Por orden judicial fueron liberados los detenidos durante la represión en la marcha de los jubilados
La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, ordenó durante la noche del miércoles la inmediata liberación de las personas detenidas durante la brutal represión de las Fuerzas de Seguridad nacionales a la manifestación en los alrededores del Congreso Nacional.
La represión por parte de las fuerzas de seguridad a jubilados e hinchas que protestaban en las inmediaciones del Congreso contra el ajuste del gobierno de Javier Milei dejó un saldo de 124 detenidos y otros tantos aprehendidos por la Policía Federal.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó el operativo antipiquetes con cerca de mil efectivos de distintas fuerzas federales fuertemente equipados. También movilizaron camiones hidrantes y a la policía motorizada.
Personas no identificadas prendieron fuego un patrullero de la Ciudad sin ocupantes y estacionado con la puerta del acompañante completamente abierta, en un hecho que remite al incendio intencional de un móvil de Cadena 3 en la protesta frente al Congreso de 9 meses atrás perpetrado por cuatro individuos, sin que se los detuviera por las fuerzas de Seguridad ni se investigara posteriormente el hecho.
También se incendiaron un gran número de contenedores de basura y una moto de la policía porteña.
Los enfrentamientos dejaron 124 personas detenidas, entre ellos el secretario general de ATE-CABA, Daniel Catalano, y 20 heridos, uno de ellos hospitalizado en grave estado. Se trata de Pablo Grillo quien se encontraba registrando la violencia contra la gente mayor, y quedó tendido en el suelo luego del disparo de un cartucho de gas de la Policía que impacto en su cabeza mientras fotografiaba en cuclillas una valla incendiada. Fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Ramos Mejía por fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Tras la cirugía, permanece con pronóstico reservado.
Ente las víctimas hubo una jubilada que terminó con contusión en la cabeza por un palazo de agente de policía, siendo asistida en el lugar del hecho.
“Respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, señala Andrade en su resolución, en la que advierte que los adultos mayores son parte de los “sectores más vulnerables de nuestra Nación” y que están “protegidos convencionalmente”.
“Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”, explica la jueza y expresa que se dispone “la inmediata soltura de los detenidos”.
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