La Corte Suprema de Justicia se ve envuelta en un proceso político
Los 14 pedidos de destitución serán sometidos a análisis por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sin importar que sean desistidos por el denunciante. Existen diversos puntos de contacto entre las acusaciones, dentro de las cuales destaca el “mal desempeño” de la Corte. Desde la oposición se aduce que no es legítimo utilizar antiguas sentencias como motivo para la destitución. Hay además numerosas cuestiones a tratar que se desprenden de las denuncias.
La controversial impresión del 2×1
Debido al fallo a favor del represor Luis Muiña existen solicitudes de destitución en contra de Rosenkrantz, quien orquestó junto con Rosatti y la exjueza Highton esta decisión. El antiguo represor contaba con dos condenas por secuestros y torturas, entre otras cosas, en el centro clandestino de detención que operaba en el Hospital Posadas. Mediante esta toma de posición, que invocaba una ley derogada en 2001, se abría el camino a la libertad a otros genocidas. Fue esto lo que desembocó en una masiva movilización ciudadana en contra de dicha resolución.
Por otra parte, se atentaba en contra de una política aceptada por la misma Corte Suprema de hacer cumplir acuerdos internacionales y constitucionales de sancionar a aquellos culpables de crímenes dictatoriales. Esto se ve remarcado en las solicitudes de remoción de la diputada Vanesa Siley y de otros 14 diputados y diputadas del oficialismo. Dentro de este mismo hilo se encuentran otros asuntos como el cuestionamiento a la paralización de la Comisión Interpoderes, en la que se detuvieron las convocatorias a organismos de derechos humanos. Por último, Patricia Isasa denunció a Rosatti por el encubrimiento de Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, otro represor de la dictadura.
La composición del Consejo de la Magistratura
Aparece mencionado el fallo que declara inconstitucional a la composición del Consejo de la Magistratura que se encontraba vigente desde hace 15 años por lo menos en tres de las denuncias. Juliana Di Tulio, senadora de FDT acusa por “inmoralidad” e “incumplimiento de deberes” a tal decisión sostenida por la Corte, que prácticamente se atribuyó a si misma funciones legislativas y opera en contra de lo establecido en la Constitución. En consecuencia al fallo, se produjo la paralización del Consejo, con la participación activa de la Corte Suprema para impedir la asunción de consejeros: todo ello con motivo de mantener a jueces nombrados “a dedo” durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Antiguos Clientes de Rosenkrantz
A raíz de esto surge el problema relacionado a Rosenkrantz, quien ha firmado fallos en los que eran partícipes viejos clientes. Sobre ello se han realizado denuncias a 25 casos por la Asociación de Juristas. Tres de ellas tienen implicada a Supercanal, diez a YPF, dos a AMX (propiedad de Claro) y a pan American Energy, cinco a Supermercado Día, una al Grupo América, a la Clínica Estrada y a Piero.
“Errores de cálculo” en el Federalismo y chats
El Frente de Todos exige la destitución de los cuatro miembros de la Corte Suprema en base a la medida cautelar que favorece a Horacio Rodríguez Larreta mediante el pago del 2,95% de fondos coparticipables dirigidos al traspaso policial sin que haya justificación para tal cálculo. El problema es que, nuevamente, los jueces están arrogándose facultades legislativas. Según Di Tulio, de esta forma se viola el artículo 1 de la Constitución Nacional que establece el federalismo. En relación a este problema se encuentra el contenido de los chats revelados en numerosos medios que muestran conversaciones entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, dentro de los cuales se trata la causa mencionada.
Justicia y Salud
Dentro de la Obra Social del Poder de la Justicia se han realizado numerosos pedidos de juicio en base a “incumplimientos y desmanejos” relativos a la utilización del presupuesto (gastos y contrataciones) que fueron revelados por la Comisión de Auditoría a partir del 2008, y en las que se encuentran manchados todos los miembros de la Corte.
Denuncias contra Lorenzetti
El Juez lleva en su mochila varios pedidos de enjuiciamiento anteriores a nombre de miembros de la Coalición Cívica como Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto. Dentro de las denuncias se fijan 29 hechos por los que se le acusa de falta de transparencia durante su gestión de once años en el tribunal, como también el uso cuestionable de bienes confiscados a través de causas penales. Se pueden mencionar además negocios privados que atentan contra su función como juez, operaciones financieras dudosas, incumplimientos de la Ley de Ética, el manejo del fondo anticíclico de la Corte…
¿Una AFI paralela? ¿Filtraciones? ¿Dónde?
Existen denuncias referidas a la práctica de espionaje ilegal, algo que la Coalición Cívica le atribuye a Lorenzetti mediante la creación de una agencia de inteligencia paralela a la oficial, que estaría capacitada para realizar operaciones sobre político, funcionarios, etc…