Venta callejera en Once

Un megaoperativo policial para inaugurar el 2023 renovó el debate por la presencia de los manteros en la vía pública del área comercial de Balvanera.
“Ocupan las veredas todo el día, dejan suciedad, son violentos cuando les decís que así no se puede caminar por la vereda, venden ropa hecha en talleres clandestinos”, denuncia un grupo de residentes de Once. “Nos discriminan por nuestro origen y nuestro estrato social, los vecinos nos agreden por estar en la calle trabajando, solo queremos trabajar y garantizar el sustento para nuestras familias, nos roban la mercadería en operativos policiales poco claros”, se defienden los vendedores callejeros.
Argumentos más, argumentos menos, este tipo de cuestionamientos vienen de larga data. Esta vez, solo volvieron a tomar visibilidad ante dos hechos que marcaron el fin del 2022 y el inicio de este año: a fines de diciembre se volvió viral en redes sociales el video de una mujer que en Perón al 2700 tiró la mercadería de unos manteros, cansada de ver la vereda ocupada (hay acusaciones cruzadas entre su familia y los vendedores callejeros por supuestas agresiones entre partes); a los pocos días, el primer lunes de enero, la policía valló medio Once y secuestró más de 400 bultos de mercadería en galerías y depósitos. Es la ropa que se vende en la calle.
En el verano de 2017, pleno debut de la Policía de la Ciudad, hubo un despliegue de uniformados de similares magnitudes: se desalojó a los manteros que tenían carpas y puestos las 24 horas del día en la mayor parte de la vía pública de Once. Más de un lustro después, los debates sobre la convivencia son los mismos.
En la vía judicial la pista de cada hecho se pierde en contravenciones menores o causas por la Ley de marcas (remeras con logos adulterados, por ejemplo). Por la vía política, el Gobierno porteño dispuso galpones públicos para que los manteros se reubiquen, pero esto nunca terminó de calar porque quienes hicieron la mudanza aseguran que tienen pocas ventas, arriesgándose a volver a las veredas. Hubo sucesivos diálogos para crear más paseos feriales, pero nunca terminaron de tomar forma.
Para los residentes, los operativos policiales son insuficientes, inconstantes y no ayudan a ordenar el espacio público en la zona. Para los manteros, son excesivos, violentos y racistas.
Ante el panorama de iniciar el año con medio Once vallado, los manteros denunciaron que el operativo en realidad fue un “robo” de su mercadería, según denunció la secretaria general de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), Luzmery Villanueva. La entidad integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“La Justicia porteña y las fuerzas de seguridad del Gobierno de la CABA, están una vez más, robando la mercadería a los trabajadores de la Economía Popular, mercadería que compramos en los mismos comercios de Once, esos comercios a los que, dicen mintiendo, supuestamente perjudicamos”, dijo a Télam la referente.
“No es otra cosa que un secuestro, pero sobre todo robo de mercaderías a los vendedores ambulantes de Once, mercaderías que tras su venta, damos de comer a nuestras familias”, sumó.
Los manteros de Once exigen la sanción de la llama Ley Beatriz, en recuerdo de una vendedora ambulante que murió atropellada en 2020 sobre avenida Pueyrredón cuando escapaba de un operativo policial.
El objetivo de la norma, explicó la secretaria general, es la regularización de los vendedores callejeros y también que sean reubicados en zonas de alto flujo comercial. Todo esto pagando un canon correspondiente.
“Pedimos que se regularice nuestra ley para que se termine este hostigamiento contra los vendedores callejeros”, afirmó.
En tanto, en Once existe la agrupación Buenos vecinos BA que investiga y denuncia hechos de narcomenudeo, uso indebido del espacio público y otros delitos y contravenciones.
En cuanto a los manteros, hablan de “uso indebido del espacio público y venta ilegal de mercadería en diez manzanas del barrio de Balvanera”: “Los Buenos Vecinos BA venimos desde hace casi tres años denunciando los delitos y contravenciones que se producen en nuestras veredas y todas las situaciones de enorme estrés e inseguridad que padecemos vecinos y comerciantes a causa de esto. Somos querellantes en varias causas y víctimas de causas de amenaza de muertes. Nuestra responsable hace un año que tiene botón antipánico y consigna policial ordenada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad”.
“Los vecinos de Buenos Vecinos BA somos los únicos que intentamos hacer visible los padecimientos que sufrimos los contribuyentes sin poder salir de nuestras casas, en muchos casos, porque somos agredidos y lastimados. La impunidad de que se valen los responsables de la organización ilícita con tintes mafiosos que maneja la calle en nuestro barrio es indignante. Queremos dejar claro que nosotros defendemos los derechos humanos de toda la población de la ciudad y que estamos convencidos que los manteros son víctimas de la mafia que se apoderó de las veredas y que distribuye mercadería manchada con sangre”, planteó según su perspectiva.
“Hay millones de pesos en este negocio ilegal que comercializa mercadería que viene de talleres textiles esclavos, contrabando, piratas del asfalto y contrabando. Los Buenos Vecinos responsabilizamos al Jefe de Gobierno de la Ciudad y al Ministerio Público Fiscal por este desastre en que estamos viviendo los contribuyentes, encerrados y amenazados en nuestras casas. Les exigimos que velen por la seguridad de cada uno de los vecinos y comerciantes. Le exigimos la inmediata liberación del espacio público y una profunda investigación para encontrar y juzgar a los responsables entre los que, seguramente, hay funcionarios del Gobierno”, concluyó la agrupación.
Si bien parece que ambos sectores son grupos antagonistas que se disputan la razón en este asunto, lo cierto es que detrás de ambas posturas hay cientos de personas que quieren una vida sin este tipo de problemáticas, debates y conflictos de nunca acabar. Hasta el momento, no ha habido una respuesta contundente desde lo judicial, legislativo o ejecutivo, salvo hechos aislados como operativos policiales por un lado y protestas por el otro. Es una situación que desgasta a las personas en una especie de rotonda infinita con argumentos ya escuchados una y otra vez.

J.M.C.