanente en establecimientos públicos de la Ciudad. A su vez, se buscará adherir a los exámenes unificados de servicio educativo al terminar el colegio secundario. En cuanto a la salud específicamente, se buscará eliminar la intermediación sindical en materia de obras sociales y modificar la ley de salud mental de la Ciudad en la misma dirección que la modificación que planteó el presidente”, detalló.
“En cuanto al transporte, ya hemos presentado un proyecto para declarar el subte como servicio esencial, para evitar los paros del servicio y también la derogación total de la Verificación Técnica Vehicular (VTV)”, sostuvo el legislador.
“Éstas son nuestras principales propuestas, pero aún hay más que buscarán reformar el Estado para hacerlo más eficiente. En el corto plazo se publicará un recuento completo de los proyectos presentados”, concluyó Marra.
Interpelación a Waldo Wolff por la marcha de la CGT
La legisladora porteña Alejandrina Barry del Frente de Izquierda solicitó interpelar al ministro de Seguridad Waldo Wolff ante los incidentes y represión tras la protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Tribunales que se realizó este miércoles 27 de diciembre. Además, la legisladora Victoria Montenegro (Unión por la Patria) elevó un pedido de informes.
La semana pasada debutó el protocolo antipiquetes del Gobierno nacional, apoyado por el GCBA, durante una movilización de Unidad Piquetera -con el Polo Obrero a la cabeza- hacia Plaza de Mayo a 22 años del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hubo incidentes, represión, dos detenidos, calles bloqueadas pese al intento policial de evitarlo, entre otros aspectos. Tras los sucesos, legisladores como Graciana Peñafort (Unión por la Patria) y Gabriel Solano (Frente de Izquierda) presentaron pedidos de informes sobre el operativo de seguridad a cargo del GCBA, coordinado con fuerzas federales. La legisladora Victoria Montenegro (UP) fue más allá y pidió citar al ministro de Seguridad local Waldo Wolff.
Por segunda semana consecutiva el funcionario fue citado, esta vez por los hechos ocurridos el miércoles 27 de diciembre pasado el mediodía, en la desconcentración de la manifestación que la CGT realizó en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei que desregula la economía e incluye una reforma laboral.
En torno a Corrientes y Uruguay los manifestantes circulaban por la vereda, había una hilera policial sobre el cordón y se produjeron empujones y golpes. Un colectivo de la línea 26 embistió a un oficial que estaba de civil y con pechera oficial, el cual tuvo que ser hospitalizado por politraumatismos.
Según fuentes de la Policía de la Ciudad, hubo al menos seis detenidos, los cuales afrontan causas por resistencia a la autoridad.
En la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) habían informado al día siguiente: “Ya está ordenada la soltura de los compañeros Martín Brunás, Samuel Robledo, Agustín Ricciardi y Lautaro Robledo. Todos detenidos ayer en la movilización contra el DNU de Milei y los protocolos de Bullrich. Agustín tuvo que ser operado anoche por la luxación de un hombro generada por los efectivos de la Policía de la Ciudad durante su detención. Esta es la aplicación del protocolo anti-protesta de Patricia Bullrich, en manos de la policía más letal del país”.
Además, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió “las agresiones sufridas por periodistas”: “Por la represión de la Policía de la Ciudad, varios colegas y trabajadores de prensa fueron agredidos y vieron afectada la cobertura de la manifestación. El cronista Alan Ferraro (TN) precisó que estando en vivo, él y el camarógrafo recibieron un bastonazo. El asistente de cámara, en tanto, fue agredido por una avanzada de Infantería, que le dio patadas y golpes de puño. En tanto, el colega Héber Ibáñez (Telefé) relató que con su equipo quedaron atrapados en medio de un cordón de policías y de agentes motorizados. También recibió un bastonazo en la espalda, lo que le hizo perder a su equipo de cámara y asistente. or otra parte, el cronista Manuel Jove (TN) quedó encerrado cuando cubría la detención de un manifestante y recibió un fuerte golpe del escudo policial. También estaba al aire. Los cronistas recibieron también ocasionales insultos de los manifestantes, disconformes con el medio para el que trabajaban. A un cronista de LN+ un manifestante le dio un codazo. FOPEA se solidariza con los colegas agredidos, repudia el accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad y exige a las autoridades que garanticen el trabajo periodístico y el derecho a informar. Funcionarios nacionales y de CABA tienen la responsabilidad de respetar las condiciones para el ejercicio profesional, más en un contexto de creciente tensión en las calles del país”.
De todos modos, el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff destacó que el operativo fue exitoso: “Quiero destacar el trabajo de todas las fuerzas de seguridad en todo el operativo del día de hoy para mantener el orden liberar el tránsito y reestablecer la circulación vehicular. Mi reconocimiento a su trabajo y deseo de pronta recuperación al oficial de la Policía de la Ciudad Piri quien sufrió un traumatismo de cráneo severo tras ser atropellado por un vehículo, mientras formaba un cordón para impedir que manifestantes cortasen la Av. Corrientes”.
De modo similar se expresó el jefe de Gobierno Jorge Macri: “Quiero felicitar el accionar de los efectivos de la Policía de la Ciudad por el éxito del operativo que permitió ordenar la manifestación en Plaza Lavalle, controlar que no se obstruyan las calles, despejar la Av. Corrientes, evitar las agresiones y desactivar rápidamente el intento posterior de corte en el Obelisco. Junto a las fuerzas federales, nuestra Policía demostró la firmeza y el compromiso de hacer cumplir la ley y garantizar la libertad de circular por la Ciudad. Que los manifestantes esperen para cruzar la calle el cambio de color de los semáforos, es un indicativo de que la cultura del orden que estamos impulsando es la que eligieron los porteños”.
“Con trabajo y con la convicción de que millones de argentinos quieren vivir con tranquilidad y en paz, vamos a seguir este camino de fortalecer el orden en el espacio público”, concluyó.
En este contexto, la legisladora Montenegro –quien estuvo presente en la marcha e intentó interceder en el operativo policial- presentó un pedido de informes.
“Cuál fue el protocolo para la concentración y para la desconcentración de la marcha. b. Determine la identidad y cantidad de los agentes que se encontraba a cargo de ese protocolo y el operativo de seguridad implementado; c. Informe la hora de desconcentración de la marcha masiva; d. Determine de quién fue la orden de continuar con la presencia policial una vez que se desconcentró la marcha; e. Determine si existió una modulación específica con la orden y/o autorización para reprimir a las personas que se estaban movilizando y transeúntes que se encontraban en el lugar. En caso afirmativo, remita copia de la misma en soporte informático”, son algunos de los puntos planteados.
“El interés y preocupación que genera la evidente vulneración de derechos de las personas víctimas de las detenciones, y con nuestro legítimo interés de que se preserve el derecho a manifestarse y expresarse, y en el libre ejercicio del derecho a la participación política en condiciones de seguridad, es que solicitamos al Poder Ejecutivo que remita información a esta Legislatura”, fundamentó.
Por otra parte, la legisladora porteña Alejandrina Barry (Frente de Izquierda) presentó un pedido para interpelar al ministro de Seguridad Waldo Wolff por lo ocurrido en la desconcentración de la marcha de la CGT.
“Presentamos un pedido de interpelación al Ministro de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff por el brutal operativo represivo, al finalizar la marcha de la CGT. Exigimos que dé explicaciones de la represión, detenciones arbitrarias y hasta golpes a periodistas inmediatamente”, indicó la representante.
“El operativo incluyó represión, detenciones ilegales de al menos 5 personas e incluso golpes e intimidaciones a trabajadores y trabajadoras de prensa que cubrían la manifestación. Diputados de la Ciudad nos acercamos a pedir explicaciones de este brutal accionar policial y la única respuesta fue que recibían órdenes sin deponer su actitud”, agregó.
Acusaron a una legisladora por presuntos dichos antisemitas
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió dichos de la legisladora porteña Graciana Peñafort (Unión por la Patria) por presuntos dichos antisemitas.
“la DAIA rechaza el mensaje publicado por la abogada en una red social banalizando la Shoá y vuelve a pedirle a la clase dirigente de nuestro país que evite seguir utilizando la persecución y aniquilación sistemática de seis millones de judíos por los nazis en el debate público y político que se da en democracia”, planteó la institución.
La legisladora había escrito en X (Twitter): “No es una ley ómnibus, es más bien una ley tren… a Auschwitz”.
Tras la acusación de la DAIA, Peñafort respondió: “No banalizo la Shoá en lo más mínimo. Con honestidad pienso que este gobierno es tan totalitario como aquel, que también llego al gobierno por vías democráticas que también construyo discursos de odio sobre los adversarios, a los que considero enemigos y que también pretendió quedarse con la suma del poder público”.
“Y que me acusen de algo así me ofende profundamente por una sencilla razón… me conocieron dando pelea por el honor y la inocencia de un miembro de su comunidad. Al que ustedes acusan – aun hoy- de traidor a la patria y yo seguí defendiendo aun después de muerto”, agregó.
“Los que banalizan la Shoá son ustedes, que pretenden usarla para pegarme Yo no queme sinagogas, como el procurador al que ustedes le aceptan las disculpas. Es lo que pienso con toda honestidad y pueden preguntar a muchas personas de su colectividad si alguna vez he sido irrespetuosa”, concluyó.
Se refiere al procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. Fue juez de la Corte Suprema de Justicia entre 1989 y 1993 y luego ministro de Justicia en la presidencia de Carlos Menem. Renunció a ese cargo tras haber sido acusado de haber pertenecido en su juventud a grupos nazis locales, algo reconocido por el propio funcionario, quien se mostró arrepentido. La DAIA había expresado sobre este asunto que el funcionario les pidió perdón “por sus horrorosas conductas y manifestaciones cuando era joven”.
“Es importante remarcar lo ocurrido, ya que estará a cargo del órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado y tendrá como un eje central la lucha contra el antisemitismo y la discriminación. En este sentido, la DAIA estará presente para asegurarse su apego a la ley y que esto se cumpla gobierne quien gobierne”, indicó la institución a comienzos de este mes.
Piden que el subsidio por el temporal incluya a personas jurídicas
La legisladora porteña Claudia Neira (Unión por la Patria) presentó un proyecto en el cual la Legislatura “solicita se incorpore al Régimen Especial de Subsidios para damnificados por la catástrofe meteorológica extraordinaria ocurrida el 17 de diciembre de 2023, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia 3/23, a todas aquellas personas jurídicas de bien público (asociaciones civiles, cooperativas, clubes Barriales, etc.) que se hayan visto afectadas por el temporal”.
“El pasado 17 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires, en otras regiones del país, se vio azotada por un temporal de carácter extraordinario que conllevó vientos de gran intensidad y que trajo como consecuencia daños materiales considerables en el territorio porteño. Este fenómeno meteorológico provocó la caída de ramas y árboles enteros sobre las calles así como sobre bienes muebles e inmuebles de patrimonio público y privado. En este contexto, diversas entidades civiles sin fines de lucro (asociaciones civiles, clubes, mutuales, entre otras) se vieron afectadas por el temporal. Caída de árboles dentro y fuera de sus establecimientos, voladura de techos, chapas y averías de distinta índole fueron algunas de las consecuencias que padecieron”, introduce el planteo.
“El carácter excepcional de este fenómeno meteorológico requiere que el Gobierno de la Ciudad ofrezca una respuesta inmediata a este tipo de entidades para afrontar los gastos necesarios para recuperar las instalaciones de sus espacios donde se llevan adelante prácticas sociales, recreativas y deportivas. El martes 19 de diciembre fue publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/23, a través del cual se crea un Régimen Especial de Subsidios para personas físicas que hayan sufrido pérdidas materiales en sus bienes durante este temporal. Una medida que resulta urgente y necesaria para paliar los destrozos provocados por este fenómeno meteorológico. Sin embargo, dicha medida excluye a otro sector de la población que también se vio afectado y que precisa de recursos para poder reparar sus establecimientos, frente a destrozos de tal magnitud”, agrega y fundamenta la problemática que se abre con este subsidio.
“Es por ello que el presente proyecto promueve la incorporación al Régimen Especial de Subsidios a aquellas instituciones que sin la asistencia del estado porteño quedarían en soledad y con escasos recursos para hacer frente a este suceso”, concluye la defensa del proyecto.
Informes por las licencias de conducir
La legisladora Graciela Ocaña (Vamos por Más) presentó un pedido de informes sobre el otorgamiento de licencias de conducir y la fiscalización de las mismas.
“Atento a la preocupación de los vecinos y vecinas de la Ciudad por la situación que están atravesando quienes quieren renovar u obtener su licencia de conducir, es que realizo este pedido de informe. El faltante de plásticos y tinta para la producción de licencias de conducir afecta directamente la capacidad de los ciudadanos para obtener o renovar sus documentos, lo cual impacta negativamente en la gestión de la movilidad y el cumplimiento de las normativas de tránsito”, fundamento la representante local.
“Si bien la falta de suministros necesarios para la emisión de licencias, la cual genera inconvenientes significativos para los conductores, deriva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), es esencial obtener claridad sobre las razones detrás de este faltante y comprender qué acciones están tomando para resolver la situación. Los ciudadanos de la Ciudad tienen derecho a recibir información transparente y actualizada sobre la situación, así como conocer las medidas tomadas para mitigar el impacto en realización del trámite”, agregó.
“Dada la importancia legal y para la Seguridad Vial de poseer una licencia de conducir válida, es fundamental conocer si se han extendido los plazos de vencimiento de las licencias existentes mientras persiste el faltante, así como cualquier medida temporal para garantizar la legalidad de la circulación”, finalizó.
Constitución: impulsan nuevo nombre a estación de subte
El legislador porteño Juan Pablo O´Dezaille (UP) presentó un proyecto de Ley para modificar la actual denominación de la estación de subterráneo de la Línea E “San José” por la de “Facultad de Ciencias Sociales”, en el barrio de Constitución.
“Mediante el presente proyecto se propone cambiar el nombre de la estación “San José” por el de “Facultad de Ciencias Sociales” dándole reconocimiento a la centralidad territorial, social y demográfica, que ha tenido esta institución en los procesos de dinamización y vitalización, tanto del barrio de Constitución, como de la zona sur de la ciudad”, explicó el legislador.
A su vez, el proyecto contribuye a la visibilización de la importancia que poseen las Facultades de la UBA en el tejido urbano, ya manifiesta en otras estaciones de subterráneo, tales como “Facultad de Medicina” y “Facultad de Derecho”, agregó.
La cercanía con la Estación San José es fundamental para garantizar la accesibilidad a la Facultad a gran parte de esa diversidad poblacional, que arriba desde distintos sectores de la Ciudad y el Conurbano Bonaerense. Asimismo, representa un facilitador para el acceso a la educación universitaria de un estudiantado que se caracteriza por tener un amplio porcentaje de trabajadores y trabajadoras, madres y padres, planteó.
“La ubicación de la Facultad de Ciencias Sociales, manifiesta el interés de la UBA en tener presencia en el sur de la Ciudad, decisión que ha contribuido ampliamente en el desarrollo edilicio, comercial y urbano del barrio, impactando positivamente en su población tradicional, así como también, potenciado la llegada de nuevos residentes a Constitución. De esta manera, la Facultad, ha aportado significativamente en la vida cotidiana de la zona y sus habitantes, brindando con su presencia, un impacto directo e indirecto, tendiente a impulsar procesos de movilidad económica, social y cultural a nivel territorial”, concluye la defensa de esta propuesta de Ley.
Bolsones durante las vacaciones
La legisladora porteña Alejandrina Barry (Frente de Izquierda) presentó un proyecto de Ley que pide por “la ampliación en el servicio del Programa de Alimentación Escolar con la entrega de canastas/bolsones de alimentos durante las vacaciones a todas las familias de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos: inicial, primaria, secundaria, especial dentro de la Ley 3750 de Alimentación Saludable de niños, niñas y adolescentes en edad escolar”.
“Establécese que el Programa de Alimentación Escolar será universal, otorgando en forma inmediata a todo estudiante que lo solicite, a simple requerimiento y sin requisito, procedimiento o formalidad alguna durante los meses de vacaciones”, agrega su propuesta.
A la hora de fundamentar, la representante incluyó estas cifras: “Presentamos este proyecto junto a familias y docentes de las escuelas públicas de la Ciudad ante la grave situación económica y social que estamos viviendo. Se nos acercan las y los docentes para dar cuenta de lo que viven todos los días en las escuelas cuando reciben a sus alumnas y alumnos con hambre. La inflación acumulada en lo que va del año es de 170 % y en los últimos doce meses la suba de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 158,8 % mientras que siguen hundiéndose los ingresos del pueblo trabajador y especialmente de los sectores más populares. Según la página oficial de Estadísticas y Censos del GCBA se destaca que el 39,6 % de los niños, niñas y adolescentes (0 – 17 años) residen en hogares en condición de pobreza, son 271.500 personas en ese grupo de edad. Aumentó casi 1 punto desde el año pasado. A su vez, en lo que va de diciembre la remarcación de precios es de más de un 100 % en los alimentos mientras los salarios de las familias están congelados. No son simples números, no podemos obviar ni naturalizar esta situación al tratarse de un derecho tan básico. Para nosotras y nosotros es un tema central. En el 2020 la justicia falló a favor del amparo que presentamos con Myriam Bregman junto a cooperadoras, familias y docentes, exigiendo comida saludable para las y los estudiantes de la escuela pública. Y volvemos a exigir que se sirva comida de calidad. Ante la terrible situación que viven todos los días las niñas, niños y adolescentes, el Gobierno debe garantizar una alimentación saludable, respetando edades y nutrientes necesarios durante todo el año por lo que es una necesidad y un derecho garantizar la entrega de canastas con alimentos durante las vacaciones”.
“El presente proyecto busca ampliar el servicio que brinda el Programa de Alimentación en la escuela en los meses de vacaciones garantizando la comida para todos los alumnos y alumnas cuyas familias así lo requieran en sus respectivas escuelas. La entrega de una Canasta Escolar Nutritiva que incluya 1 litro de leche por día para garantizar a las alumnas y alumnos los servicios alimentarios que consumen en la escuela, dando cumplimiento a la Ley de Alimentación Saludable cada 7 días, arbitrando los medios para las entregas junto con los Concesionarios de los comedores escolares y personal que ellos aporten. Quedan exceptuados los equipos docentes que están gozando del receso vacacional”, concluyó.
Juan Castro
Imagen: “Manifestación” de Anotnio Berni