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El futuro de Devoto en juego

Al cierre de esta edición se estaba votando en la Legislatura porteña la aprobación del nuevo Código Urbanístico • ¿Cómo afectará a Villa Devoto?

Como forma de comenzar a resolver el debate y la tensión entre el desarrollo inmobiliario y las agrupaciones vecinales defensoras de la preservación de las identidades barriales y sus construcciones patrimoniales, que se generó tras la sanción del Código Urbanístico (CUR) durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en 2018, el actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, propuso que este año se realice una revisión y modificación de esa norma.

“Nos guía un objetivo claro: respetar la identidad de cada barrio. No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos sólo en avenidas con la infraestructura adecuada”, dijo el jefe de Gobierno en una nota enviada a la Legislatura

En Devoto se reducirán las alturas permitidas en zonas residenciales, se pidió ampliar el Área de Protección Histórica (APH36), e incorporar unas 60 propiedades al catálogo definitivo de protección patrimonial.

Los aspectos cruciales de esta modificación para Devoto serán la reducción de las alturas permitidas en zonas residenciales, la ampliación del Área de Protección Histórica (APH36) y sus zonas de amortiguación, y la incorporación de unas 60 propiedades de la zona al catálogo de protección patrimonial definitivo.

EL DEVENIR DEL CUR

El Código Urbanístico  (CUR) es la normativa que regula el desarrollo y crecimiento de una ciudad, estableciendo reglas para la construcción y usos del suelo. Define los usos comerciales permitidos para cada zona y las obligaciones de los constructores, lo que define la altura, la profundidad, y condiciones determinantes para llevar adelante un desarrollo constructivo.

La reforma sobre la normativa urbana fue enviada a fines de julio a la Legislatura y llegó al recinto el 26 de septiembre. Es importante aclarar que esa norma exige un tratamiento en primera lectura y su consiguiente votación. Luego un tratamiento en audiencia pública, donde la ciudadanía puede manifestarse sobre el proyecto, y una segunda lectura en recinto donde los diputados deben votar por su sanción definitiva y completar el procedimiento de “doble lectura”.

En primera lectura el texto obtuvo 32 votos positivos –necesitaba 31– de Vamos por Más (que reúne al PRO y la Coalición Cívica) junto a las bancadas aliadas de la UCR, Confianza Pública, el socialismo, Republicanos Unidos y una facción libertaria.

El segundo paso de la ley fue la realización de la audiencia pública no vinculante que comenzó el 6 de noviembre, tuvo 1700 inscriptos y se extendió por 8 días. Allí, la ciudadanía pudo manifestar sus posturas, opiniones y objeciones al proyecto (ver Audiencia Pública).

Al cierre de esta edición, jueves 12 de diciembre, se definirá en una sesión maratónica en la Legislatura, la segunda lectura de esta adecuación normativa que no ha dejado a nadie conforme fundamentalmente por la falta de reuniones participativas para trabajar en detalle esta adecuación a nivel territorial y manzana por manzana.

audiencia pública

¿Simulacro de participación?

Las recientes audiencias públicas sobre la modificación del CUR revelaron graves falencias en el fomento de la participación ciudadana. Aunque más de 1700 personas se inscribieron, solo un promedio de 45 vecinos expusieron sus inquietudes en cada sesión, lo que representa un alarmante 80% de ausentismo. A pesar de poder participar de manera virtual, muchos expresaron que el horario elegido limitó su asistencia. Los reclamos de los vecinos fueron claros: estos temas deberían tratarse en sucesivas mesas interdisciplinarias organizadas en cada Comuna. Sin embargo, sienten que fueron ignorados, ya que estas audiencias fueron meras consultas sin carácter vinculante. Para muchos asistentes esto fue un simulacro de participación ciudadana. Es necesario un verdadero proceso participativo, escuchando argumentos y necesidades de todos los sectores, para asegurar que cualquier cambio urbanístico beneficie a toda la comunidad.