Un fallo de la Justicia federal frena el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, Santiago Carrillo, hizo lugar al pedido de una medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que reclamó la suspensión de la puesta en marcha del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, recientemente aprobado por la Legislatura porteña.
“Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, suspender preventivamente los efectos de la ley 6789 en cuanto habilita la implementación del fuero del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La suspensión dispuesta tendrá vigencia hasta tanto se dicte sentencia dirimiendo la cuestión de fondo referida a la constitucionalidad de las leyes impugnadas; o bien, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concreten los acuerdos institucionales requeridos por la ley 24.588 y la cláusula transitoria 13ª de la Constitución CABA para la habilitación de órganos judiciales locales con competencia en materia laboral”, señala la Resolución judicial.
“Hacer saber a la parte actora que deberá interponer demanda dentro de los diez (10) días subsiguientes a la traba de la presente medida, de conformidad con lo dispuesto por art. 8, ley 26.854. Regístrese y notifíquese por Secretaría a las partes y al Sr. Fiscal Federal; comuníquese mediante correo electrónico al Juzgado CAyT Nº 14 a fin de poner en su conocimiento lo aquí resuelto y formado que sea el incidente ordenado, eléveselo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agrega.
La asociación de Magistrados consideró que la creación del fuero laboral porteño y el Código Procesal para la Justicia del Trabajo en CABA “lesionan los arts. 75, inc. 12 y 117 de la CN, así como los arts. 1 y 32 de la ley 1285/58, la ley 18.345 y lo dispuesto por el art. 8 de la ley 24.588”.
“La normativa sancionada por la Legislatura de la CABA agrede al servicio de justicia, en particular al privar a la Justicia Nacional del Trabajo de la competencia y jurisdicción que le ha sido otorgada por la ley nacional”, plantearon.
En el proceso judicial, el GCBA expresó que “las normas locales establecen un criterio subjetivo de atribución de competencia, basado en la presencia en juicio de cualquier autoridad administrativa de la ciudad sin importar su fundamento u origen”.
“A través de la reforma constitucional se le reconoció plena autonomía a la ciudad y que a través del art. 129 CN se estableció que tendría un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”, defendió el Gobierno porteño, según figura en la sentencia.
En el fallo, el magistrado argumentó: “En virtud de lo dispuesto por los arts. 6 y 8 de la ley 24.588 —reglamentaria del art. 129 CN (cfr. Fallos 329:5438)— la legislatura porteña luce impedida de modificar unilateralmente la situación excepcional y transitoria de la administración de justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en tanto sea asiento de la Capital de la República y en todo aquello que no resulte conferido expresamente por dicha ley reglamentaria. Por lo tanto, a fin de poner en funcionamiento la justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires debía promover y alcanzar los acuerdos necesarios con el Estado Nacional, formalizando los respectivos convenios para una transferencia racional de competencias; tal como ocurrió con aquellas logradas a partir de la celebración de los convenios aprobados por las leyes 25.752, 26.357 y 26.702 y las leyes locales 597, 2257 y 5935. (Respecto de este punto debe ponerse de resalto que la CABA, a través de la ley 5569, creó la Comisión de Transferencias del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de proponer reformas normativas que resulten necesarias y elaborar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar la transferencia de competencias)”.
“En suma, prima facie valorado, el retardo en conseguir los acuerdos políticos necesarios para la transferencia de competencias jurisdiccionales, no autorizaba al gobierno local a sancionar leyes que implican un rediseño institucional de la a dministración de justicia de forma unilateral (cfr. art. 8, ley 24.588 y cl. trans. 13ª, Const. CABA; en igual sentido lo expresado por el juez Rosenkratntz en su disidencia de Fallos 347:2286, considerandos 4° y 5°”, agregó.
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