Polémica con el nuevo reglamento escolar porteño
El legislador porteño Gabriel Solano (Frente de Izquierda) presentó un proyecto de Ley para anular una serie de puntos del nuevo reglamento escolar de la Ciudad de Buenos Aires, el cual impide a trabajadores de la educación pronunciarse sobre temas sensibles. También piden la intervención de especialistas si un estudiante lo hace. Mercedes Trimarchi (FIT) presentó un proyecto de declaración para repudiar esta medida del Ministerio de Educación porteño.
“Déjese sin efecto la resolución 2796/24 del Ministerio de Educación de la Ciudad por el cual se modifica el Reglamento Escolar, que en los puntos 3 y 4 del Artículo 75 del Capítulo VII, establece la prohibición y censura de los docentes, nodocentes de las escuelas a poder expresar opiniones relativas a la “religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”, y deberán también informar “en caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante”, como también se afecta el derecho a huelga y protesta el cual puede quedar “bajo apercibimiento de ser pasibles de sanciones disciplinarias””, plantea el artículo primero del proyecto de Solano.
“La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su más enérgico rechazo y repudio a la compulsiva modificación del Reglamento Escolar sancionado mediante la resolución 2796/2024 que atenta contra derechos elementales de los estudiantes, docentes y no docentes de las instituciones escolares de CABA. En la actual modificación vigente se establece en su artículo 75 una serie de prohibiciones que manifiesta una intensa expresión autoritaria y represiva por parte del Ministerio de Educación a cargo de la señora Mercedes Miguel y del Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. De la misma surge una clara y evidente persecución a las manifestaciones de los estudiantes, docentes y no docentes en aspectos que estén vinculados a la religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”, indica el proyecto de Trimarchi.
La fundamentación del proyecto de Solano afirma que “la modificación del reglamento escolar que recuerda a las peores épocas de la historia Argentina en las que se censuraba la libre opinión a los estudiantes y docentes. En esta modificación se les prohíbe a los docentes y no-docentes de las escuelas expresar opiniones relativas a la “religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”, a la vez que deben informar “en caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante””.
“No es para nada casual que hace poco tiempo el gobierno, junto con otras fuerzas políticas, hayan impulsado la llamada ley de “educación emocional”, una política que también promueve el oficialismo libertario a nivel nacional y que es apoyada integralmente por el clero. La misma busca desplazar a la ESI promoviendo el disciplinamiento y adoctrinamiento de los estudiantes, enfocado en la autorregulación y el control individual de las emociones, sin importar las condiciones de su entorno. La enorme mayoría de los especialistas que disertaron en las audiencias previas alertaron sobre una situación que terminó comprobándose: la aprobación de esta nueva legislación es contraria al ejercicio pleno del derecho de la enseñanza de la ESI”, agregó el texto parlamentario.
“Los comentarios del presidente en el foro de Davos contra el colectivo LGTBI+ y las mujeres tienen su continuidad en estas medidas concretas. La masiva movilización producida el sábado 1 de febrero es una clara demostración del rechazo popular a estas políticas persecutorias y de censura. La legislatura tiene la responsabilidad de dejar sin efecto esta resolución que de manera unilateral busca imponer la censura de las infancias, adolescentes, docentes y comunidad educativa, atacando los derechos a la libre opinión y protesta”, finalizó el proyecto de Solano.
Juan Castro