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Detuvieron la construcción de un edificio de viviendas porque el socialismo reclama la titularidad
Un grupo de propietarios que compró viviendas en pozo reclama que está frenada hace más de un año la construcción de un edificio de departamentos en Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, en Saavedra al límite con Núñez.
Se trata del desarrollo inmobiliario llamado Larralde Leaves: tiene 16 pisos y amenities. Sus 45 propietarios y cinco inversionistas ya pagaron la totalidad de los 55 departamentos.
Según reconstruyeron, la desarrolladora CM Emprendimientos le compró el terreno a la Sociedad Anónima Editora La Vanguardia. “Compramos el terreno de buena fe. Un escribano hizo un estudio de título y comprobó la legitimidad de este lote en manos de esta sociedad”, sostiene ante Clarín el arquitecto Néstor Curland, quien junto a su colega Héctor Mazza lleva adelante la empresa.
En 2013 se empezó a construir el inmueble, pero el Partido Socialista (PS) reclamó la titularidad del mismo y en 2018 elevó una acción de amparo ante la Justicia, la cual estableció que la desarrolladora no podía disponer del terreno hasta que no se resuelva la cuestión legal de fondo. Esta situación le impide a los propietarios acceder a sus viviendas.
En el comunicado de La Vanguardia, sus integrantes dicen que accedieron a gestiones con la constructora y “una facción política que reclama la representación de un nuevo Partido Socialista”, pero que el partido, “luego de expresar su aceptación al acuerdo, no concurrió a su suscripción efectiva”.
En respuesta a estos dichos, el apoderado del Partido Socialista, Aldo Gallotti, niega tal aceptación y expresa: “Se trata de una usurpación de propiedades históricas del Partido Socialista, perpetrada por un grupo de individuos que ya hace años no están más en el Partido ni responden a su directiva. Aprovechando su posición de control de la Sociedad Anónima La Vanguardia, han ofrecido y otorgado en permuta dichos terrenos para construir distintos emprendimientos, ajenos a la actividad partidaria. Todo ello a sabiendas que esos terrenos, lotes y casas son propiedades históricas del Partido Socialista”.
Desde 2018 los trabajos en la obra se redujeron hasta suspenderse en 2020, al inicio de la pandemia.
Ahora, los propietarios afirman que la desarrolladora gastó todo el dinero que le entregaron. Por eso evalúan alternativas para acceder a sus viviendas. Una de ellas es armar un fideicomiso para terminarlo. Si bien implica que cada propietario abone un extra de entre U$S8.000 y U$S20.000, están dispuestos a hacerlo para que esto se termine.
Por caso, Camila y su novio compraron un departamento de dos ambientes y desde hace tres años están a la espera: “Podemos perder tiempo haciendo juicios pero, si no está la plata, la única forma es que la constructora libere el edificio para que nosotros podamos terminarlo. Da impotencia, pero es la única solución que vemos”.
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