La Legislatura exige el pago de la coparticipación
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una declaración de “preocupación por la demora en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) respecto a la devolución de los fondos coparticipables”.
El Frente Liberal Republicano y Vamos por Más habían presentado sendas propuestas declarativas.
En resumen, en 2020 el Gobierno nacional a cargo de Alberto Fernández redujo los fondos coparticipables que recibe CABA del 3,5% al 1,4% (la cifra previa al traspaso de los fondos para seguridad durante la época de Mauricio Macri presidente). En 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo ante una cautelar impulsada por el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que estableció que la CABA debe recibir el 2,95%. El Gobierno del Frente de Todos nunca lo cumplió y la gestión libertaria se comprometió a iniciar los pagos el 1 de agosto.
La gestión de Jorge Macri agradece el esfuerzo de la administración de Javier Milei, pero pide que no sean pagos “discrecionales” y que se cumpla con el monto planteado por la Corte.
En este contexto, el proyecto propuesto por el FLR, con firma de Pablo Donati, exponía: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su profunda preocupación ante el persistente incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional respecto de lo acordado con el Jefe de Gobierno de la Ciudad en función de lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación en materia de fondos coparticipables correspondientes a esta jurisdicción. Asimismo, insta a las autoridades federales a honrar la palabra empeñada y acatar con verdadero espíritu republicano la decisión de la C.S.J.N, poniendo fin a esta controversia que afecta profundamente los derechos y el bienestar de nuestra Ciudad”.
La del oficialismo Vamos por más postula: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza el agravio sistemático a los vecinos de esta Ciudad que se ven afectados por el nuevo incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional sobre el último acuerdo arribado a los efectos de cumplir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos” (Expte. 1865/2020) que manda a otorgar el 2,95% de la masa de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires; y por el anuncio de recorte intempestivo de subsidios al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano en el AMBA. Esto supone un nuevo peso en las arcas de la Ciudad para afrontar gastos sin contar con los recursos que le corresponden por ley”.
La aprobación de esta Declaración ocurrió a horas de la fallida audiencia entre representantes del Gobierno porteño y del nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ante Alejandro Rodríguez, secretario encargado de juicios originarios, se hicieron presentes el jefe de Gobierno Jorge Macri; el procurador general de la CABA, Martín Ocampo; el abogado porteño Antonio María Hernández; el secretario de Hacienda de la Nación; Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José María García Hamilton; la subsecretaria de coordinación fiscal provincial, Valeria Sánchez; y el subsecretario Legal, Alejandro Speroni.
Ambas administraciones no llegaron a un acuerdo porque la CABA pide transferencias diarias por “goteo” con el guarismo que estableció el fallo de la CSJN. Nación desde el 1 de agosto hace depósitos semanales en forma discrecional.
Ahora, la Ciudad y Nación tienen 10 días para enviar sendos escritos a la Corte exponiendo sus argumentos.
Juan Castro